La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, interpuso una acción de protección con medida cautelar en contra del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General del Estado. El proceso judicial fue ingresado este jueves, 19 de septiembre de 2024, a las 16:08.
El pedido de Abad recayó en el despacho de la jueza Gloria Mayorga. El caso se tramitará bajo las garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales. El contenido completo de la petición judicial de la vicepresidenta Abad no es público. Sin embargo, en el sistema de la Judicatura se conoció que el documento de petición tiene 64 fojas.
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Esta acción de protección de Abad se da nueve días después de que se conociera que el Ministerio del Trabajo inició un sumario administrativo en contra de la segunda mandataria. El 10 de septiembre de 2024, la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo solicitó a la Dirección de Talento Humano de la Vicepresidencia un informe técnico motivado sobre el “presunto incumplimiento de la servidora pública”.
El proceso en el Ministerio del Trabajo se da porque aparentemente habría incumplido la orden emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de llegar a Ankara (Turquía) antes del 1 de septiembre. Verónica Abad llegó el lunes 9.
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Ante esto, Abad también ha pedido a la Asamblea que fiscalice a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y a la canciller Gabriela Sommerfeld, por supuesta “persecución política”.
Mediante el oficio DACC-1709-2024, Abad indicó que hace el pedido con base en el art. 66, numeral 23, de la Constitución, que reconoce “el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas”.
Los antecedentes para solicitar la fiscalización contra las dos ministras del gabinete de Daniel Noboa, según Abad, son desde los decretos ejecutivos que la nombraron, primero, embajadora, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina; luego, el que dispuso que permanentemente esté físicamente en la oficina consular en Tel Aviv bajo la idea de precautelar el buen uso del gasto público; y, finalmente, en el que la asignó embajadora en Israel. Estas acciones, dice, constituyen un trato persecutorio y denigrante en su contra desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. (I)