El juez Dennis Ugalde Álvarez dictó prisión preventiva para los 16 militares investigados por la desaparición de cuatro menores de las Malvinas, sur de Guayaquil, que fueron trasladados por los uniformados a Taura, parroquia rural de Naranjal, el 8 de diciembre, y desde entonces no se sabe nada de ellos.
La noche de aquella fecha, los militares aprehendieron a los chicos supuestamente porque habrían participado de un robo. Esa versión fue descartada la semana anterior por el fiscal que investiga la causa, quien señaló que no hay evidencia de eso.
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El caso se investiga como desaparición forzada. Según el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este es un delito de lesa humanidad imprescriptible. Y tiene una pena privativa de libertad de 26 a 30 años.
La audiencia de formulación de cargos en contra de los uniformados se desarrolló este martes, 31 de diciembre, desde las 10:00 en el complejo judicial Valdivia, sur de Guayaquil.
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Hasta allí llegaron los militares con sus abogados, al igual que las familias de los desaparecidos con sus asesores legales, personal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), instancia que ha seguido de cerca este proceso.
Allegados a las familias de los chicos de entre 11 y 15 años llegaron a las inmediaciones del complejo judicial con pancartas en las que se exhiben fotos de los cuatro menores.
“¿Dónde están los niños?”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Justicia para los niños!”. Esos eran los gritos de más de 200 personas que se ubicaron en el carril de servicio de la av. 25 de Julio, en sentido hacia el norte, por lo que dicho tramo fue cerrado a la circulación mientras duró la diligencia. (I)