El sistema carcelario de Ecuador registró un nuevo episodio sangriento este domingo, 3 de abril. Esta vez, el escenario fue la cárcel de Turi, en Azuay. La cifra de fallecidos ha ido aumentando con el paso de las horas.

A las 14:00 se indicó que eran 12 los muertos, a las 18:00 la cifra se elevó a 13 y dos horas después el Gobierno ha referido que ya llega a 20.

En la mañana se informó que eran diez heridos y esta tarde se detalló que cinco están con heridas de gravedad.

La primera cifra de muertos fue confirmada por el Gobierno casi doce horas después de los incidentes, tras una reunión en Cuenca que mantuvo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, con autoridades de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador.

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Hasta las 18:00, el Gobierno aún no tenía el control total de los pabellones, pues había reos armados.

Los incidentes en esa cárcel comenzaron cerca de las 01:30. Los moradores de la zona reportaron gritos y detonaciones que provenían de los pabellones. Incluso circularon videos en los que se veía a internos que trataban de salir de los pabellones.

El Gobierno asocia los disturbios a una organización criminal que busca tomar control absoluto de la cárcel, mientras que otras células se resisten a esto. Los Lobos, una organización narcodelictiva, está tras las disputas con células disidentes.

Familiares que se apostaron esta mañana en los exteriores de la cárcel comentaron que recibieron llamadas de los reclusos en la madrugada. Unos llamaron temerosos, debido a que internos de ciertos pabellones intentaban incursionar en otros.

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Desesperación en exteriores de cárcel de Turi por disturbios y disparos reportados este domingo; hay reclusos heridos y fallecidos

Partes policiales indican que a las 04:30 se activó el puesto de mando unificado; y que, cerca de las 07:30, la Policía y Fuerzas Armadas desplegaron unidades especializadas al CPL de Turi en coordinación con el SNAI para ejecutar acciones de control.

Carrillo, quien expresó sus condolencias a nombre del presidente, dijo esta tarde que tomarán acciones para terminar con la violencia en las cárceles, aunque no detalló las medidas. Las autoridades indicaron que no se declarará un nuevo estado de excepción, sino que se actuará con los instrumentos que permite la ley.

La última masacre en las cárceles ecuatorianas con una alta cifra de fallecidos se registró en noviembre pasado. Se reportó en la Penitenciaría del Litoral: el hecho provocó 68 muertos y 25 heridos, entre ellos, detenidos por delitos menores o que no tenían sentencia.

Unos 800 policías y militares fueron enviados a Turi tras disturbios. Api Foto: El Universo

Desde que se produjeron los incidentes hasta el mediodía de este domingo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) apenas puso dos trinos en su cuenta de Twitter.

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Uno para confirmar las alteraciones en el orden interno, comunicar que se activaron los protocolos de seguridad y que se coordinó la intervención; y otro para informar que Pablo Ramírez, director del SNAI, se trasladó a Cuenca.

Mientras sucedía eso, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, usó su cuenta de Twitter para emitir un pronunciamiento sobre lo ocurrido. “Vamos a limpiar el establo de augías en que se ha convertido el sistema penitenciario. El Gobierno Nacional hará todo lo necesario para lograrlo. El Ecuador ya no soporta más irracionalidad y violencia (sic)”, posteó, y eso luego fue retuiteado por el presidente Guillermo Lasso.

La frase de limpiar el establo de Augías alude a un relato de la mitología griega. Esa historia se refiere a un establo que no se había limpiado en mucho tiempo y había acumulado mucho estiércol; Hércules lo limpia en un solo día, una tarea que era considerada imposible de realizar en poco tiempo. Él lo hizo desviando el cauce de un río hacia el establo para cumplir la tarea de limpiarlo.

“Vamos a limpiar el establo de Augías en que se ha convertido el sistema penitenciario”, dice Patricio Carrillo, ministro del Interior

El Ministerio de Gobierno indicó que 800 policías y militares se encuentran de momento en la cárcel de Turi. Parte del contingente fue enviado desde otras ciudades.

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El director del SNAI indicó que se evacuó a 90 privados de libertad. Las autoridades precisaron que no se reportaron fugas en esa cárcel, que registraba unos 1.600 internos.

Uno de los primeros en hablar de fallecidos en ese amotinamiento fue el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, quien durante un evento en un barrio se solidarizó con las familias de los privados de libertad.

Pasado el mediodía, sin precisar cifras, la Secretaría de Derechos Humanos expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos e informó que activó protocolos de asistencia psicológica.

Carrillo fue a la cárcel de Turi para verificar la emergencia carcelaria y definir las acciones operativas que permitan a los grupos tácticos recuperar el control.

Semanas atrás, una comisión de la CIDH emitió un informe en el que señala que una ausencia de control efectivo por parte del Estado de los centros penitenciarios, sistemas de autogobierno, corrupción e insuficiencia de personal de seguridad son parte de las principales causas de la violencia intracarcelaria en Ecuador.

Ausencia de control efectivo por parte del Estado de las cárceles, sistemas de autogobierno, corrupción, e insuficiencia de personal de seguridad, entre las falencias detectadas por CIDH

“Uno de los problemas apremiantes en las cárceles donde han ocurrido los hechos más graves de violencia es la falta de control efectivo por parte del Estado de los centros penitenciarios”, cita el informe.

La visita de los comisionados se produjo en diciembre pasado, luego de crueles masacres ocurridas en Guayaquil y otras cárceles, que en el 2021, en solo ocho eventos, provocaron 316 internos muertos.

La secretaria de Derechos Humanos del Gobierno, Bernarda Ordóñez, señaló que el problema de la crisis en las cárceles no es de ahora, sino que se debe al olvido de varios años.

Según los datos que proporcionó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) a la CIDH, al 29 de noviembre de 2021 había 36.599 personas privadas de libertad. Estas se encuentran alojadas en 36 centros de detención, distribuidos en centros de privación de la libertad (CPL), centros de privación provisional de libertad (CPPL) y centros de rehabilitación social (CRS), ubicados a lo largo del país en nueve zonas geográficas. (I)