Que se desplace la investigación de la muerte de Naomi Arcentales de la Fiscalía del Guayas a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quito, es el pedido que buscan hacer directamente Sara Sabando, madre de Naomi, y Luigi García, abogado de la familia de la víctima, a la fiscal general, Diana Salazar.

La mañana de este lunes, con pancartas en mano y varios acompañantes, Sabando y García llegaron hasta la Fiscalía General, ubicada en el norte de Quito, para hablar con la fiscal Salazar en torno a circunstancias del hecho, como por ejemplo, que el principal sospechoso es un miembro de la Fiscalía del cantón El Carmen, de la provincia de Manabí.

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Según García, el pedido para que se desplace la investigación a la ciudad de Quito se hace con base en que la defensa de la familia Arcentales Sabando tiene muchas dudas de la transparencia y objetividad con la que se lleva el caso en la provincia del Guayas.

“Nosotros dudamos de la objetividad que debe primar en este caso, en el que el principal sospechoso es un fiscal de la provincia de Manabí. Estamos pidiendo reiteradamente a la fiscal general que desplace la investigación. Estaremos aquí hasta que nos atienda en forma personal y poder conversar con ella en torno a la situación”, explicó García.

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En horas de la tarde, la Fiscalía informó que Diana Salazar se reunió con los padres de Naomi Arcentales y ratificó el compromiso de la Fiscalía de investigar los dos casos existentes: muerte y delito sexual, con objetividad y transparencia. Se habría acordado en la reunión que los indicios entren en cadena custodia y que no circulen en redes sociales para que sean periciados según el procedimiento.

Además, los padres de la víctima tendrán contacto directo con el Equipo de Género de la Fiscalía, el cual estaría monitoreando el caso desde Quito.

El abogado señaló que respecto a Juan Carlos Izquierdo, supuesto principal sospechoso en este caso, su estatus de inocencia se encuentra incólume, pero aclaró que será tarea de la Fiscalía y de esa defensa el destruir ese estado de inocencia. Lo que sí critica García es que si Izquierdo se considera inocente, por qué no comparece a la Fiscalía a brindar las facilidades.

“Se niega a entregar su equipo telefónico, se niega a rendir muestras fisonómicas para la pericia de identidad humana, se niega a entregar muestras biológicas para exámenes ADN, se niega al examen de psiquiatría forense, al examen de entorno social, de tal forma que esa negativa en colaborar con la investigación da mucho que pensar del estado de inocencia que él pregona”, indicó Luigi García, al tiempo que informó que el miércoles 5 de enero próximo tendrán una audiencia en Manta para conocer los hechos relativos al delito de naturaleza sexual que también se investiga.

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Sobre el resultado de la segunda autopsia realizada al cuerpo de Naomi Arcentales, quien fue encontrada sin vida el pasado 12 de diciembre, el abogado García señaló que este ya fue remitido a la FGE. “La autopsia lo que revela es el mecanismo o la forma como se dio la muerte, es decir, ninguna autopsia en el mundo puede determinar si fue suicidio o no, lo único que demuestra es la causa mecánica de la muerte. Lo que dice la primera autopsia coincide con lo de la segunda autopsia en torno a la causa, que es la asfixia mecánica”.

Sara Sabando, madre de la joven fallecida, afirma que busca hablar con la fiscal Diana Salazar porque no quiere que el caso de su hija quede en la impunidad. “Soy una madre que está muerta en vida, solo quiere saber la verdad, y permanecerá en Quito hasta que sea recibida”, sostuvo Sabando, quien recordó que ya le han escrito cartas por correo a la fiscal general, pero no han recibido respuesta.

Sobre lo dicho respecto a que se habían enviado 2 comunicaciones a la Fiscal General, Salazar explicó a los padres de Naomi Arcentales que ninguna de dichas comunicaciones le fueron remitidas y reiteró su total apertura mientras duren los procesos.

Si se atiende el pedido desde la Fiscalía, esta sería la segunda vez que el caso de Naomi Arcentales es llevado a ser investigado en otra provincia. El caso se dio en Manta y pasó de la Fiscalía de Manabí a la Fiscalía de Guayas. (I)