Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, este 2 de junio hizo público el pedido al Ministerio del Interior y otros organismos de seguridad de medidas de protección para una alta funcionaria de la entidad que dirige.
Se trata de una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, describió él en un comunicado.
Dentro de este requerimiento incluye las instalaciones del Complejo Judicial Norte, en Iñaquito, en la ciudad de Quito.
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Este pedido se toma tras la ejecución del caso Blanqueo Fito, que dejó detenidos a seis familiares de José Adolfo Macías, alias Fito, que lleva adelante la Fiscalía.
Esta solicitud responde a la conmoción social generada por el caso Blanqueo Fito, un proceso judicial que investiga presuntas operaciones de lavado de activos vinculadas a estructuras criminales de alto poder, expuso Godoy.
En ese contexto, dijo, se presume un riesgo para la administración de justicia y la estabilidad institucional en torno al desarrollo del caso, agregó.
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En el mismo documento, Godoy asegura: Como parte de la función pública, “nos mantenemos un paso adelante frente a posibles ataques a la independencia judicial”.
“Nuestra responsabilidad es proteger a quienes imparten justicia y asegurar que los procesos se desarrollen sin presiones ni interferencias externas”, agregó.
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En este proceso se investiga un presunto lavado de activos que vincula a cuatro empresas relacionadas con seis familiares del cabecilla de Los Choneros. (I)
