Que al traslado de presos a centros carcelarios de máxima seguridad le debe acompañar un proceso inmediato de implementación de tecnología en los reclusorios es un punto en el que coinciden quienes conocen de la crisis penitenciaria que se vive en el país y aportan con sugerencias para contrarrestar la problemática.

El lunes en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas ocurrió una nueva masacre que provocó 44 muertos, 13 heridos y más de un centenar de reos fugados. Se trató de la séptima matanza desde el 23 de febrero de 2021 a la fecha.

El teniente coronel de Policía en servicio pasivo Rodrigo Braganza Villacís, jefe de seguridad de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), dijo estar de acuerdo con que los reclusos de alta peligrosidad sean reubicados, pero en cárceles más seguras que en las que cumplían la pena inicialmente, para que así la medida guarde coherencia.

124 reos de Turi que interpusieron ‘habeas corpus’ fueron llevados a Santo Domingo, escenario de última masacre, según SNAI

Esto, a propósito de que un habeas corpus concedido por la función judicial permitió que Alexander Ariel Quezada San Martín (alias Ariel), líder de la banda Los Lobos, fuera trasladado de La Roca, en Guayaquil, a la cárcel de Cotopaxi.

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Antes estuvo en la cárcel de Turi durante la masacre de inicios de abril y fue uno de los cabecillas trasladados a Guayaquil.

De aquello también se benefició Freddy Marcelo Anchundia Loor, cabecilla de R7, una subcélula, quien de La Roca fue llevado a Santo Domingo. Ha trascendido que entre alias Ariel y Anchundia hay rivalidades que habrían originado la más reciente masacre.

Sobre la implementación de tecnología en los centros penitenciarios, Rodrigo Braganza comentó que es vital que estos tengan “inhibidores de señal, inhibidores de radiofrecuencia, que tengan cámaras con visión nocturna, cámaras con visión térmica, que tengan sistemas de reconocimiento facial, que tengan cercos virtuales (…) no es justo que en una cárcel todavía ingresen armas: metralletas, granadas como que ingresan comida”.

El especialista considera necesario, como otra medida inmediata, que haya una depuración del personal que está a cargo del manejo de las cárceles del país, puesto que es conocida la corrupción en la que ciertos funcionarios se han visto envueltos.

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“Todavía se sigue pagando mil, dos mil, tres mil dólares por ingresar un arma de fuego. Insisto en un tema fundamental, no puede ser justo que los PPL (personas privadas de libertad) todavía sigan haciendo transmisiones en vivo desde las cárceles. A los PPL hay que respetarles los derechos humanos, claro que sí, desde otra óptica. Realizando planes de reinserción a la sociedad, planes educativos para que estudien”, remarcó.

Carla Álvarez, especialista en temas de seguridad, se mostró de acuerdo con que se dote de tecnología a los centros penitenciarios y que, además, se ejecute un censo para determinar cuántos presos hay.

“Masacre tras masacre han venido demostrando que no hay una voluntad política ni una seriedad para tomar medidas y reducir la violencia”, indicó.

Familiares de reos fallecidos en la cárcel Bellavista esperaban esta mañana información en los exteriores de la morgue de Santo Domingo de los Tsáchilas. Foto: José Jácome

Para ella no es una solución el traslado de cabecillas a La Roca y eso se evidencia, dijo, con lo ocurrido recién en Santo Domingo.

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“Mandaron a las PPL a La Roca siendo una cárcel de máxima seguridad sin haberla inspeccionado adecuadamente para que no tengan acceso a instrumentos violentos”, agregó.

Álvarez expresó que el crimen organizado opera de la misma manera en todo el mundo porque son redes transnacionales, pero solo en Ecuador hay este tipo de crisis carcelarias.

Atribuyó eso a que hay un Estado fragmentado con instituciones que funcionan como un archipiélago, pues mientras una institución toma una decisión, otra critica o se siente afectada. Esto, en referencia al traslado de presos a Santo Domingo.

Planteó que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) continúe al frente del sistema penitenciario con el presupuesto adecuado y la estabilidad institucional.

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Alexandra Zumárraga, abogada especialista en sistemas de rehabilitación social y exdirectora de Rehabilitación Social, señaló que el Gobierno no tiene claro el norte a seguir para atender la crisis actual.

“Se ve una clara alianza entre las mafias del narcotráfico y la Policía; la única manera que ingresen las armas de este alto calibre, los fusiles, las ametralladoras, las granadas, es por medio de la misma Policía y de los militares que son los que tienen y que cuidan los filtros”, mencionó.

Agregó que debe haber una “limpieza institucional”, depuración continua, exámenes anuales, entre otras acciones.

Sostuvo que existen en Ecuador criminólogos y civiles que podrían manejar el sistema.

El líder de Los Lobos, banda vinculada a última masacre, obtuvo un ‘habeas corpus’ para su traslado de cárcel

Acerca del traslado de los cabecillas de las bandas delincuenciales a la cárcel La Roca, expresó que la solución no son las estructuras, sino quien las maneja.

Identificó como un problema del sistema de inteligencia penitenciaria, policial, militar, el hecho de que por presos o sus familiares se conocía con antelación que iban a producirse altercados internos, sin embargo, las autoridades no actuaron a tiempo, a su criterio.

Consideró que entregar la administración carcelaria al sector privado no es una alternativa porque, a su juicio, el número de guías se reduciría. (I)