Una extensa jornada transcurre en una de las salas del Complejo Judicial Norte en Quito, en el segundo día de audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso Triple A, que investiga la Fiscalía General del Estado.
Este sábado, 14 de junio de 2025, el juez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, Renán Andrade, reinstaló desde las 09:00 la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Triple A, en el que son procesadas 22 personas —16 naturales y seis jurídicas— por el delito de almacenamiento, distribución, comercialización ilegal de combustibles.
A la audiencia asiste presencialmente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien es uno de los sospechosos en esta causa.
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Durante la mañana, el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Leonardo Alarcón, expuso varios elementos de convicción que sustentarían la teoría de que se incurrió en este delito y que serán parte de su dictamen acusatorio.
Entre estos refirió la conexidad de procesados como Javier Fernando V. H.; Ricardo José C. A.; Carolina del Rocío T. C.; Monserrat V. O.; Lady Juliana C. T.; José F. M., con las empresas investigadas.
De acuerdo con la indagación, se “contaminó” el dinero que ingresaba en el procedimiento de comercialización de combustibles lo que configuró la tipología de una “actividad ilícita” que habría dado, aparentemente, “legalidad a las operaciones” y, esto a su vez, impidió la intervención de los órganos de control, señaló Alarcón.
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Durante su exposición, refirió que estos hechos contenían los verbos rectores que dieron paso a la infracción.
El abogado defensor del alcalde, Ramiro García Falconí, le cuestionó cuáles eran esos verbos rectores porque no había quedado claro.
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El fiscal se irritó, pero le enumeró que eran almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución.
Esa observación dio pie a que otro de los abogados defensores pidiera que se individualice la acusación para cada uno de los procesados y evitara que se vulnere el derecho a la defensa.
No obstante, el juez dispuso que la diligencia continúe.
Pasado el mediodía, Alarcón empezó a detallar los hechos que vincularían al alcalde de Guayaquil en este proceso.
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Entre ellos, que es directivo de la empresa Copedesa S. A., que es una de las personas jurídicas parte de esta investigación.
La diligencia se suspendió por una hora, pero continuará durante la tarde y se extenderá por varios días.
El 16 de diciembre de 2024 se inició la instrucción fiscal en el caso Triple A en contra de Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A.
En abril pasado, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Alvarez y a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A.
En mayo se completaron los 120 días de instrucción fiscal y con base en su investigación, el fiscal sostiene que existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. (I)
