Con los cargos del alto mando policial a disposición del Ejecutivo, ¿queda la Policía Nacional en acefalía?; hay opiniones opuestas sobre el tema

“Señor presidente, ante su autoridad el día lunes (26 de septiembre) pondremos nuestros cargos a disposición. Asumimos que cualquier decisión que contribuya a superar este difícil momento será la decisión correcta. Hoy es el momento de gestos de honor y confianza que impulsen un mejor horizonte”. Esa fue la respuesta que el general Fausto Salinas, comandante de la Policía, escribió en su cuenta en Twitter al presidente de la República, Guillermo Lasso.

El viernes 23 de septiembre, en el contexto del femicidio de María Belén Bernal, el Ejecutivo pidió, primero en dicha red social y luego en cadena nacional, que los mandos policiales pongan sus cargos a disposición presentando las respectivas bajas. El mandatario señaló que el Gobierno analizará la permanencia de estos uniformados en la institución.

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Y confirmó, además, la desvinculación de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce, quienes ejercían los cargos de director nacional de Investigación de la Policía Judicial y director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, respectivamente.

La abogada quiteña María Belén Bernal entró a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo el domingo 11 de septiembre, pues allí se desempeñaba como instructor su cónyuge, el teniente Germán Cáceres, ahora prófugo de la justicia y principal sospecho en el caso.

Desde entonces no se supo más de ella, hasta que el miércoles 21 se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida enterrado en el cerro de Casitagua, cerca de dicho centro de formación.

En medio de la atención de todo el país y de un clamor generalizado de justicia, el Gobierno ha ejecutado varias acciones en torno al caso. El sábado, por ejemplo, se anunció la designación de Juan Zapata como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Patricio Carrillo, el rostro más visible en medio del problema y quien fue cuestionado en su momento por ciertas declaraciones que se consideraron inapropiadas en el contexto de la violencia de género.

Y este lunes se prevé que el mando institucional de la Policía ponga sus cargos a disposición del Ejecutivo. Con ello, la ciudadanía se pregunta si la institución policial queda en acefalía o no.

Al respecto, el investigador y docente en temas de seguridad Lautaro Ojeda mencionó que el hecho de poner a disposición el cargo no significa que ya los altos mandos han sido removidos, es decir, “ellos todavía se encuentran en funciones operativas”.

Señaló, además, que los generales del mando institucional todavía conservan la misma capacidad de tomar decisiones, pues recién se iniciará un proceso de revisión en el que el presidente Lasso decidirá a quiénes remover del cargo o ratificar, pero recalcó que ellos tienen las facultades y obligaciones para continuar en labores.

De él discrepa el abogado Jorge Acosta, quien señaló que, aunque en el marco legal no hay antecedente de un pedido masivo de disponibilidad de cargos, en la práctica la decisión del Ejecutivo deja “descabezado” al alto mando policial.

En ese escenario, dijo él, los generales de alto rango no se atreverán a tomar decisiones fundamentales en caso de que se presente alguna crisis.

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“Si estando con estabilidad el país está como está, con una crisis de seguridad, de sicariato por todo lado, la delincuencia nos tiene acorralados, peor con el mando en duda. Cuando usted tiene la autoridad plena, puede tomar la decisión; pero, cuando no la tiene, usted piensa dos veces para no comprometerse”, enfatizó Acosta.

Para el jurista, esto representa un riesgo social, y la salida sería que la desvinculación o ratificación de los uniformados en los cargos no se dilate tanto, a fin de recuperar el principio de autoridad lo más pronto posible. (I)