Hechos violentos en el Comité del Pueblo, Carcelén, Calderón, Guayllabamba, Puembo, Carcelén Bajo, Tumbaco y el valle de los Chillos alertaron a las autoridades sobre actuaciones fuera de la ley en la provincia de Pichincha por parte de grupos delictivos organizados.
Esta inseguridad fue el sustento para que, a inicios de abril, el presidente Daniel Noboa declarara un nuevo estado de excepción en nueve provincias y cuatro cantones mediante el Decreto Ejecutivo 353.
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La medida, con vigencia de 60 días, rige en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Así como en los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves y Echeandía, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.
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Como medida complementaria, Noboa dispuso un toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00 en las mismas provincias y cantones.
En esas localidades, el toque de queda se aplicará por quince días, es decir, regirá del 3 al 18 de mayo.
En entrevistas radiales, el ministro del Interior, John Reimberg, justificó incluir a Quito y Pichincha en el toque de queda, pues mencionó que se van a realizar operaciones importantes para atacar aquello que no se quiere que crezca, en referencia a la presencia de lo que llamó “pequeña economía criminal” en sectores que están comenzando a causar problemas.
Argumentó que hay que cortarlo de raíz y no permitir que se vuelva una provincia con altos índices de inseguridad.
Puntualizó que habrá dos problemas por atacar: la economía criminal y los grupos delictivos.
Alcance de la injerencia delictiva
Informes de la Policía se refieren al alcance de la injerencia delictiva en Pichincha.
Según un documento elaborado por esa institución del orden, actualmente se evidencia la presencia del grupo armado organizado (GAO) Los Lobos, que, apoyado en sus estructuras y brazos armados operativos, ha logrado establecerse en la mayoría de los cantones de la provincia.
Este grupo mantiene una constante disputa territorial y de economías ilícitas, especialmente en torno al microtráfico de drogas, el sicariato, la extorsión y el control de rutas de tráfico, lo que ha incrementado significativamente los índices de violencia a nivel provincial.
Además, constituye un enclave estratégico en el territorio nacional por su ubicación geográfica. Al estar atravesada por corredores viales que conectan la Costa con la Sierra, esta jurisdicción cumple un rol fundamental como nodo logístico de tránsito de personas y mercadería.
Sin embargo, esta misma condición la convierte en un punto vulnerable para el paso de actividades ilícitas, como el tráfico de armas, municiones, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y contrabando en general.
La situación de Quito
Sobre Quito, el texto menciona que atraviesa durante el año 2026 un escenario crítico en materia de seguridad ciudadana y orden público, evidenciado por un incremento sostenido de los índices de violencia y criminalidad, así como por una percepción generalizada de inseguridad en la población.
Esto, agregó, se debe a la problemática delictual identificada, que se encuentra directamente asociada a la disputa de poder territorial, económico y logístico entre las organizaciones delictivas Los Lobos, Choneros y Tiguerones, quienes mantienen una pugna constante por el control de rutas del narcotráfico y microtráfico, mercados ilícitos, corredores estratégicos y áreas de influencia criminal, empleando la violencia sistemática como principal mecanismo de intimidación, control social y resolución de conflictos.
Por su ubicación geográfica y condición de capital, constituye un lugar estratégico dentro del territorio nacional, al articular conexiones entre la Sierra, la Amazonía, el norte fronterizo y los corredores que enlazan con la Costa, sostiene el análisis de la entidad.
Esta configuración la posiciona como un nodo crítico de alta movilidad, manteniendo un gran tránsito de personas, carga y mercadería. Esta misma condición, agregó, genera un escenario de vulnerabilidad, al poder ser aprovechada por estructuras delictivas para el desplazamiento encubierto de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, armas de fuego, municiones, explosivos y otros elementos vinculados a economías ilícitas.
Para la Policía, el Distrito Metropolitano de Quito cumpliría principalmente una función de paso, redistribución y conexión logística, más que de acopio permanente, aunque podría ser utilizado para el ocultamiento temporal, movilización rápida y dispersión territorial de estos ilícitos.
Focalización y plan consensuado
Para el exsecretario de Seguridad general (sp) Wagner Bravo, debe haber una focalización tal como ocurre en Guayaquil.
Lo que hay que hacer es no estigmatizar a toda la provincia de Pichincha ni Quito, opinó.
A su criterio, lo que más sucede en la capital es delincuencia común, y hay que determinar qué tipo de delitos, asociados a ese fenómeno, están azotando la ciudad.
Sugirió identificar, por ejemplo, sitios en los cuales se venden cosas robadas, como cachinerías o desguazaderos de carros y de motos.
Además, controlar la migración interna, pues no se sabe qué rumbo toman, así como las zonas rosas.
Un aspecto importante, señaló, es que haya coordinaciones entre el Gobierno y los municipios, identificar focos de inseguridad, determinar la razón y definir un plan consensuado. (I)