Luego de la notificación oficial de la sentencia del caso Las Malvinas, los defensores de los militares involucrados presentaron recursos de apelación.
La condena ya había sido anunciada de forma oral el 22 de diciembre de 2025 en la audiencia de juicio, pero faltaba el documento escrito completo con lo resuelto en torno a la desaparición forzada de los cuatro menores retenidos el 8 de diciembre de 2024 en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
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El pasado martes, el Tribunal Cuarto de Garantías Penales notificó la sentencia escrita dentro del proceso.
En el juicio fueron procesados 17 militares: 16 recibieron sentencia y uno fue declarado inocente, siendo este último el coronel Juan Francisco I.
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La sentencia se desglosó de la siguiente manera: once militares fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión por el delito de desaparición forzada; otros cinco, que entregaron información durante la investigación, fueron sentenciados a 30 meses de cárcel.
Asimismo, mantiene la multa de 800 salarios básicos unificados para cada sentenciado y fija una reparación económica de $ 10.000, que cada uno deberá pagar a las familias. Además, dispone disculpas públicas y un acto en la base de Taura, donde se colocará una placa en memoria de los menores.
El abogado Jorge Haz, defensor del militar John Z., interpuso la apelación a la sentencia por no encontrarse conforme con esta.
Manifestó que el recurso será fundamentando en la audiencia convocada en su momento por la Corte Provincial de Guayas.
Lenin Chavarría, abogado del militar Ronald P., también hizo extensivo un pedido vertical de apelación a la sentencia.
A su vez, Manuel Francisco Cajo, abogado que defiende al militar David C., solicitó algo similar ante el tribunal y pidió una copia de audio de la grabación de la audiencia de juzgamiento.
El defensor consideró que los testimonios de cooperadores eficaces e informes periciales fueron contradictorios y que no se estableció si su defendido tenía el dominio del hecho.
De igual forma, argumentó que el tribunal habría tenido una valoración “incorrecta” de la prueba y que se “violentó” el derecho a la defensa.
“El alegato inicial de la Fiscalía lo realizó de forma general, se debe establecer que cada procesado es un sujeto individual con derechos y garantías”, expuso.
Los tres militares que han presentado recursos fueron parte del grupo sentenciado a 34 años de prisión en el grado de autores.
Por su parte, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil apuntó que estará “vigilante y haciendo incidencia para que se cumpla lo establecido en la sentencia”. (I)