El 38 % de crímenes registrados en Manabí en lo que va del 2022 se dieron en los dos meses de estado de excepción

Portoviejo Hasta el 29 de abril del año en curso, día en que el Gobierno nacional dispuso el estado de excepción en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí, en esta última jurisdicción se habían registrado 119 muertes violentas.Pero desde el 30 de abril hasta el 28 de junio, en Manabí se reportaron 73 muertes violentas, que sumadas a las 119 que había antes del estado de excepción suman un total de 192 crímenes en suelo manabita en menos de seis meses.Las 73 muertes violentas registradas en 60 días del estado de excepción (del 29 de abril hasta el 29 de junio) representan el 38 % del total de los crímenes que se han dado en la provincia.Es decir, casi cuatro de cada diez asesinatos o muertes violentas reportadas en Manabí hasta lo que va del año se dieron precisamente durante los dos meses del estado de excepción, pero hay más.Este dato de 192 crímenes en menos de seis meses está por igualar la cantidad de asesinatos registrados en todo el 2021, que fueron 197. La ola de asesinatos generó preocupación no solo en la ciudadanía, sino también en la misma Policía.En Manta, entre el 21 y 27 de este mes de junio se registraron seis muertes violentas, mientras que entre el sábado 25 y el lunes 27 de junio se produjeron tres crímenes a comerciantes informales, en Chone.Patricio Almendáriz, jefe del Distrito de Policía de Manta, señaló que uno de los inconvenientes que se afrontan tras un crimen es la poca información que brindan familiares o testigos de un hecho violento, por lo que pidió que ayuden al proceso de indagación, ya que lo pueden hacer de forma reservada.El ataque al estilo sicariato prima en gran parte de las 192 muertes suscitadas en Manabí en este 2022. Lucía Fernández, presidenta del Comité Interinstitucional de Manta y vicepresidenta del Comité de Seguridad de esta ciudad, indicó que este estado de excepción no ha funcionado en lo absoluto para beneficio de la seguridad en la provincia.Refirió que pese a las intenciones del Gobierno, los crímenes continúan en esta provincia y aquello preocupa porque incide en la llegada de inversiones tanto en los sectores inmobiliario como industrial que reconocen al eje Manta, Montecristi y Jaramijó como atractivo por el capital humano preparado que existe.“Poco ha servido (estado de excepción), más bien la experiencia que hemos tenido fue como un trabajo en el tema de seguridad trayendo a grupos élites a la provincia y otros grupos especiales que el Gobierno debe permitir. No recuerdo que en estos dos meses de estado de excepción el Comité de Seguridad de Manta se reuniese para tratar este tema, tal vez el señor alcalde tenga una agenda propia para llevar adelante este programa”, expuso Fernández.Orlando Ponce, presidente de la Junta Cívica de Portoviejo, considera que el estado de excepción decretado por dos meses en Manabí no ha dado los resultados que se esperaban, porque señaló que en estos meses incluso asesinaban “en combo” a personas.“Aquí hay que hacer cambios en todo, desde autoridades que no nos representan y el microtráfico que está provocando estas muertes, porque eso que dejó el expresidente Rafael Correa de portar una porción de estupefacientes debe ser revisado”, comentó Ponce.En tanto que Alvin Vera, activista social del cantón Pedernales, en el norte de Manabí, indicó que la presencia de militares generó algo más de seguridad en esta localidad.“Sabemos que el país está en crisis de inseguridad y que esto llevará su tiempo para que el Gobierno llegue a controlar a las principales bandas delincuenciales que nos tienen amedrentadas a diferentes ciudades del país”, señaló Vera.El pasado 22 de junio en Portoviejo se desarrolló una marcha por la seguridad y para exigir obras al Gobierno central. Patricia Briones, presidenta del Frente Cívico de Manabí, cree necesario que el presidente Guillermo Lasso conozca la realidad de esta provincia, que los crímenes no han cesado.Este Diario solicitó entrevistas con Juan Francisco Núñez, gobernador de Manabí, y representantes de la Policía Nacional en esta provincia, pero se informó que estaban en reuniones. (I)

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