Dentro del denominado caso Goleada, Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, emitió un oficio para solicitar que su defendido y otros cuatro procesados sean derivados al Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha n.º 2, también conocido como Cárcel 4 de Quito.
En días pasados, el juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para Alvarez, sus hermanos —Antonio y Xavier Mario—, Fernando P. y César B.
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El magistrado recomendó que sean derivados a la Cárcel 4, pero dejó a consideración del SNAI para que determine el lugar apropiado luego de los análisis pertinentes.
El juez aclaró que el SNAI, como organismo responsable de la seguridad de los privados de la libertad, podrá disponer del centro de rehabilitación adecuado una vez revisados el riesgo y las particularidades de cada procesado.
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Finalmente, Alvarez fue llevado a la cárcel de Latacunga y el resto a la prisión de Turi (Cuenca).
En el reciente documento, que consta en los registros judiciales, García expuso que la recomendación no ha sido tomada en cuenta.
Asimismo, resaltó la exposición mediática del caso Goleada, el impacto político que ha generado y la condición institucional de los procesados que constituyen “factores objetivos que aumentan la probabilidad de amenazas, presiones o eventuales atentados contra su integridad física o psicológica”.
Por ello, el abogado insistió en que se oficie al SNAI con el fin de que los tres hermanos Alvarez y los otros dos procesados puedan ser llevados a la Cárcel 4.
Por este mismo caso, días atrás, la defensa de los hermanos Alvarez hizo un pedido de apelación, que fue admitido a trámite. Similar recurso presentaron los procesados Fernando P. y César B.
A la par, la Fiscalía de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción n.º 2 presentó un recurso de apelación a la negación de prisión preventiva para el resto de los seis procesados que recibieron medidas cautelares y arresto domiciliario.
Un total de once personas, incluyendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, son procesadas en este caso, en el que se investiga la comisión de un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. (I)