Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, este 2 de junio hizo público el pedido al Ministerio del Interior y otros organismos de seguridad de medidas de protección para una alta funcionaria de la entidad que dirige.
Se trata de una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, describió él en un comunicado.
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Dentro de este requerimiento incluye las instalaciones del Complejo Judicial Norte, en Iñaquito, en la ciudad de Quito.
Este pedido se toma tras la ejecución del caso Blanqueo Fito, que dejó detenidos a seis familiares de José Adolfo Macías, alias Fito, que lleva adelante la Fiscalía.
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Esta solicitud responde a la conmoción social generada por el caso Blanqueo Fito, un proceso judicial que investiga presuntas operaciones de lavado de activos vinculadas a estructuras criminales de alto poder, expuso Godoy.
En ese contexto, dijo, se presume un riesgo para la administración de justicia y la estabilidad institucional en torno al desarrollo del caso, agregó.
En el mismo documento, Godoy asegura: Como parte de la función pública, “nos mantenemos un paso adelante frente a posibles ataques a la independencia judicial”.
“Nuestra responsabilidad es proteger a quienes imparten justicia y asegurar que los procesos se desarrollen sin presiones ni interferencias externas”, agregó.
En este proceso se investiga un presunto lavado de activos que vincula a cuatro empresas relacionadas con seis familiares del cabecilla de Los Choneros. (I)