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David Cordero-Heredia: Hay que revisar el COIP. Tenemos un sistema penal sobredimensionado y la cárcel por sí sola no rehabilita

Director del Centro de DD. HH. de la PUCE habla sobre la responsabilidad del Estado en la crisis carcelaria y lo que se necesita para superarla.

La Policía mantiene la vigilancia en el ingreso de los centros penitenciarios del país, donde hace una semana se amotinaron los detenidos. Foto: api

Este miércoles se cumplen los cinco días de plazo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha dado al Estado ecuatoriano para presentar información sobre la situación de riesgo en la que se encuentran las personas privadas de la libertad. El organismo internacional analiza la posibilidad de conceder medidas cautelares a favor de los internos tras una solicitud presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), cuyo director, David Cordero-Heredia, habla sobre la responsabilidad del Estado en la crisis carcelaria en Ecuador, los factores que inciden en ella y propone alternativas para superarla.

Cordero-Heredia, uno de cien académicos y profesionales del derecho que han firmado una carta abierta dirigida a los poderes públicos ante la crisis en el sistema de rehabilitación social del Ecuador, asegura que “a menos que afrontemos la pobreza, el desempleo y la desigualdad, ninguna medida va a ser efectiva para disminuir la violencia en nuestra sociedad”.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado en esta nueva crisis carcelaria?

La responsabilidad del Estado, entendido como un todo que incluye a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es clara. Tenemos un sistema penal sobredimensionado; muchos temas de conflictos sociales deberían resolverse por vías civiles, pero como sociedad nos hemos acostumbrado a que la cárcel es la solución a todos nuestros problemas sociales. A eso se le debe agregar la obsesión de los políticos por dar respuestas populistas penales: en lugar de afrontar la pobreza y la desigualdad social, ofrecen aumentar las penas como solución mágica a la delincuencia. Está demostrado que esa no es una solución.

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¿Tiene mucho que ver la crisis con falta de presupuesto?

El Estado redujo sustancialmente el presupuesto del sistema de rehabilitación social y el número de guías penitenciarios, ese hecho tiene directa conexión con la situación de pérdida de control sobre las cárceles del país. A eso se suma la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el primer intento serio en nuestro país de tener una política integral para abordar el tema de la rehabilitación social. Según un reportaje de Teleamazonas, los recortes de personal en el sistema penitenciario significaron el despido de psicólogos y trabajadores sociales, es decir, precisamente el personal que hace seguimiento a los programas de rehabilitación, dejando solamente al personal encargado de vigilar que no escapen de la cárcel. Eso no es implementar políticas de rehabilitación. Si no se implementan, ¿cómo podemos afirmar que no funcionen?

David Cordero-Heredia, catedrático y defensor de Derechos Humanos.

Mucho se critica la figura de la prisión preventiva, que siendo una excepción es lo primero que pide la Fiscalía y que acoge un juez, según dicen los abogados. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre no abusar de esta medida cautelar y al mismo tiempo asegurar la presencia del procesado durante la etapa de juzgamiento, para evitar fugas?

Un paso importante lo dio la Corte Constitucional al quitarle la competencia al Consejo de la Judicatura de sancionar a los jueces por error inexcusable sin previa declaración judicial. En muchos casos, el CJ usaba esa atribución para sancionar a jueces que no dictaban prisión preventiva. La prensa tiene mucho que ver en ese tema, debemos educar a la sociedad sobre el valor del principio de presunción de inocencia y de cómo es perverso pensar que en cada caso una persona acusada de un delito es culpable por el solo hecho de ser investigada.

Invertir en educación y generar empleo son factores claves para reducir la criminalidad y, a su vez, la sobrepoblación carcelaria, señalan expertos ► http://ow.ly/xnji50DM4QS

Publicada por El Universo en Domingo, 28 de febrero de 2021

Si las razones humanitarias no son suficientes (viendo el hacinamiento en las cárceles), al menos deberíamos atender razones económicas. El uso de tecnología, como los grilletes electrónicos, es más económico que mantener a una persona privada de su libertad. Sumado esto a que el Estado tiene la obligación de indemnizar económicamente a las personas que hayan estado en prisión preventiva y cuyo estado de inocencia sea ratificado judicialmente.

La población carcelaria va subiendo cada año y con ello la violencia en su interior ¿Qué se puede o qué se debe hacer para frenar la criminalidad?, porque la cárcel no es el comienzo ni el fin del problema...

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En resumen: revisar el COIP y disminuir el número de delitos con criterios de derecho penal mínimo; prevención mediante la inversión pública en sectores marginales de las ciudades, para mejorar las condiciones de vida y oportunidades de sus habitantes.

Debemos aceptar como sociedad que la criminalidad tiene, en gran medida, un origen económico y que a menos que afrontemos la pobreza, el desempleo y la desigualdad, ninguna medida va a ser efectiva para disminuir la violencia en nuestra sociedad.

