Una nueva diligencia prevista para esta semana en el caso Las Malvinas se postergó esta semana.
Este martes 16 estaba programada la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. El pasado 3 esta diligencia se instaló y suspendió. Previamente hubo tres diferimientos.
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En este caso están procesados 17 militares por la desaparición forzada de cuatro menores de Las Malvinas.
Por ello, la justicia busca determinar las circunstancias y responsabilidades respecto a la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven luego de ser aprehendidos por una patrulla militar y llevados a la zona de Taura, en Naranjal. Días después aparecieron sin vida en un río de la zona.
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Antes del inicio de la diligencia, este martes 16, la Secretaría informó que el juez Dennis Ugalde fue notificado de una demanda de recusación presentada el 1 de septiembre por parte de uno de los abogados de los militares.
Así lo informó el personal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que promueve la defensa de las familiares de las víctimas.
La defensa de los cuatro menores representada por el Comité de Protección de Derechos expuso que esta situación dilata el proceso y pone en riesgo que se acerque la caducidad de la prisión preventiva que pesa sobre 16 de los implicados. El plazo para esa medida terminaría el 31 de diciembre de 2024. El otro militar tiene medidas alternativas.
Personal del CDH explicó que de acuerdo con el artículo 25 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep), una vez notificada la recusación el juez pierde competencia para seguir sustanciando la causa principal hasta que se resuelva la recusación.
“La recusación se fundamenta en las causales 3 y 11 del artículo 572 del COIP: tener pleito o juicio con alguna de las partes dentro de los dos años anteriores (numeral 3) y haber dado consejos o manifestado opinión sobre la causa (numeral 11)”, se explicó por parte del CDH.
Por esta situación se informó que se remitirá el expediente del proceso a la sala de sorteos para la designación de un nuevo juez o jueza de la Unidad Judicial Penal.
El personal del CDH calificó esta recusación como una “maniobra dilatoria” que podría comprometer la integridad del proceso y genera riesgo la caducidad de la prisión preventiva para los militares procesados.
“Es una maniobra muy mañosa por parte de abogados de plantear una recusación nueve meses después faltando pocos meses para que caduque la prisión preventiva, es un litigio desleal que va en contra de la buena fe que debemos tener todos los abogados en un proceso judicial”, expuso Abraham Aguirre, parte de la defensa del CDH.
Para el CDH, las actuaciones del juez se han circunscrito a sus competencias propias de un juez penal dentro de la fase preparatoria y evaluatoria de juicio.
El CDH rechazó el accionar de la defensa de los militares, exigió al Consejo de Judicatura garantizar los procesos de graves violaciones de los derechos humanos para que no sean objeto de dilaciones injustificadas y tomar correctivos ante incidentes.
También se pidió que la Defensoría del Pueblo califique estas actuaciones, sobre todo la recusación, como “intentos deliberados de entorpecer el proceso” y además activar los mecanismos de protección correspondientes.
El 3 de septiembre anterior, en la instalación de la audiencia preparatoria de juicio, el juez Ugalde alertó de que se podría estar incurriendo en “maniobras dilatorias” tendientes a evitar el avance del proceso.
El CDH requirió que el juez que sustancia la recusación contra el juez penal titular del caso Las Malvinas también resuelva con sujeción a los principios de celeridad, economía procesal y responsabilidad que rigen la Función Judicial.
El ente prevé activar de oficio los mecanismos administrativos pertinentes para impedir la repetición de estas tácticas dilatorias y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas. (I)