“Necesitamos protección policial, necesitamos protección privada. Por ello, además, es necesario aprovechar los medios tecnológicos y realizar las audiencias de manera telemática y no exponer nuestras vidas en este momento, (cuando) el crimen organizado ha dado pasos gigantescos”. Ese fue el pedido de Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Justicia Provincial del Guayas, tras el asesinato de Édgar Escobar, fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil.

El funcionario fue baleado la mañana del lunes 19 de septiembre al frente del edificio La Merced, donde funcionan las oficinas de la Fiscalía Provincial, y murió allí. Él investigaba casos relacionados con asesinatos, organizaciones narcodelictivas, falsedad de información, robos, entre otros.

Colegas y compañeros del fiscal Édgar Escobar realizaron plantón para pedir seguridad al Gobierno y solidarizarse con familia de funcionario

Su asesinato generó reacciones de funcionarios del Gobierno, del sistema judicial y de abogados en el libre ejercicio, que piden que el Estado garantice la seguridad de quienes tienen bajo su responsabilidad casos que representan un riesgo por el tipo de implicaciones.

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De hecho, María Josefa Coronel, presidenta del Consejo de la Judicatura del Guayas, habló de la posibilidad de pagar seguridad privada para fiscales y jueces en caso de que no haya policías para esta labor. En Guayas, ocho jueces tienen resguardo policial por la complejidad de los procesos a su cargo.

Guisella Padovani Maridueña, de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, sugirió que una medida para garantizar la seguridad de los fiscales podría ser que el funcionario no tenga contacto con las partes a las cuales se investiga.

“Y no se viola el derecho a la defensa, ya que el fiscal recepta la documentación y se toman y hacen las diligencias a través de su equipo”, sostuvo ella, y añadió que este sistema se aplica en otros países, como Grecia.

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Contó que hace algún tiempo viajó hacia allá por un proceso y quiso contactarse con el fiscal del caso, pero no lo pudo hacer. Sin embargo, dijo que se le dio toda la información de cómo podía obtener lo que requería.

Padavoni mencionó que esto se podría implementar en el país, ya que la Constitución en su artículo 194 establece que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, que funciona de forma desconcentrada y con autonomía administrativa, económica y financiera.

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“Pero es importante una independencia total de la Fiscalía. No dependiente de la Función Judicial, considerando que la Fiscalía es estrictamente sujeta a una investigación y debe tener su propio e independiente equipo”, recalcó la abogada.

Gabriel Vanegas, abogado penalista, consideró inadmisible que quienes cumplen tareas como luchar contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico en pro de un ideal, que es la justicia, no tengan garantías de parte del Estado ecuatoriano.

“Hay muchos fiscales probos que están, literalmente, todos los días arriesgando su vida y su integridad para que el resto de la ciudadanía viva tranquila. Están metiendo presa a gente, están procesando a gente, están enfrentando al crimen sin ningún temor. ¿Y cuál es la respuesta que les da el Estado? Absolutamente nada. No se preocupa en lo más mínimo en cubrir sus necesidades”, manifestó el profesional del derecho.

Él es partidario de replantear el modelo de protección tanto para fiscales como para jueces penales, pero discrepa de la creación de unidades anticorrupción que plantea la Judicatura, ya que, según dijo, solo ciertos funcionarios tendrían protección.

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Vanegas no cree que un sistema de fiscales y jueces anónimos, tal como se ha implementado en varios países, como Colombia, Perú e Italia, en el intento de luchar contra el crimen organizado y el terrorismo, surta efecto a nivel local. Por el contrario, sostuvo que podría acarrear violaciones de derechos humanos.

Édgar Escobar, el fiscal asesinado en el centro de Guayaquil, manejaba casos de narcotráfico y asesinatos que conmocionaron a Ecuador

“Yo creo realmente que tenemos que replantear el modelo y el sistema de protección, tanto a los magistrados penales como a los fiscales, porque literalmente está en sus manos tomar decisiones en contra de bandas organizadas, en contra de grupos de delincuencia organizada, en contra de asesinos, en contra de sicarios, en contra de narcotraficantes; y, obviamente, esta gente no tiene ley”, enfatizó él.

Pero hay quienes sí están de acuerdo con este tipo de medidas, ya que consideran que el poder económico de las bandas delictivas ha permeado en funcionarios corruptos y poco preparados.

Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, consideró que un punto importante en favor de la seguridad de los funcionarios sería la implementación en la legislación ecuatoriana de fiscales principales y auxiliares.

“Los fiscales principales son aquellos que van a las audiencias y no tienen contacto de ninguna naturaleza con los usuarios; y los auxiliares son aquellos fiscales que pasan en la oficina tomando versión, diligencia, reconocimiento de lugar, etc.”, explicó, y añadió que este sistema existe en Colombia y Perú.

Refirió que en la Fiscalía no hay mayor control policial, al igual que tampoco hay detectores de metal, situación que no coadyuva a la seguridad de los agentes.

“Entra la gente sin control alguno: entran familiares, amigos, gente ‘que apoya’, hacen barra para la una y otra parte, y a manera de presión para que la víctima no rinda su versión o se retracte la víctima de ser testigo. Todas estas cosas merecen una reforma para tener una mejor organización respecto a las dependencias de la Fiscalía”, expuso Fuentes. (I)