Aunque fueron reubicados y se les asignó una casa a cambio de que abandonaran las riberas del estero Salado, hay quienes están renunciando a sus inmuebles en el Plan Habitacional Socio Vivienda, específicamente en la etapa 2. Esto por huir de la violencia que se vive en el sector del noroeste de Guayaquil.

Este año se han registrado 10 casos, según cifras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi); hubo dos en enero, uno en febrero, siete en marzo.

Esto es un indicativo de la compleja situación que se vive en este Plan Habitacional creado durante la presidencia de Rafael Correa. Allí se registran asesinatos, robos y microtráfico pese a que a Policía Nacional ha ejecutado varias intervenciones en el sitio.

Hay quienes han decidido dejar sus casas, quienes incluso ya han cancelado los 900 dólares, requisito para legalizar y poner a su nombre la propiedad.

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Estas personas ni siquiera esperan que el Miduvi les devuelva el dinero que pagaron por la vivienda, porque consideran mucho más importante librarse de vecinos violentos, pues hay casos en los que les han tumbado la puerta mientras salieron a trabajar y al retornar encontraron a otra familia viviendo ahí.

Eso le pasó a una madre de familia que al final de la jornada se encontró con parte de sus pertenencias en el portal.

“Y a quién reclamas ahí, hasta miedo me daba de que me dieran un tiro a mí o a mis hijos”, dijo la afectada, que tuvo que irse a la casa de su madre en el suburbio. Al día siguiente acudió al Miduvi.

Fabián Pita, funcionario del Miduvi, cartera encargada de Socio Vivienda, explicó que han tenido que acudir para retirar a estas personas, pero indicó que son zonas tan violentas que en algunos casos no han podido desalojar a los invasores porque viven rodeados de otros miembros de su familia.

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Los han amenazado con cuchillos y hasta con armas de fuego. Ante esto solo les han notificado que en 72 horas van a ser desalojados por la fuerza si no abandonan la casa.

El problema es que cuando el beneficiario regresa a ocupar su casa debe enfrentarse a los familiares y a los propios invasores que viven en la misma calle y días después deciden renunciar a los inmuebles e irse de Socio Vivienda 2 definitivamente.

Habitantes de Socio Vivienda realizaron una protesta por la inseguridad del sector, el pasado 15 de marzo. Foto: El Universo

Esta es la táctica que aplican varias bandas en esa zona para crecer y para atrincherarse en varias cuadras. Las organizaciones están conformadas por miembros de una sola familia y con el pasar de los años han ido ocupando casas que son abandonadas o que han sido alquiladas por su beneficiario a 40 dólares mensuales, lo que es ilegal.

Pero el Miduvi no es un ente de control sino administrativo, por lo que no es fácil descubrir esto.

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Pita explicó que el trámite para esta devolución es fácil. Los beneficiarios redactan un documento, lo firman y llevan personalmente a la oficina de la cartera de Estado, pero él aclaró que igual hacen las averiguaciones, conversan con la persona y van al sitio para tratar de subsanar los problemas, sin embargo, hay quienes han tomado la decisión y no hubo vuelta atrás.

Pablo Baquerizo, coordinador zonal del Miduvi, refirió que no todos han renunciado a sus casas porque se las hayan invadido; hay quienes decidieron irse a vivir a otra provincia.

Incluso hay casos como el de Antonio H., quien está aplicando a una casa de los planes habitacionales del Municipio de Guayaquil. Él ha vivido casi 15 años en Socio Vivienda y describe su vecindario como “el infierno en la Tierra”.

“Mis hijos no merecen esa vida, ellos son unos buenos chicos. Prefiero alquilar en otro lado o empezar de cero”, indicó Antonio afuera del municipio mientras hacía trámites.

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El contó que una vez vio cómo a unos vecinos los apuntaron con armas para que salgan de su casa. Luego ese inmueble fue tomado como guarida de ladrones y escondite de motos robadas.

Cuatro desalojos cada semana realiza en promedio el Miduvi para recuperar las casas que han sido invadidas, sin embargo, hay casos excepcionales como el de una mujer de la tercera edad que había ocupado una casa abandonada con sus cuatro nietos menores de 12 años.

La mujer cuida de ellos porque todos sus hijos y hasta sus nueras están presas.

El Miduvi ha pedido al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que se realice un censo a la mujer para ver la posibilidad de otorgarle una de las casas que han sido devueltas este año. (I)