La Corte Nacional de Justicia se sumó a las instituciones que se ha pronunciado acerca de la problemática de la inseguridad que se vive en el país.
Tras el dictamen de medidas alternativas a la prisión para 13 detenidos del Operativo Sigilo 25, señalados varios delitos, como las vacunas (extorsión), porte y tenencia de armas, receptación y secuestro, entre otros, instituciones como la Policía Nacional, Fiscalía y el Consejo de la Judicatura han emitido comunicados sobre el hecho y su actuación en el proceso.
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El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, indicó que la Fiscalía no había presentado “los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de estos ciudadanos”. Por su parte, la entidad se defendió indicando que los partes policiales no fueron entregados a tiempo.
Ante esto, la Corte reiteró que la inseguridad preocupa a la ciudadanía en general y provocó diferentes criterios de los actores de los sistemas de justicia en casos presuntamente delictivos.
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Además recordó que la Policía debe cumplir una labor “de manera técnica y apegada al ordenamiento jurídico”, mientras que la Fiscalía debe sustentar “con fundamento y objetividad” los indicios que configurarán el delito y por último los jueces “resolverán lo que corresponda conforme a los hechos traídos por las y los fiscales, siempre en apego irrestricto a la Constitución y la ley”.
Mencionó que la ciudadanía pide soluciones por lo que las autoridades están en la obligación de satisfacerla. Ante esto insistió en la instalación de la mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen de la cual participarán el mandatario Guillermo Lasso (quien este sábado se anunció que tiene COVID-19 por segunda vez), el presidente de la Asamblea, la fiscal general, el presidente del Consejo de la Judicatura, el defensor público y el presidente de la Corte Nacional.
Todos han confirmado su asistencia y la mesa comenzará a trabajar desde la próxima semana, se anunció. (I)