Luego de la culminación del estado de excepción que fue decretado por el presidente Guillermo Lasso por 60 días en tres provincias, Guayas, Manabí y Esmeraldas, los operativos de control se mantienen en las calles de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón); aquello es bien visto por la ciudadanía en dicha jurisdicción del país, la que más muertes violentas registra (691 hasta este sábado).

El Ejecutivo dispuso la medida el 29 de abril por grave conmoción interna, por razones de seguridad ciudadana, según el Decreto 411. Con el estado de excepción se dispuso el toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00 en las parroquias Ximena y Pascuales (Guayaquil), y en otros sectores de Durán (Guayas), Manabí y Esmeraldas.

En barrios guayaquileños creen que el estado de excepción por la inseguridad no fue suficiente para frenar la delincuencia; Gobernación refiere que dio resultados

En varios puntos del Puerto Principal se realizó el viernes un control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas.

Según la institución, este tipo de operaciones se seguirá ejecutando; no se necesita decretar un estado de excepción para hacerlo.

Publicidad

Ese mismo día, la Policía destacó que el estado de excepción permitió que se redujera en un 13 % la cifra de muertes violentas en la Zona 8. Ese porcentaje, según se indicó, resulta de la comparación de marzo y abril versus mayo y junio.

Durante marzo y abril se registró en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) un total de 247 asesinatos. En cambio, en mayo y junio, tiempo que duró la intervención, la cifra pasó a 216 casos. Son 31 crímenes menos, según la Policía.

Durante los dos meses, en la provincia del Guayas se capturaron casi quince toneladas de cocaína, lo que para el gobernador Pablo Arosemena es el detonante de la mayoría de los asesinatos en esta jurisdicción.

En los distritos Pascuales y Sur, en Guayaquil; y Durán, en el cantón del mismo nombre, hubo una reducción del 18 %, aseguró el general Víctor Hugo Zárate, comandante de la Zona 8, quien indicó que en cifras generales se revisaron cada día más de 4.000 carros y se hicieron 34.000 operativos.

Publicidad

En la Zona 8, indicó que se redujo la cifra de robos de 1.500 a 1.300 casos. Además, dijo que se detuvo a un total de 471 personas por distintos delitos, ocho cada día en promedio.

Pese a estos controles, las muertes violentas no cesan: son al menos cuatro crímenes por día en la Zona 8.

Solo durante el fin de semana se registraron tres asesinatos en el distrito Esteros, un sector que no fue parte del estado de excepción en la urbe porteña.

Mantener el control de armas con los militares es necesario, consideran expertos en temas de seguridad. Foto: El Universo

Además, el distrito Nueva Prosperina, que tampoco fue parte de la medida, elevó la cifra de crímenes a más de 130 casos, incluso por encima del distrito Sur, que incluye el Guasmo, sector donde prácticamente a diario se registran balaceras y muertes por la lucha de territorio para microtráfico.

Publicidad

Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y exdirector de Inteligencia, sostuvo que en este nuevo contexto el Gobierno nacional debe aplicar varias estrategias. Dijo que para la amenaza externa que viene del narcotráfico y el crimen organizado se debe ampliar el área de injerencia de la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas, para que abarque toda la frontera norte y así taponar el acceso de droga desde el corredor del Pacífico y del amazónico.

“Paralelamente a eso, se tienen que militarizar temporalmente los puertos y aeropuertos. Y el tercer elemento importante es crear una fuerza de tarea conjunta del Litoral ecuatoriano, operando en Manabí, para desde ahí desarticular el crimen organizado transnacional con dos visiones: la desarticulación del crimen organizado y, la segunda, restablecer los niveles de seguridad en todas las provincias del Litoral”, explicó él.

La Fuerza de Tarea Conjunta está integrada por 1.300 militares y 800 policías, que trabajan en los siete cantones de la provincia verde. El objetivo es frenar la violencia generada por grupos delictivos bajo amenazas, y está dentro de la declaratoria de zona especial de seguridad.

Con relación a la seguridad interna, refirió Pazmiño, una acción necesaria es el redireccionamiento de recursos de la seguridad para cada provincia, para que cada jurisdicción tenga un entrenamiento y equipamiento que permita operaciones durante las 24 horas del día.

Publicidad

Esto involucra a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, sistema de inteligencia, Policía Metropolitana e incluso a las compañías de seguridad privada.

“El problema radica en que hacemos patrullaje, sí, pero patrullajes esporádicos. Necesitamos cambiar el esquema a presencia disuasiva permanente. Esa es la estrategia que se tiene que emplear”, comentó el coronel en servicio pasivo.

De su parte, Alberto Molina, coronel en servicio pasivo, dijo que, una vez concluido el régimen decretado por el Ejecutivo, corresponde que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional cumplan con su deber constitucional establecido en el artículo 158, con miras a garantizar la seguridad ciudadana.

El 38 % de crímenes registrados en Manabí en lo que va del 2022 se dieron en los dos meses de estado de excepción

“Vale la pena señalar que la misma Constitución dice que las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías ciudadanas”, señaló él, y añadió que es vital que los militares se mantengan en el control de armas.

Según el artículo citado por Molina, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Mientras que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. (I)