Con una careta en forma de oso de anteojos sobre una mesa y tomados de las manos y con la frase cuatro veces sí, grupos ecologistas celebraron su victoria en la consulta popular sobre el Chocó Andino.

El domingo, 20 de agosto, no solo hubo elecciones presidenciales y legislativas, sino también dos consultas populares sobre el Yasuní ITT y acerca del Chocó Andino, esta última únicamente en la capital.

La Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) como una zona de conservación y desarrollo sostenible en 2018.

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Cómo es el Chocó Andino, la zona que está en medio de una consulta popular sobre minería

Balneario La Chorrera, en el río Chirapi, en la parroquia Pacto, ubicada en el Chocó Andino. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

La zona del Chocó Andino, según el Gobierno, tiene una extensión de 286.000 hectáreas, que representan el 30,31 % del territorio de Pichincha. Posee una concentración de flora y fauna que incluye especies emblemáticas, como el oso de anteojos, el zamarrito pechinegro, el gallo de la peña, olingos, tigrillos e infinidad de insectos, anfibios y reptiles.

Sobre el Chocó Andino hubo cuatro preguntas acerca de si la ciudadanía está o no de acuerdo con prohibir la minería metálica a gran escala, mediana escala, pequeña escala y artesanal en el Chocó Andino de Quito. Esto en seis parroquias del noroccidente de Pichincha: Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea y Calacalí.

Con cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta las 12:45 de este lunes, 21 de agosto, el sí obtuvo en promedio en las cuatro preguntas el 68 %, mientras el no alcanzó el 31 %.

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Papeleta para la consulta popular, en donde se pregunta sobre la explotación de la minería metálica en la mancomunidad del Choco Andino. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Ivonne Ramos, vocera de Acción Ecológica y de la campaña Quito Sin Minería, lo vio como una oportunidad para combatir el climático con la conservación del bosque andino.

Inty Arcos, coordinador de la mancomunidad del Chocó Andino, agregó que la reserva ecológica provee de agua para varios sectores de Quito, pero también regula el clima en la capital y provee alimentos.

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Mencionó que en las parroquias de Gualea y Pacto son en las que hay más presión de empresas mineras.

Fred Larreátegui, abogado ecologista, dijo que se mantendrán atentos al cumplimiento del pronunciamiento popular.

Indicó que hay procesos en la Fiscalía por destrucción patrimonial arqueológico en la zona de Pacto al que darán seguimiento.

Los habitantes del sector de Santa Teresita, en Pacto, están en contra de la explotación minera. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

En el Chocó Andino hay doce concesiones mineras otorgadas y ocho en trámite, pero para Larreátegui estas últimas ya no deberían ser aprobadas por el Estado.

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La minería -explicó el jurista- pasa por fases: prospección, exploración inicial, exploración avanzada, autorización para la explotación. A criterio de Larreátegui, la ciudadanía ha prohibido la explotación con lo que las concesiones aprobadas ya no podrían pasar a esa fase.

En caso de que ello no se cumpla anunciaron que interpondrían acciones constitucionales y administrativas.

Tras la consulta popular, para Ramos se deberían suspender todas las concesiones que habían sido otorgadas a las empresas actuales y futuras.

“Ni contratos ni permisos, por lo tanto las empresas tienen que ir haciendo maletas y haciendo planes de abandono adecuados, no pueden ir haciendo huecos”, sostuvo Ramos.

Turismo minero, la apuesta de algunos moradores del Chocó Andino para desarrollar zona rodeada de vida silvestre que está en medio de consulta popular

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, indicó que recibieron con preocupación los resultados electorales, pues adujo que prohibir su actividad, que es formal, no acabará con amenazas como la minería ilegal, el tráfico de especies, la tala ilegal ni habrá solución al precario o inexistente tratamiento de aguas servidas que afectan a los ríos de la zona.

Responsabilizó al colectivo Quito Sin Minería y a otros grupos afines de las consecuencias que tendrá el sector como la precarización de la economía.

Aseguró que las doce concesiones mineras otorgadas por el Estado están en estatus de exploración, seguirán trabajando y les han facultado a efectuar cada una de las fases mineras porque los efectos de la consulta popular son a futuro y el Chocó Andino estará cerrada para nueva concesiones y por lo tanto para nueva inversión. (I)