El caso Goleada podría sumar nuevos implicados. Fiscalía busca que Fiorella Icaza Samán —esposa de Aquiles Alvarez—, su madre y otras tres personas más sean vinculadas dentro del caso que se mantiene en instrucción fiscal.
Para ello, el fiscal a cargo de la causa, Dennis Villavicencio, envió un oficio al juez Jairo García, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, para que se fije fecha y hora de la respectiva audiencia de vinculación.
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Similar pedido se hizo para nueve empresas asociadas con los procesados en el caso. Entre ellas figuran Grupo Alva 3 S. A., Ternape, Inmobiliaria Fiorema, comercializadora de combustibles Corpalubri y la compañía de petróleo y sus derivados Copedesa.
En el proceso judicial, el agente del caso ha dado detalles de la hipótesis que se maneja por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
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Por ahora, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Mario, así como el asambleísta Raúl Chávez y otras ocho personas son procesados y cumplen distintas medidas.
El alcalde Alvarez permanece en prisión por otros dos investigaciones judiciales por el caso Triple A y uso de grillete electrónico. En el caso Goleada se le levantó la medida de privación de libertad.
Según Fiscalía, el caso Goleada tendría relación con la dinámica de un grupo “criminal organizado” destinado supuestamente a seguir inyectando estos capitales ilícitos, así como por defraudación tributaria al Estado, cuya operatividad se inició en 2020.
Este grupo, según las indagaciones, habría formado una estructura empresarial destinada a viabilizar su actividad comercial en el negocio de combustible. Para ello, en la estructura se ubica a la empresa Terminal Naviero Petrolero (Ternape Petroleum S. A.) junto con una empresa registrada en Panamá y domiciliada en Guayaquil llamada Naviera Petrolera Flonap Overseas S. A.
Así, supuestamente mediante la utilización de las dos personas jurídicas se habría conseguido la obtención de réditos económicos indebidos, para lo cual se habría empleado el “desvío de combustible” desde el segmento naviero nacional al internacional, según Fiscalía.
De acuerdo a la indagación, la primera compañía compraba el diésel al Estado y lo vendía a precio real a embarcaciones con bandera internacional, recibiendo pagos directos en cuentas locales.
Según Fiscalía, la empresa de Panamá se habría usado como ‘fachada’.
En los registros judiciales, el agente de esa entidad expuso que ante la imposibilidad de registrar contablemente los pagos fruto de la venta internacional, los procesados, por medio de Ternape, registraron dichos valores como una deuda por pagar a Flonap Overseas S. A. (propiedad de los mismos hermanos Alvarez Henriques), bajo el argumento de que esta última no tenía cuentas bancarias en el Ecuador al estar registrada en Panamá”.
Con este movimiento, según el agente, se garantizaría la justificación de los depósitos.
Según Fiscalía, la cúpula habría decidido supuestamente ceder una supuesta deuda entre las compañías. Luego, esos valores habrían terminado a favor de los hermanos Alvarez, Aquiles y Antonio, y luego se habría decidido inyectar el capital a Ternape.
“En esencia, el dinero recibido por desviar diésel fue inyectado al sistema financiero nacional, generando un beneficio económico y un posicionamiento de la empresa mediante incrementos sucesivos de capital”, se detalla en los registros judiciales por ahora bajo investigación.
La misma dinámica, según las indagaciones, se habría aplicado con la empresa Corpalumbre, “dedicada a desviar diésel para venderlo a consumidores finales industriales, valiéndose del conglomerado empresarial para adquirir combustible subsidiado", de acuerdo con la Fiscalía.
Hubo el caso en particular de la empresa Ternape, con la cual se llegó a registrar una deuda de un millón de dólares, por la que supuestamente se habría resuelto incrementar el capital. “Todo esto se realizó por medio de la simulación y cesiones de deudas”, según Fiscalía.
Los recursos, con base en las indagaciones de Fiscalía, habrían estado bajo el dominio del grupo delictivo organizado, consolidado a través de la sociedad Grupo Alba Tres S. A., propietaria de las acciones del grupo comercial.
Según las indagaciones de Fiscalía, se detectó que los bienes bajo el grupo se habrían señalado para “pasarlos” a la inmobiliaria Fiorema.
Entre las compañías que se pretende vincular consta Fiorema, que tiene como accionista de esta empresa a Copedesa, según registros de la Superintendencia de Compañías.
El nombre de Icaza figuró en la inmobiliaria que ahora se pretende vincular al proceso. Según registros de la Superintendencia de Compañías, su nombre apareció como gerente, de noviembre de 2019 a junio de 2023, y presidente, de junio de 2023 a julio de 2024. A la fecha ya no figura en esos cargos.
Icaza ha ratificado que este caso se trata de una ‘persecución’ y que no hay evidencia que pruebe algún tipo de delito.
En este caso, el fiscal general (e), Leonardo Alarcón, descartó algún tipo de persecución en la vinculación de Fiorella Icaza y el resto de personas.
Adujo que el fiscal que lleva el caso solicitó una vinculación porque en el transcurso encontró elementos de convicción suficientes que le hicieron presumir que la esposa y la madre tienen que ver en este caso.
Dentro de los registros judiciales públicos de las diligencias desarrolladas hasta ahora, que constan en el portal de la Judicatura, el nombre de Icaza no ha sido mencionado en el supuesto ‘entramado’, pero sí la inmobiliaria.
Por ahora se espera que el juez establezca fecha y hora para la audiencia de vinculación. (I)