Para una nueva fecha se convocará la reinstalación de la audiencia de práctica de prueba en la denuncia por presunta infracción electoral que enfrenta la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas.
La mañana de este viernes, 18 de octubre de 2024, se instaló en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito, una audiencia pública como parte del trámite de una denuncia por presunta precampaña o campaña anticipada de la que se acusa a la segunda mandataria, Verónica Abad.
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La jueza y presidenta del TCE, Ivonne Coloma Peralta, quien despacha la causa, atendió un escrito ingresado en la mañana por Abad, en el que pedía que se anule o difiera la diligencia por falta de citación.
En ese sentido, Coloma suspendió el acto y dijo que se convocará oportunamente de la nueva fecha.
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Verónica Abad, además de vicepresidenta, es embajadora por la paz en el Estado de Israel y fue trasladada a Turquía debido a la escalada de tensiones en los países del Medio Oriente. Esa función la ejerce por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azín.
Sobre esa base, la autoridad alegó que no ha sido citada oficialmente con la convocatoria a la audiencia, por lo que solicitó que se declare la nulidad de lo actuado y se retome desde la primera citación; adicionalmente, que se difiera, pues designó tres abogados para su defensa y requerían tiempo para conocer el expediente.
Este proceso por infracción electoral lo inició el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Guarderas de forma paralela al distanciamiento entre Abad y Daniel Noboa. Este último busca los mecanismos legales para inhabilitarla en el ejercicio de sus funciones y no tener que encargarle el Gobierno en el caso de que pida licencia para hacer campaña electoral en enero, ya que es candidato a la Presidencia en los comicios generales de 2025.
El consejero asegura que la vicepresidenta habría hecho campaña anticipada cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca en las elecciones seccionales de febrero de 2023.
La precampaña es considerada una infracción grave que se sanciona en el Código de la Democracia con multas que van desde once salarios básicos hasta 20, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
Guarderas pide su destitución del cargo. (I)