En el tercer intento, este miércoles, 19 de febrero, se instaló la audiencia de apelación de prisión preventiva contra 16 militares involucrados en la desaparición forzada de los menores de Las Malvinas.
La diligencia se desarrolla en la sala 102 solo con la presencia del juez a cargo de la causa, mientras que el resto de las partes se conectaron de manera virtual.
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Los abogados del Comité de Protección de Derechos Humanos, que acompañan en la asesoría legal a los familiares de los menores, están en la diligencia de manera telemática en su oficina.
Asimismo, familiares de los menores siguen la diligencia en ese mismo sitio.
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Ellos esperan que se mantenga la medida de prisión preventiva en contra de los militares implicados en el caso. A su vez, los representantes de los militares exponen sus argumentos para revertirla.
Por ahora, los servidores militares se encuentran con prisión preventiva en Latacunga por el presunto delito de desaparición forzada.
A pocas horas de esta diligencia, el abogado Jesús Álava, parte de los defensores de los militares, expuso un video de los minutos previos a la aprehensión de los menores.
El abogado sostuvo que el audiovisual representa una prueba de que los defendidos fueron aprehendidos en flagrancia el 8 de diciembre de 2024. En el mismo, según Álava, se observa a dos de los menores escondidos debajo de un puente y luego uno de ellos intenta agredir a un transeúnte.
Fernando Bastias, integrante del equipo legal del CDH, cuestionó sobre qué delito se observa en el video y además ratificó que no hubo respaldo de informes que avalen la aprehensión de los menores.
Luego de cinco horas de diligencia, alrededor de las 13:00, el juez dispuso un receso.
El abogado Abraham Aguirre, integrante del CDH, detalló que en esta diligencia se ha dado la intervención de abogados de los procesados que han manifestado que la prisión preventiva “no es idónea”.
“Sin embargo de ello, no han fundamentado lo que exige el artículo 534 y 535 (Código Orgánico Integral Penal, COIP) a respecto de la revocatoria de prisión preventiva; esto es de fundamentar con elementos que vayan a permitir a disuadir al tribunal que la prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos fue dada en base a elementos que no fueron considerados”, dijo él a este Diario.
Él ratificó que la medida ha sido fundamentada y argumentada de conformidad con los artículos mencionados. Por ende, argumentó no se debería revocar la prisión preventiva.
Consideró como una ‘falacia’ que se sostenga que los militares “actuaron conforme la ley”, ya que al darse una aprehensión de los menores debieron ser sometidos a conocimiento de un juez y fiscal de justicia especializado para menores, detalló Aguirre.
Por ello, dijo, no se dio, ni han presentado informes que sostengan la retención ni autorización los dejaron abandonados en Taura, en el cantón Naranjal.
A las 15:00 se espera que se reinstale la audiencia para el juez ponente emita su resolución en relación a los recursos de apelación a la prisión preventiva que pesa sobre los militares.
Los familiares de los menores se mantienen atentos a las resoluciones en compañía de los abogados del CDH. Ellos no se han pronunciado.
Alrededor de las 15:00 se volvieron a conectar los abogados de ambas partes. Durante unas dos horas, los convocados expusieron más argumentaciones, réplicas y contrarréplicas.
Luego, el juez suspendió la diligencia. A las 10:00 de este jueves 20 para emitir su resolución por parte del juez.
En este caso, la reconstrucción de los hechos se aplazó por segunda ocasión, ya que aún queda pendientes al menos dos testimonios de un militar que entregó las prendas de los menores a la Policía y un testigo que inicialmente habló sobre alias “Momo” como presunto involucrado en el caso. (I)