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Exjuez que liberó a Daniel Salcedo y que está entre los detenidos del caso Plaga suma cinco denuncias en su contra desde 2021, cuatro de ellas por prevaricato

El exmagistrado se presentaba cada quince días en la Corte Provincial de Manabí por dos causas en su contra.

Simón G. T., exjuez que liberó a Daniel Salcedo en 2022, fue detenido este miércoles 3 de abril por el caso Plaga. Foto: Fiscalía General del Estado

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Simón O. G. T., exjuez de Paján que liberó a Daniel Salcedo, es uno de los catorce detenidos en el caso Plaga por presuntamente formar parte de una organización delictiva que a través de recursos constitucionales habrían ‘favorecido’ a reclusos con ‘alto nivel de peligrosidad’ con la restitución de su libertad.

”Jueces habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que personas privadas de la libertad obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aunque aparentemente legal”, señaló la Fiscalía en un comunicado difundido este miércoles 3 de abril, horas después de los allanamientos que permitieron la aprensión de los involucrados en ocho provincias del país.

Entre los catorce detenidos constan dos jueces: Byron M. O. G. y Franklin E. T. P. ; tres exmagistrados: Ángel H. L. V., Joffre J. R. R. y Simón O. G. T.; dos policías en servicio activo, dos funcionarios judiciales, dos extrabajadores del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), un abogado y dos ciudadanos.

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Simón G. se desempeñaba como magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente en Materias no Penales y Adolescentes de Paján (Manabí), en diciembre de 2022, cuando dispuso la liberación de Daniel Salcedo Bonilla al considerar que en los cinco procesos penales en su contra había caducidad de la prisión preventiva.

Días después de su fallo, la Fiscalía lo denunció por prevaricato y, además, el Consejo de la Judicatura suspendió al magistrado por otro caso, por una presunta infracción gravísima en un proceso de inquilinato y por el que la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí dio paso a una investigación.

El funcionario judicial, detenido en el cantón Rocafuerte (Manabí), formó parte del Consejo de la Judicatura durante cerca de ocho años. En 2015 ingresó a esta institución como magistrado de primer nivel cuando se ampliaron los servicios en cantones de Manabí con la incorporación de cuatro jueces destinados a diferentes judicaturas de la provincia.

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Su salida de la dependencia judicial la registró en marzo de 2023, cuando presentó su declaración de bienes a Contraloría con un patrimonio de $ 3.001, monto que incluía una cuenta de ahorros con $ 1 y menaje de casa por $ 3.000. No figuran deudas y en sus activos ya no constaba el lote adquirido en 2017 en la provincia de Cotopaxi por $ 10.000, que sí fue detallado en su reporte del 2018.

En los últimos cuatro años suma cinco denuncias en su contra. Las últimas dos fueron en marzo de este año 2024, como sospechoso de prevaricato y sospechoso de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Mientras que en diciembre de 2022 y en 2021 consta como procesado en otras tres denuncias por el delito de prevaricato.

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El 25 de marzo, el exmagistrado cumplió con la presentación periódica en la Corte Provincial de Justicia de Manabí en una causa que se sigue en su contra por prevaricato. En la audiencia de formulación de cargos e inicio de la instrucción fiscal, efectuada en junio de 2023, se le dictó medidas cautelares de prohibición de ausentarse del país y presentación periódica, cada 15 días, desde el 7 de agosto de 2023.

En esta causa se ha convocado varias veces a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio desde diciembre de 2023. El pasado 8 de marzo no se realizó la diligencia por ‘motivos de salud’ y se la postergó para el 14 de marzo. No obstante, en el proceso judicial no se detalla si se efectuó o no esa cita.

El magistrado tiene otra causa en curso por presunto prevaricato, iniciado en octubre de 2023, por su fallo en un proceso de inquilinato. La audiencia de juicio se debía realizar el 7 de marzo, pero fue diferida porque su abogado alegó que necesita “tiempo prudente para estudiar el caso”. La nueva fecha se fijó para el próximo 20 de junio.

En total, son tres procesos judiciales que se siguen en su contra. Los dos por prevaricato y uno por ‘solicitud de declaratoria jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable’, iniciado por el SNAI el 15 de diciembre de 2022, días después de que dictaminó la liberación de Daniel Salcedo.

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María Pérez, directora legal (e) del SNAI de esa época, indicó que el exjuez habría recaído en una ‘falta de motivación’ para resolver la excarcelación de Salcedo y alegó que “en ningún momento el juez esclarece cuáles son los hechos fácticos que han devenido en la vulneración de derechos respecto del ciudadano Salcedo”.

En este caso, en febrero de 2023, la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí resolvió declarar con lugar la petición en contra del exmagistrado por su actuación y se procedió a devolver el expediente a la Unidad Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de Manabí.

En 2020, el exjuez fue detenido por conducir con límites altos de alcohol por la vía Pedernales-Jama y, tras la audiencia de flagrancia, se le dictó prisión por 30 días y suspensión de 60 días de su licencia, según detalló el jefe distrital de la Policía de Pedernales en ese año.

Antes, en 2016, su nombre aparece como sospechoso no reconocido por hurto: en 2014 consta como sospechoso de falsificación y uso de documento falso; y en 2011 figura como sospechoso no reconocido de accidente de tránsito. (I)

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