CTE propone que aspirantes inconformes vuelvan a inscribirse en la nueva convocatoria con exámenes que ya se hicieron

Hora y media duró la audiencia que se realizó este viernes en la Defensoría del Pueblo para tratar las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de reclutamiento que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) lanzó en diciembre pasado.Decenas de aspirantes inconformes expusieron sus quejas en el auditorio de la entidad, otros cincuenta jóvenes y sus padres esperaban afuera de la Defensoría con carteles y pitos.El director de la CTE, Eduardo Ayala, propone que los postulantes del periodo 2020 que no pasaron las pruebas vuelvan a postularse en la convocatoria del 2021 que está abierta hasta el domingo.El funcionario dijo que van a extender el tiempo de la inscripción a la convocatoria y que como los jóvenes ya se hicieron las pruebas médicas hace menos de un mes, deben convalidarlas para que ya no gasten otra vez.El director aclaró que los valores cancelados por los aspirantes se pagaron directamente a los médicos. Refirió que son profesionales de una asociación de médicos que fue contratada por una comisión de la CTE, pero no recuerda el nombre, sin embargo, aseguró que todos los documentos del proceso los entregaría el lunes a la Defensoría del Pueblo.La vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira, dijo que hasta el lunes esperan que la CTE entregue la lista de los aspirantes, con cédula y nombres, qué debían pagar cada uno de ellos, a qué cuentas ingresaron esos recursos y quiénes fueron los contratados para las pruebas médicas que han sido cuestionadas.Pero los aspirantes no solo se quejan del alto costo de los exámenes, sino de otras irregularidades. Explicó que las pruebas se hicieron en carpas en los patios del hospital Militar, sin ninguna privacidad para las mujeres.“Cobraban solo en efectivo, solo nos dieron un tique, ninguna factura y cuando íbamos a las pruebas médicas nos quitaron ese tique”, contó Moisés Apolinario, quien acudió este viernes a la audiencia. El joven de 18 años contó que fue parte del grupo 44 y que permaneció 12 horas en el hospital realizándose las pruebas.Él pasó las pruebas médicas, pero no la del polígrafo, y su caso al igual que el de otros muchos jóvenes sería revisado por Ayala.En la audiencia también intervinieron delegados del hospital Militar. Ellos dejaron claro que solo prestaron las instalaciones, indicaron que no pusieron personal médico ni equipos, pero los aspirantes recalcaron que los 500 dólares los pagaron en la caja de esa casa de salud.Había 1.400 puestos disponibles, pero como la ley lo permite la entidad de tránsito dejó que más de 9.000 personas apliquen para esas vacantes. Más de 5 millones de dólares fueron recaudados en este proceso que arrancó en diciembre pasado.Actualmente hay otra convocatoria abierta. Esos nuevos aspirantes ya están haciéndose las pruebas a un costo de 500 dólares los exámenes médicos y 120 dólares el polígrafo. La próxima semana, una delegación de la Defensoría del Pueblo acudiría al hospital para revisar las condiciones en las que se hacen estos chequeos médicos.“Debe haber una correlación entre el costo y el servicio. $ 500 para que tomen exámenes en una carpa donde no se respeta la privacidad es mucho”, dijo Rovira. Ella además indicó que con una misma máquina se tomó a casi todos los jóvenes la prueba del polígrafo, que este no habría sido un examen minucioso y que no se contó con los parámetros técnicos para que los jóvenes estén a gusto.Pero además de estas quejas, la vicedefensora sostuvo que algunas jóvenes aspirantes expusieron que habrían sido contactadas por funcionarios que les indicaron que “habían sacado 100 en el polígrafo, que querían verlas y que estaban muy bonitas”.Las aspirantes mostraron mensajes de este acoso al director de la CTE, quien, según Zaida Rovira, se comprometió a acudir personalmente a denunciar este caso en la Fiscalía. (I)

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