Una protesta antiminera llegará a Quito y se replicará en las capitales de las 23 provincias el próximo 13 de junio, promovida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Antiminero.

La Conaie y el Frente Antiminero, junto con colectivos de la sociedad civil anunciaron que el próximo martes, 13 de junio, se manifestarán en Quito y en las cabeceras cantonales para protestar en contra del Decreto Ejecutivo 754 que suscribió el presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, en el que reforma el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

Esta se denominará Marcha para la entrega del mandato del 12 de enero por la defensa de la vida, cuyo objetivo es expresar su rechazo a la militarización de los territorios en los que hay concesiones mineras.

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Pero además, para rechazar el Decreto Ejecutivo 754 que firmó Lasso el pasado 31 de mayo y que reforma varios artículos del reglamento para la aplicación del Código Orgánico del Ambiente, esencialmente en aspectos relacionados con la consulta ambiental y la participación ciudadana de los habitantes de las zonas en las que se planean estudios para las concesiones de recursos naturales no renovables.

Este miércoles, 7 de junio, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, junto con varios activistas y habitantes de zonas mineras anunciaron que el próximo martes entregarán a las autoridades de los gobiernos seccionales: alcaldías, prefecturas y gobiernos parroquiales, este ‘mandato’ para exigirles que asuman el control de los territorios.

En tanto, en la ciudad capital, la marcha llegará hasta la Corte Constitucional (CC), a la que entregarán una demanda de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo presidencial.

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Leonidas Iza recriminó a Guillermo Lasso que este documento que reforma el reglamento al Código lo emitió aprovechando la “ausencia” del pleno de la Asamblea Nacional, que fue disuelta el 17 de mayo por grave crisis y conmoción interna.

Esta medida que adoptó el primer mandatario amparándose en el artículo 148 de la Constitución le permite emitir decretos leyes de urgencia económica y aquellos que son de su competencia.

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No obstante, a criterio de Iza, el primer mandatario reformó esa normativa “luego de la muerte cruzada”, actuando “en contra de la Constitución, las leyes” y los instrumentos internacionales. “Ahora, en ausencia de la Asamblea Nacional intenta poner decretos para el ingreso de las empresas transnacionales”, increpó el dirigente indígena.

Añadió que esa normativa “confunde la consulta ambiental con la consulta libre e informada para los pueblos y nacionalidades, regulando con un reglamento el derecho a la consulta previa, cuando la Constitución ordena que se haga mediante una ley”.

A propósito de esta marcha, los activistas recordaron que en este mes de junio se cumple un año de la paralización de 18 días del 2022 que terminó con la instalación de un diálogo nacional con el Gobierno, que dejó un “quinto acuerdo para la lucha en contra del extractivismo” y que se incumplió, pues no se elaboró una propuesta de ley para viabilizar la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades.

Iza y Pedro Bermeo, promotor de la consulta popular para evitar la extracción del petróleo en el bloque 43 del Yasuní ITT, pidieron a los actores políticos ‘bajarse de esa plataforma de lucha’, en lo que será la campaña electoral por las elecciones presidenciales y de asambleístas anticipadas convocadas para este 20 de agosto.

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Para esa misma fecha, el CNE incorporaría una papeleta electoral para la consulta popular por el Yasuní y, frente a ese escenario electoral, Iza lanzó una advertencia al precandidato presidencial Yaku Pérez Guartambel.

“Pedimos a los candidatos que si no van a ser coherentes con lo que dijeron cuando estaban luchando en contra de la minería, ahora ¡no abran la boca! Les hemos escuchado, como al señor Yaku Pérez, cuando luchaba en un momento por la defensa de la vida, del agua, incluso se hizo criminalizar y ganó referencia política, y ha dicho que va a respetar las concesiones mineras... Las concesiones mineras y petroleras en el país son ilegales porque nunca respetaron la consulta previa, libre e informada. Les pedimos que no politicen este tema, porque están montándose en las luchas de los dirigentes sociales. Se ha dicho no a la minería”, enfatizó Iza.

Por su parte, Pedro Bermeo aseguró que esta consulta “no es una declaración en contra de nadie, sino para la defensa del mundo”.

El decreto emitido por Lasso consta de 36 páginas y 9 artículos que reforman varios aspectos sobre la consulta ambiental para proyectos extractivos e incorpora transitorias.

Una de ellas, en la que dispone que “todos los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico que se registraron en el Sistema Único de Información Ambiental hasta el 11 de octubre del 2021″ ejecutarán el proceso de participación ciudadana de acuerdo con las normas vigentes al momento del registro, para cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional. (I)