Pese a que en la sala principal del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) estaba todo listo para que en el cuarto intento se instale la audiencia de juzgamiento contra once acusados de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres, la tarde de este lunes, un esguince en el tobillo derecho del abogado defensor de Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, impidió que la diligencia se instalara. El escrito con el pedido de diferimiento ingresó de forma virtual a las 10:22 de este 14 de marzo, argumentando que David Vaca es el único abogado de Celi y acompañado de un certificado médico público.
El presidente del Tribunal de Juzgamiento, el juez Walter Macías, anunció que de forma unánime, junto con sus compañeros de sala, los conjueces Mauricio Espinosa y Adrián Rojas, decidieron que la diligencia se instalará el viernes 18 de marzo próximo a las 09:00.
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La fiscal general, Diana Salazar, indicó que la dolencia argüida por la defensa de Esteban Celi no le impedía conectarse por vía telemática para dar continuidad a la audiencia. Ante ello pidió a la sala que imponga una sanción al abogado y además señaló que se apliquen las normas relacionadas con las dilaciones que buscan que se caduque la prisión preventiva. Macías no dio paso a ninguna de las peticiones, aun cuando reconoció que la defensa de Esteban Celi sí habría podido conectarse a la diligencia usando la vía telemática.
Con la inclusión al Tribunal de Juicio del caso Las Torres del conjuez temporal Espinosa, quien proviene de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CNJ, se esperaba que arranque, luego de tres intentos fallidos, la audiencia de juzgamiento de once de los trece acusados por el delito de delincuencia organizada.
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Espinosa fue designado el 9 de marzo último como remplazo de la jueza penal Daniella Camacho, magistrada recusada por la fiscal general, Diana Salazar, por mantener una “amistad íntima” con el excontralor Celi. Justamente el tratamiento de tres excusas y dos recusaciones a conjueces y una jueza de la CNJ retrasó la conformación del Tribunal de Juicio.
La tarde de este lunes, la integración del Tribunal no fue impugnada por ninguna de las partes procesales, por lo que se entendería que finalmente Macías, Rojas y Espinosa analizarán las pruebas que presentarán las partes en una causa que investigó un delito ocurrido, entre el 2017 y el 2020, en la Contraloría General del Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno.
La diligencia en la que al final se resolverá si el excontralor Celi, su hermano Esteban, Adolfo Agusto Briones y ocho personas más son declaradas culpables o inocentes del delito de delincuencia organizada, se dará contra reloj en lo que respecta a la caducidad de la prisión preventiva que pesa sobre los dos Celi y Agusto Briones. Si llega a cumplirse el año sin sentencia, los tres saldrían de la Cárcel 4, en Quito, y se les impondrían otras medidas cautelares.
Sobre este tema, David Vaca, defensor de Esteban Celi, la misma mañana de este lunes, minutos después de solicitar el diferimiento por temas médicos, pidió que en el momento en que se instale la audiencia de juzgamiento se revise la legalidad de la detención de su cliente, la cual está vigente desde abril de 2021. El Tribunal no rechazó de plano la solicitud, pero la declaró improcedente, pues, dijo Macías, deberá darse la instalación de la audiencia para en ese momento dar una respuesta.
También la mañana de este lunes, Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, presentó un pedido para que se señale día y hora para que se realice una audiencia en la que se revise la orden de prisión preventiva que, dijo, pesa “injustamente” en contra del exfuncionario público. La respuesta dada al pedido fue que por escrito y dentro del proceso el Tribunal dará contestación a lo que busca Celi.
Macías dispuso para el viernes próximo la iniciación del juzgamiento, haciendo la salvedad de que se resolverá el planteamiento de suspender la diligencia hecho por Pablo Encalada, abogado del procesado y exgerente de Petroecuador Pablo Flores, debido a que su esposa está por iniciar la labor de parto para el nacimiento de su hijo y él tiene el derecho constitucional de estar presente.
Encalada, antes de la instalación de la audiencia, informó al Tribunal de esta situación personal que vive y del derecho dispuesto en la Constitución que le asiste para estar en el nacimiento de su hijo. Solicitó a los magistrados que en el momento que se inicie ese proceso de parto, que podría ser a partir del próximo miércoles, se suspenda el juzgamiento, por al menos quince días, hasta que él pueda retomar la diligencia.
Advirtió Encalada que Flores, pese a tener otro abogado, su cliente solo le tiene a él como el profesional de confianza. Los jueces señalaron que eso se resolverá en su debido momento, una vez que se informe del nacimiento.
A finales de enero pasado, el juez Felipe Córdova llamó a juicio a trece personas, sobre las que dijo existían sobradas presunciones de su participación como líderes y colaboradores de la “estructura delictiva” descrita por la fiscal Salazar. De los trece, solo once estarán presentes en el juzgamiento: Roy Calero y Pedro Saona no lo harán, pues se mantienen prófugos de la justicia.
Sobre estos hechos irregulares, la Fiscalía inició una investigación previa a mediados de 2019, luego que Roberto Barrera y José Luis De la Torre fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos.
La teoría que maneja la Fiscalía señala que los trece acusados fueron parte de un grupo estructurado compuesto por funcionarios públicos de nivel directivo de Petroecuador, la CGE y la Secretaría de la Presidencia y colaboradores públicos y privados, para obtener beneficios económicos a través del desvanecimiento de glosas y la facilitación del pago de recursos a empresas privadas como Nolimit C. A.
Justamente los beneficios económicos que esperaba esta estructura debían venir de Nolimit, empresa que tenía varios contratos con Petroecuador y a la que el Estado le adeudaba $ 20,3 millones. Al tener conocimiento de la cantidad adeudada, sostiene la Fiscalía, la “estructura delictiva” pretendía hacerse del 20 % de dicho monto por cancelar.
Para Salazar, los líderes de este “grupo delictivo” fueron el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores; y los colaboradores, Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones, hermano del también procesado en esta causa y fallecido exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones.
Tanto Pablo Celi como Pablo Flores al ser acusados como los líderes de la organización podrían enfrentar una pena de siete a diez años de cárcel, pues se los acusa del delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los once acusados restantes señalados como colaboradores enfrentarían penas de cinco a siete años de prisión, debido a que se los acusa por el mismo artículo 369 del COIP, pero por el inciso segundo. (I)