¿Qué tiene que hacer el Estado para lograr verdaderamente una rehabilitación social en las personas privadas de la libertad?

En primer lugar, tiene que reducirse dramáticamente la población carcelaria. Poder diseñar planes de rehabilitación social implica entender por qué cada persona está privada de la libertad, hacer un trabajo psicosocial serio y garantizar la reinserción mediante programas fuera de la cárcel. Esto no se puede hacer con 38.000 personas privadas de la libertad.

  • Se debe revisar de forma exhaustiva y seria el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de manera que se eliminen delitos que podrían tener un abordaje civil (pago de indemnización) o reglamentario (sanciones como pérdidas de licencias, incapacidad de participar en ciertas actividades, etc.). La regla debería ser quedarnos con penas privativas de la libertad para crímenes violentos o que atenten contra bienes jurídicos fundamentales como la vida o la integridad personal.
  • Se debe reforzar la excepcionalidad de la prisión preventiva y del uso de la privación de la libertad que no esté relacionado con la ejecución de una sentencia condenatoria en firme.
  • Facilitar el acceso a beneficios penitenciarios, una vez cumplidos los requisitos, como el acceso a la prelibertad. La prelibertad debe ser un programa integral que incluya empleo.
  • La liberación de las personas privadas de la libertad, una vez cumplidas sus condenas, debe estar enmarcada en un programa de seguimiento psicosocial, que incluya redes de apoyo y la garantía de un primer empleo.
  • Un número manejable de personas privadas de la libertad garantiza la posibilidad de programas de rehabilitación, mejores condiciones de vida, la prevención de actos violentos y la protección a las personas privadas de la libertad.

En segundo lugar, una gran cantidad de delitos tiene un origen económico. El país tiene que integrar laboralmente a un amplio sector de la población. Si no se trabaja en el nivel de pobreza y marginalidad, no hay presupuesto de seguridad que vaya a prevenir los delitos, la violencia social y el hacinamiento en las cárceles.

Y en tercer lugar, existen sectores en las grandes ciudades en donde se puede identificar la operación de bandas como las que protagonizaron los actos del 23 de febrero. Esos barrios requieren una intervención integral para establecer un tejido social que permita a los niños y jóvenes tener un futuro distinto al de unirse a una banda criminal. Eso implica invertir en educación, salud, servicios básicos adecuados, acompañamiento a jóvenes. Invertir en las comunidades es vital.

¿Es una utopía pensar en rehabilitación de presidiarios que, según sus propias comunicaciones, pertenecen o trabajan para carteles mexicanos de la droga y pretenden imponer su fuerza con base ya no solo en asesinar a sus rivales, sino mutilando sus cuerpos?

Antes de afirmar que “estamos en crisis y no hay presupuesto” deberíamos preguntarnos cuánto le cuesta a la sociedad ignorar los problemas sociales que tenemos y que generan, en gran medida, la delincuencia. Esto implica dejar de preguntarnos cómo mitigamos el síntoma (delincuencia y violencia en las cárceles) y empezar a preguntarnos cómo atacamos la enfermedad (pobreza, desempleo y exclusión).

No es una utopía hablar de rehabilitación. Es un desacierto pensar que la cárcel per se rehabilita. Un amplio sector de la sociedad piensa en la privación de la libertad como un castigo que imponemos a las personas que cometen una infracción penal y que debería ser suficiente con tener varios años a las personas encerradas para que “mediten sobre sus actos” y una vez que recuperen la libertad no vuelvan a cometer delitos. No podemos decir que la rehabilitación es una utopía cuando ni siquiera hemos intentado superar esa visión punitivista y avanzado hacia una verdadera visión de rehabilitación social.

Existen experiencias exitosas de reinserción social de personas que han pertenecido a pandillas en varias partes del mundo, pero son programas integrales, con equipos multidisciplinarios, que no se quedan en más penas, más hacinamiento y condiciones de vida miserables. El evento de tortura a los presos de Turi (Cuenca) en el 2016 está íntimamente relacionado con lo que pasó esta semana: esa visión de que rehabilitación significa humillar y golpear a las personas privadas de la libertad es un error.

¿Hay algo más que desde su punto de vista se puede aportar sobre este tema?

Los terribles hechos ocurridos en las cárceles del país son un reflejo de nuestra sociedad en conjunto. Debemos atender a la razón, más allá de las reacciones emocionales que nos causan los delitos. La cárcel, las condenas largas, la pena de muerte, la militarización de cárceles o de sectores marginales de las ciudades no han solucionado los problemas de criminalidad en ninguna sociedad. Solamente alejándonos de ese esquema vamos a encontrar respuestas efectivas. Si les seguimos dando la espalda a los problemas reales que tiene nuestra sociedad, la violencia se nos puede salir de las manos como ya ha pasado o está pasando en países de nuestra región. (I)

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