En 26 días del estado de excepción en Guayaquil, Durán y Samborondón se reportaron 98 muertes violentas: un crimen cada seis horas

Dolor, indignación, impotencia y decepción. Son las sensaciones que provoca la inseguridad que azota al país y que no se ha logrado frenar ni siquiera en Guayas, Manabí y Esmeraldas, las tres provincias donde desde el 29 de abril, hace un mes, rige un estado de excepción con toques de queda focalizados de 23:00 a 05:00.

En este lapso, en las calles y establecimientos privados han muerto menores de edad, estudiantes, funcionarios, trabajadores, gente inocente que, al salir a cumplir su rutina, no imaginaba siquiera caer a manos de la delincuencia. En muchos casos, son víctimas de conflictos entre estructuras delictivas relacionadas con el narcotráfico que no les correspondían.

Guayaquil y Durán son las dos ciudades de Guayas que tienen sectores con ese régimen especial, cuya vigencia será de 60 días, según el Decreto Ejecutivo N.º 411. En el Puerto Principal el estado de excepción se aplica en Pascuales y Ximena, las parroquias con más índices delictivos.

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La primera abarca urbanizaciones de la avenida Narcisa de Jesús e incluye zonas aledañas a la vía Perimetral, como El Fortín, Socio Vivienda, Monte Sinaí, Paraíso de la Flor, Bastión Popular. Mientras que, por la vía a Daule, el régimen llega hasta Puente Lucía, pasando por la cooperativa San Francisco I y II, urbanización Ciudad Santiago y recintos cercanos a la Penitenciaría del Litoral.

La parroquia Ximena está ubicada en el sur de la ciudad. Comprende el Guasmo, La Pradera, La Saiba, ciudadela 9 de Octubre, barrio Centenario, barrio del Seguro, La Floresta, cooperativa 7 Lagos, Las Tejas, Los Almendros, ciudadela Villamil, barrio Cuba, entre otros.

En el cantón ferroviario, los controles a cargo de militares y policías se ejecutan en la parroquia Eloy Alfaro.

Ambas localidades integran, junto con Samborondón (exento del estado de excepción), la Zona 8, donde desde el 1 de enero hasta el 29 de abril, un día antes de la vigencia del régimen especial, hubo 454 muertes violentas. Al 25 de mayo, esa cifra ascendió a 552 casos.

Entre el 29 de abril y el 25 de mayo de 2021, en la Zona 8 se registraron 44 asesinatos (en promedio, uno cada 14 horas y 10 minutos). Mientras que en el mismo periodo, pero del 2022, ya con el régimen especial, se suscitaron 98 muertes violentas (una cada 6 horas y 22 minutos, como tiempo promedio), según datos preliminares.

Según cifras de la Policía, en la Zona 8, desde el 30 de abril hasta el 25 de mayo, se detuvo a 604 personas por varios delitos, se decomisaron 133 armas de fuego, se recuperaron 94 vehículos robados y 40 motos. Además, se desarticularon 31 bandas.

Entre los otros cantones de la provincia del Guayas, en ese mismo periodo del año pasado hubo 18 homicidios; pero en este año se han registrado 25 durante esos mismos 26 días.

Antes de que rija el estado de excepción (del 1 de enero al 28 de abril de 2022), en la Zona 8 ocurría una muerte violenta en promedio cada 6 horas y 17 minutos. Desde que se aplica esa medida (29 de abril pasado), ese promedio de tiempo ha pasado a ser de 6 horas y 22 minutos.

El análisis se basa en las estadísticas de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

En pleno estado de excepción en Guayaquil ocurrió un hecho inédito. El 15 de mayo se conoció del hurto de 150 armas de fuego tipo pistola, marca Smith & Wesson, en el distrito Modelo del circuito La Atarazana, en el norte de la ciudad.

Y aunque el ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló tras el hecho que las armas se encontraban en proceso de destrucción e inhabilitadas para el uso policial, la situación causó cuestionamientos entre la opinión pública. No solo se trataba del hurto, sino de la institución víctima del ilícito.

Uno de los crímenes que causaron más reacciones e iniciativas en pro de la seguridad de parte de los ciudadanos fue el de Jaime Villagómez, ocurrido el viernes 20 de mayo en la plaza gastronómica del Buijo Histórico, jurisdicción de Samborondón. El hombre de 32 años fue abatido por un sicario que lo esperaba en ese sitio y lo atacó mientras compartía con su pareja y unos amigos.

En la página Change.org se realizó el pedido para que la ciudadanía firme y apoye la exigencia de la búsqueda del asesino.

Jorge Villacreses, máster en Criminología, mencionó que una de las causas de la desconfianza que siente la ciudadanía es la falta de respuestas ante los hechos delictivos. Puso como ejemplo el hecho de que hasta ahora no se sepa qué pasó con el radar de Montecristi, dispositivo que sufrió daños tras una explosión registrada en noviembre del año pasado. De esas investigaciones, dijo el especialista, aún no se informan a la opinión pública los resultados.

También se refirió al hurto del armamento en Guayaquil: “En todo lo que está pasando en el país no existen respuestas, y por eso la ciudadanía seguirá creyendo que no ha servido de nada, ni sirve de nada todo lo que se haga si no tenemos realmente una tranquilidad y paz”.

Durante la semana anterior, en su intervención en la Asamblea Nacional, en el marco del primer año de su gobierno, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo entender el temor que siente la ciudadanía en cada barrio y en cada negocio. Reconoció que la inseguridad puede traer un impacto en la economía en general, pero señaló que en su gestión se ha puesto mano firme contra la inseguridad.

Indicó que en el 2021 se desarticularon más de 1.350 bandas delictivas, se incautaron más de 7.500 armas y 231 toneladas de droga; consideró esta última cifra “un récord histórico para el Ecuador”. En lo que va del 2022, añadió, se han incautado 85 toneladas, el triple de lo decomisado el año anterior en el mismo periodo (de enero a mayo).

“Eso quiere decir una sola cosa: que lo que hoy vivimos es una reacción ante una nueva actitud en la aplicación de la ley. En el pasado le cedieron demasiado territorio al hampa y además lo hicieron por mucho tiempo. La actitud de este Gobierno, lo digo claro, no va a cambiar. Vamos a enfrentar a las organizaciones criminales, a los narcotraficantes, a los que trafican ilegalmente personas, al tráfico de armas”, enfatizó el mandatario, y descartó algún tipo de “negociación” o “amarre” entre el Estado y quienes vive al margen de la ley.

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Para el general en servicio pasivo Abraham Correa, debe replantearse la aplicación el régimen de toque de queda. Según él, este debería abarcar a toda la ciudad o jurisdicción en la que interviene la fuerza pública dentro del estado de excepción, y no únicamente en ciertas parroquias o sectores.

“Para mi parecer, eso no dio buenos resultados, no dio buenos frutos, no se pudo controlar. Entonces, es mejor generalizar la situación por un tiempo determinado, para que la fuerza pública, inclusive, pueda hacer su trabajo de mejor forma”, expuso.

Desde este domingo regirán otros 30 días de estado de excepción en las tres provincias: Guayas, Manabí y Esmeraldas, en medio de un clamor generalizado por que haya más seguridad. (I)