La legítima defensa está contemplada en el Código Integral Penal (COIP), específicamente en su artículo 33, donde establece que esta existe cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho (propio o ajeno) y concurren tres requisitos.
Estos son:
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(1) Agresión actual ilegítima
(2) Necesidad racional de la defensa
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(3) Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho.
El primer requisito se refiere a que sea un hecho del momento, no que la reacción venga después del suceso, explicó a este diario días atrás Antonio Gagliardo, exfiscal provincial de Guayas, respecto de la figura penal.
En tanto que el segundo requerimiento, dijo, tiene que ver con que exista cierta proporcionalidad en las armas, en caso de existir, que usan tanto el agresor como la víctima.
Y el tercero implica que la persona que interviene no haya provocado el hecho en cuestión.
“Debe haber un ánimo de defensa y de protección a uno mismo o de un tercero para evitar ser víctima de un delito, pero las reglas son claras en el Código Orgánico Integral Penal y aquella persona que se excede lógicamente tendrá que enfrentar la justicia”, comentó el exfiscal.
“La ciudadanía debe enterarse mejor de esto antes de actuar y meterse en un problema, porque tampoco pueden quedar en la impunidad acciones que se extralimitan de lo que dice la Ley (...)”, agregó. (I)