En tres ejes se basan las propuestas de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. Conozca cuáles son

La gestión de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación culminó oficialmente el jueves 16 de junio, y un día antes los comisionados entregaron el informe final al presidente de la República, Guillermo Lasso.

Esta instancia fue conformada tras la crisis carcelaria que afronta el país por la guerra desatada entre bandas criminales que se disputan los territorios y que ha provocado masacres en los recintos penitenciarios. Esta pugna también se ve reflejada en las calles de las diferentes localidades del territorio nacional que tiene, entre otras cosas, un aumento del índice de muertes violentas en varias jurisdicciones.

Solo en la Zona 8 (el territorio con más muertes asesinatos), integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, van 643 asesinatos.

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La comisión fue presidida por Claudia Garzón, ella remplazó a Nelsa Curbelo, quien renunció semanas atrás. La integraron también Alfredo Narváez, Christian Nieto, el padre Luis Barrios y el pastor Francisco Loor.

El jueves anterior, estos cuatro últimos comisionados participaron de un conversatorio con los medios de comunicación en las instalaciones de la Gobernación del Guayas, no estuvo Garzón, quien desde la mañana cumplió actividades en la Penitenciaría del Litoral.

¿Cuáles son las propuestas de la Comisión?

En el informe con enfoque en derechos humanos constan tres ejes: preventivo, de atención y reparación.

Preventivo:

- Instar al Ejecutivo a la elaboración de políticas de prevención del delito a partir de investigaciones que determinen patrones y determinantes sociales, georreferenciados sobre la propensión de cometimiento de delitos.

- Instar a la Función Judicial a la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva.

- Elaborar propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) direccionadas a evitar el hacinamiento.

- Asesorar al Ejecutivo en el fortalecimiento y focalización de acciones estatales desde los ámbitos de educación, productividad e inclusión económica y social en lugares con mayor incidencia de cometimiento de delitos.

- Asesorar al Ejecutivo en el fortalecimiento de la intervención en prevención de adicciones a nivel nacional y atención en salud mental.

- Generar una política pública a nivel nacional sobre la prevención del delito y seguridad ciudadana.

- Trabajar conjuntamente entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos autónomos descentralizados para la inclusión de niñas, niños y adolescentes en proyectos y programas que desarrollen los potenciales de cada uno de ellos.

Atención:

- Instar a las entidades competentes nacionales y locales al cumplimiento de la normativa nacional e instrumentos internacionales vigentes (cumplimiento de derechos, separación de la población penitenciaria, acceso a servicios básicos, beneficios penitenciarios, etc.).

- Se ha podido observar, a lo largo de las visitas a los diferentes centros de rehabilitación, que no tienen acceso a derechos humanos básicos, esto es, agua, luz, baños en buen estado, acceso a medicinas.

- Personal sin previa capacitación en primeros auxilios, en mediación, en resolución de conflictos. Hay que considerar que las personas privadas de libertad, al encontrarse en un ambiente de tensión, necesitan contar con personal capacitado.

- Instar al Ejecutivo a la entrega de recursos para garantizar personal suficiente en la intervención desarrollada en los ejes de tratamiento, seguridad, mejoramiento de infraestructura. potenciar las bombas de agua, mantenimiento de tuberías ―hay quejas sobre presencia de ratas en las tuberías ― y otras cuestiones que deban considerarse para cumplir las finalidades del SNRS, precautelando la aplicación de los enfoques de derechos humanos y de igualdad.

Instar a la entidad rectora a priorizar de la atención diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley, mujeres y población GLBTI, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y otras.

- Dentro de los centros carcelarios se evidencia falta del Estado en temas de educación, cultura, vida digna, alimentación adecuada, así como desidia de los funcionarios al tratamiento, ayuda y generación de oportunidades.

- Instar al SNAI a comenzar inmediatamente un proceso de reforma tecnológica en el que las personas privadas de libertad puedan tener sus carpetas de beneficios penitenciarios virtualmente, y que sus familiares los puedan observar, generando menos desplazamiento a una institución que se encuentra centralizada, lo que daría como resultado el mejoramiento de los tiempos y dignificando la atención.

- Exhortar la presencia permanente de las instituciones que conforman el Organismo Técnico de Rehabilitación, desarrollando ejes de tratamiento en el marco de sus competencias.

- Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el MNPT y organismos internacionales en la materia.

- Asesorar en la elaboración de planes de intervención y rehabilitación adecuados a la realidad de cada centro.

- Acompañar y asesorar en el marco de sus competencias en las investigaciones de los hechos violentos sucedidos en contexto de privación de libertad y la aplicación de la normativa vigente.

- Instar a la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

- Instar al Ejecutivo a la creación de una política de acompañamiento del proceso de inclusión en la sociedad a las personas privadas de libertad, en cuanto salgan de los centros –ya sea por beneficios penitenciarios o cumplimiento de las penas–, a fin de evitar la reincidencia.

Reparación:

- Direccionar ante la autoridad competente a familiares de personas privadas de libertad (PPL) que murieron en los centros de privación de libertad en contextos de violencia, con la finalidad de recibir la atención psicosocial correspondiente.

- Instar la atención psicosocial de las personas privadas de libertad que han presenciado los contextos de violencia.

- Generar coordinación de acciones para garantizar el acceso a educación de hijos e hijas de las personas privadas de libertad que no pudieron ser reconocidos en el Registro Civil.

- Promover la mejora de servicios públicos en los sectores de donde provienen las personas privadas de libertad para promover actividades de fortalecimiento educativo, deportivo y cultural, y otras que del análisis de los casos se puedan evidenciar.

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- Recomendar que, como forma de reparación simbólica, todas las funciones del Estado coloquen, en una parte visible y representativa de sus principales instalaciones, una placa conmemorativa en la que la respectiva función del Estado reconozca que ha fallado por acción u omisión al Sistema de Rehabilitación Social.

- Institucionalizar que las funciones del Estado, todos los 28 de septiembre, presenten un informe de las acciones realizadas para contribuir al mejoramiento de la situación del sistema de rehabilitación social.

- Garantizar una reparación integral a las personas privadas de libertad que han sufrido violaciones de derechos humanos dentro de los centros de privación de libertad, así como la generación de políticas de prevención necesarias. (I)