‘Así evitaremos que alquilen casas a cualquier persona’: urbanizaciones ajustan reglas internas para controlar alquileres y ventas de casas

Los residentes de urbanizaciones de Guayaquil y Daule han empezado a tomar medidas de seguridad que van más allá de pagar una mensualidad por guardias privados o instalar cámaras fuera de sus viviendas.Ante la alerta de vecinos que han reportado la presencia de inquilinos sospechosos en estos sectores privados, algunas administraciones han reformado sus estatutos para reforzar los requisitos tanto para arrendatarios como para compradores de inmuebles.El objetivo, según residentes, es velar por la seguridad de los propietarios, en medio de casos de inquilinos considerados sospechosos e incluso hechos violentos registrados en algunas urbanizaciones.En algunos casos, los cambios en las normas aún están en propuesta; en otros ya se aplican, mientras que en ciertas urbanizaciones la responsabilidad recae en los propietarios.En una ciudadela ubicada en la vía a la Costa, uno de sus representantes impulsa la creación de un reglamento que contemple la conformación de una comisión encargada de verificar la información de quienes buscan alquilar o realizar transferencias de dominio, bajo un procedimiento específico.Como parte de la propuesta, se plantea que los interesados autoricen la revisión de información disponible en portales públicos, redes sociales, reportes de prensa y registros oficiales, así como datos contables que permitan contrastar lo declarado por los solicitantes.Estos requisitos aplicarían tanto para el alquiler como para la compra y venta de bienes dentro de la urbanización. “Me interesa que todas las urbanizaciones en los alrededores hagan lo mismo”, expresó el representante.De no cumplirse con los requisitos, no se otorgarían facilidades como el uso de tags de acceso vehicular ni otros servicios que ofrece la asociación, como áreas sociales o canchas, de manera similar a las restricciones que se aplican a quienes no están al día en el pago de alícuotas.La medida aún no ha sido aprobada en asamblea. No obstante, los requisitos ya han sido revisados por abogados.El reglamento de seguridad está listo para su análisis por parte de los copropietarios, aunque también deberá contar con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ( Miduvi ).En otra urbanización de la vía a la Costa, un residente explicó que el principal filtro para el ingreso de nuevos habitantes recae en los propios propietarios de los inmuebles.“El primer filtro y el más fuerte pasa por los propietarios, que en algunos casos rentan sus viviendas y en otros las ponen a la venta. En cualquiera de estos casos deben asegurarse con quién realizan la negociación”, señaló.El morador indicó que, además de verificar los datos de los interesados, se recomienda formalizar el proceso ante la administración mediante una carta de autorización del propietario, en la que se detalle quiénes habitarán la vivienda y los vehículos que tendrán acceso.Esto, agregó, permite mantener un registro y una trazabilidad de las personas que residen en la urbanización.Asimismo, insistió que la responsabilidad principal de verificación recae en el propietario, mientras que la administración establece lineamientos y controles de registro en coordinación con el comité de seguridad.En una urbanización de Daule , una residente que forma parte de la directiva indicó que también se han establecido directrices para reforzar los controles sobre quienes buscan habitar en las viviendas.Según explicó, en su caso, se ha dispuesto a la administradora realizar consultas en la Fiscalía General del Estado , no solo para verificar antecedentes judiciales, sino también procesos en curso.Esta revisión, señaló, no se limita al postulante principal, sino que incluye a todos los integrantes que residirían en el inmueble.“Si encuentran algo, tienen que avisarle a la dueña de casa y no permitirle el acceso. Hasta el momento no han encontrado nada, pero sí lo están haciendo”, afirmó.La residente agregó que estas acciones buscan evitar que se arrienden viviendas sin una verificación previa . “Es la forma en la que evitamos que alquilen a cualquier persona”, expresó. (I)

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