La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, tiene tres días contados desde la notificación para apelar la sentencia del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Guillermo Ortega, que le quitó sus derechos políticos por supuestamente cometer violencia política de género en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld.
El artículo 214 del reglamento interno de trámites del TCE señala que el juez que llevó el caso tiene que aceptar la apelación y en un día derivarla a la secretaría de la institución para que se realice el sorteo del magistrado ponente, que elaborará un borrador de sentencia para que este sea tratado en el pleno.
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Una vez recibida la apelación, el juez sustanciador admitirá a trámite el recurso legal y a través de una providencia convocará al pleno y notificará a las partes, según señala el artículo 215.
El pleno del organismo tiene diez días para resolver el tema.
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Además de retirarle los derechos políticos por dos años, el juez le impuso a la mandataria una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados ($ 14.100) y, como medida de reparación integral hacia la canciller, le ordenó que, dentro del plazo de 30 días luego de ejecutoriada la sentencia, ofrezca disculpas públicas a la accionante mediante una publicación, a su costa, en un diario de amplia circulación a nivel nacional en la que conste la parte resolutiva de la sentencia.
En su fallo, el juez consideró que la suspensión de los derechos políticos de la persona agresora es una medida que se justifica “para resguardar el bien jurídico de la igualdad política y la no discriminación en la contienda y en el ejercicio de funciones públicas”.
A su vez, agregó que la capacidad económica y la condición jerárquica de la infractora, que ostenta uno de los cargos más elevados de la Función Ejecutiva, permiten la imposición de una multa acorde con la gravedad de los hechos (violencia política de género), más aun cuando el propósito de la sanción económica “es la disuasión y la corrección de conductas más que el mero castigo económico”. (I)