Censo penitenciario: unos 30 minutos toma recopilar datos a cada recluso; proceso arrancó en Tulcán y Loja

Tulcán

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) inició este lunes, 22 de agosto, el censo penitenciario en los centros de rehabilitación social de Tulcán y Loja.

Este proceso permitirá levantar información sociodemográfica, familiar, legal y disciplinaria de las personas privadas de la libertad (PPL) en todo el país, llegando a los 36 centros y 32.500 personas detenidas.

Esta propuesta busca mejorar las condiciones de habitabilidad y garantizar una mejor administración de estos lugares. El censo durará tres meses y espera beneficiar a los internos con el respeto al derecho a la identidad, la individualización y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida.

Además, permitirá conocer sus necesidades, corregir los procesos de rehabilitación social, agilizar los trámites de expedientes para beneficios penitenciarios y cambios de regímenes.

El registro comenzó en los centros pequeños y terminará en Guayaquil, donde existe mayor número de PPL, bajo el liderazgo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos y el apoyo del Registro Civil, Secretaría de Derechos Humanos, Criminalística de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

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El nuevo modelo de gestión penitenciaria intenta combinar la seguridad y la rehabilitación social con mejores instalaciones y nuevas tecnologías, personal capacitado, lo que garantiza los principios de dignidad humana.

Durante el registro censal, que toma 30 minutos por PPL, la población penitenciaria deberá aportar información confiable y verídica sobre sus necesidades, datos que serán utilizados con fines estadísticos y para el cumplimiento de las demandas.

Ocho ejes constan en el plan estratégico penitenciario 2022-2025: institucionalidad jurídica del sistema de rehabilitación social, profesionalización de agentes penitenciarios con la creación de la primera escuela, desconcentración administrativa, operativa y financiera.

Reducción del hacinamiento a cero de la población penitenciara a diciembre, creación de un nuevo modelo de gestión y prestación de servicios penitenciarios, un sistema informático interoperable con instituciones en el ciclo jurídico-penitenciario, incorporación de tecnología y equipamiento a todos los centros, y reingeniería estructural de la SNAI.

Pablo Ramírez, director general de la SNAI, explicó que buscan mejorar las políticas públicas de rehabilitación creando ejes de tratamiento y construyendo una rehabilitación integral y reinserción efectiva de estas personas a la sociedad.

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Según Ramírez, desde diciembre del año anterior se ha disminuido en más de un 19 % el hacinamiento que presentan las cárceles del país, a través de los beneficios a las personas que cumplieron el 40 % y 60 % de sus penas.

El oficial policial no es claro al señalar si tienen bajo control todos los pabellones de las cárceles ecuatorianas, pero señala que realizan varias estrategias para ir retomando el control y el orden en los centros de privación de la libertad.

“En Guayaquil hemos desarrollado varias acciones que incluyen la intervención de todas las necesidades en los diferentes ejes de tratamiento, algo que ha contribuido para que ellos (PPL) tengan confianza de que estamos trabajando por su bienestar y una rehabilitación integral”, enfatizó Ramírez.

La SNAI realiza coordinaciones con Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el perímetro externo de las prisiones para garantizar los controles. En noviembre se graduarán 1.400 agentes penitenciarios, logrando que por cada 100 privados de la libertad exista un agente; y en el 2023, con 1.000 adicionales se pretende mejorar la cobertura y control en las cárceles.

Frente a los casos de corrupción en el interior de las cárceles, han sido conformadas tres comisiones disciplinarias, que han iniciado actos administrativos; la semana anterior fueron cesados siete agentes penitenciarios. Dentro del plan anticorrupción se han intensificado los análisis en las áreas internas, tanto administrativas como de seguridad.

Manuel C., oriundo de Quito, quien cumple quince meses en la cárcel de Tulcán, espera de este catastro ayuda legal para su caso: según él, es inocente; fue acusado de robo hace tres años y detenido en el 2021.

Como él, son muchas las PPL que demandan justicia y que sus casos sean revisados, en un centro carcelario (Tulcán) donde el 80 % de internos son extranjeros y en su mayoría están acusados por casos de tráfico de drogas.

Al Centro de Rehabilitación Social de Tulcán arriban mujeres aprehendidas y sentenciadas en Imbabura, debido a que el pabellón de la cárcel de Ibarra no está operativo, producto del mal estado de la infraestructura del reclusorio de esa ciudad. (I)