Regulaciones especiales de control y seguridad rigen para Guayaquil, Durán y Samborondón, localidades que conforman la Zona 8, jurisdicción que hasta la mañana de este lunes, 15 agosto, registró 866 asesinatos, en un escenario de violencia recrudecida: ataques con fusiles y uso de explosivos de alto impacto.

La medida vigente desde este domingo está contemplada en el Decreto Ejecutivo 527, suscrito por el presidente Guillermo Lasso horas después de un atentado en la Décima y la H, suroeste de Guayaquil, donde una explosión de gran magnitud provocó cinco muertes,17 heridos y causó daños en ocho casas y dos automotores.

Violencia a otro nivel: casi el 50 % de los atentados con artefactos explosivos se han reportado en Guayaquil en lo que va del 2022

El Ministerio del Interior atribuyó este ataque a “mercenarios del crimen organizado”. Y advirtió de que si no hay unidad en el país, el precio sería aún más alto para la sociedad, pues atentados como el del domingo configuran una declaratoria de guerra al Estado.

Patricio Carrillo, principal de esta cartera, ha calificado los ataques con explosivos como “actos de terrorismo menor”.

Publicidad

Durante el año, en el territorio nacional se han producido 145 atentados con artefactos explosivos, de los cuales 72, es decir el 49,7 %, corresponden a Guayaquil, según datos oficiales.

Al sector conocido como Calle 8, donde una gran explosión provocó cinco muertes, llegaron los cuerpos de las víctimas mortales para ser velados. Foto: El Universo

De estos ataques, en cinco ocasiones se usaron vehículos con explosivos. En estos hechos se emplearon dinamita, explosivos caseros, emulnor, granadas y pentolita.

Aunque el más reciente atentado, el del Cristo del Consuelo, según el Gobierno, estaba dirigido a alias Cucaracha, uno de los moradores de la Décima y la H, dueño de una de las casas que acogen fiestas clandestinas conocidas como bailaderos, acabó con la vida de personas ajenas a este blanco.

¿Cómo abordar la inseguridad marcada por ataques de violencia extrema?

Alexandra Zumárraga, exdirectora de rehabilitación social, sostiene que el estado de excepción ayuda únicamente a movilizar a las Fuerzas Armadas y a crear una Fuerza de Tarea Conjunta con la Policía en labores investigativas. En este nuevo régimen no hay toque de queda.

Publicidad

Considera la declaratoria como una “medida de parche” y “mediática” para tranquilizar a la población “y decir bueno, ya investigamos. Y dan nombres y dicen cualquier cosa. Y ahorita vemos que, por ejemplo, la esposa de este alias Cucaracha salió a desmentir el atentado contra él. Estas medidas parche no tienen ningún efecto real en lo que es la inseguridad”, menciona.

Ella cree que ya es hora de abordar el problema de inseguridad desde una mirada integral que incluya la atención estatal en áreas como educación, salud, dotación de servicios, coordinación con los municipios y demás.

“La desigualdad social crea también este caos, no es solo un tema de seguridad, sino del abandono completo estatal. Y, por otro lado, el tema de las cárceles. Las cárceles están en un completo descontrol, porque desde ahí se ordenan muchos de los crímenes que están pasando afuera en las calles”, expresa Zumárraga.

La exfuncionaria dice que el hecho de que en los reclusorios existan pabellones tomados por las mafias hace que estas se empoderen más, pues los reos no están incomunicados y eso les permite tener el control externo del tráfico de drogas y sicariatos.

Publicidad

“Tienen fiestas, pueden pasar con sus esposas. Todo un descontrol y eso el Gobierno sabe lo que está ocurriendo, pero no hace absolutamente nada, y eso está relacionado con la inseguridad afuera”, recalca.

El año pasado, en el marco de la crisis carcelaria marcada por masacres de reos entre bandas delictivas contrarias, el Gobierno conformó una comisión para el diálogo penitenciario y pacificación del sistema carcelario.

La gestión de dicha instancia terminó en junio de este año y producto de ello entregó un informe con tres ejes: preventivo, de atención y reparación.

“El Gobierno me parece que no tiene norte en lo que es la administración de las cárceles, no tiene un buen asesor en seguridad (…) y estamos en manos de gente que es improvisada”, sostiene Zumárraga.

Publicidad

Daniel Pontón, docente de la escuela de seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), menciona que en el combate contra la inseguridad hace falta concretar acciones y mientras eso ocurre la situación se agrava.

El problema es que las acciones que ha dicho el Gobierno que va a tomar son solamente iniciativas.

Daniel Pontón, docente de la escuela de seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales

“La violencia no tiene para. No hay una mínima señal de que esto vaya a disminuir. El problema es que las acciones que ha dicho el Gobierno que va a tomar son solamente iniciativas. Se ha hablado de inversiones, nadie sabe dónde, cuándo y por qué esas inversiones. Nadie sabe cuánto se ha invertido hasta ahorita y el problema es que el crimen organizado avanza como un carro de carrera, mientras la acción del Gobierno, en general, es en carreta, y es complicado. Yo creo que estamos en una situación muy desventajosa”, refiere.

Daños en ocho viviendas y dos automotores son parte de los efectos de atentado registrado la madrugada del domingo. Foto: API

Pontón dice, a manera de diagnóstico, que parte del problema radica en que no hay una real comprensión de lo que está sucediendo en el país y por eso no se ha podido corregir o revertir la situación.

“No se sabe si esto es un enfrentamiento entre bandas criminales por alguna disputa. No se sabe si esto es producto de una guerra que el Estado está librando con el narcotráfico, como el presidente (Guillermo Lasso) ha venido diciendo, que están matándose porque los estamos golpeando. O puede ser una mixtura entre las dos cosas. No se sabe si este es un problema social instaurado por el deterioro de las condiciones sociales alrededor de la pandemia. No se sabe si esto es fraguado, qué intereses hay detrás de ello”, expresa, y añade que eso es lo que aún no tiene claro el régimen.

Atentado con explosivos estaba dirigido a morador del Cristo del Consuelo conocido como alias ‘Cucaracha’; ante el hecho, en Guayaquil rige desde este domingo estado de excepción por 30 días

Asevera que si bien el estado de excepción permite hacer frente a la crisis no es suficiente. Lo que hace más complejo el asunto, para él, es que se está creando una institucionalidad nueva para atender un problema que ya está instaurado hace rato.

En ese contexto, Pontón cree que el Estado debe combatir cuestiones como la impunidad, la corrupción en las instituciones, potenciar las capacidades tecnológicas de la Policía y mejorar la coordinación con los gobiernos locales. (I)