El tribunal de garantías penales especializado en corrupción y crimen organizado dispuso, este 22 de marzo de 2026, el traslado a la Unidad Judicial de La Libertad de dos procesados por el caso Triple A, Aquiles Alvarez y de César Bravo, para continuar con la audiencia de juzgamiento.
Los jueces tomaron esta decisión por los problemas técnicos y de desconexión ocurridos durante la mañana de este domingo en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, hasta donde se trasladaron los abogados Ramiro García y Fernando Chávez, defensas técnicas de los dos procesados, en su orden.
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Este domingo, el tribunal reinstaló la audiencia a las 08:35, pero el abogado Fernando Chávez pidió la palabra para advertir falta de garantías para ejercer la defensa técnica de su cliente, pues no tienen acceso a conexión a internet y más facilidades. En tanto que el abogado García argumentó que no se permitió el acceso de sus dispositivos móviles, por lo que no están en igualdad de condiciones, y que tampoco se permitió el ingreso de una tablet que contiene los 324 cuerpos del proceso.
La audiencia se suspendió a las 09:23 para deliberar luego de escuchar a los abogados y a las partes sobre la situación de conectividad.
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El juez ponente Jorge Sánchez Pico a las 11:59 reinstaló la audiencia y señaló que el tribunal ha constatado de manera objetiva una interrupción constante del audio y una conexión telemática deficiente.
Y que esas fallas técnicas impiden comprender con claridad los argumentos y afectan el normal desarrollo del debate probatorio que requiere esta etapa de juicio.
Además dijo que el tribunal ha escuchado los pronunciamientos de todas las partes y tomado nota de la preocupación legítima de la Fiscalía General del Estado y de las acusaciones particulares respecto al caso.
Y, en vista de que se debe garantizar la celeridad del proceso y la obligación de garantizar que este se desarrolle sin vicios que puedan traer novedades posteriores, asegurando las condiciones mínimas para el ejercicio del derecho a la defensa y a la comunicación libre y privada, el tribunal suspendió momentáneamente la audiencia y anunció que esta se reinstale a las 15:00; y, para ello, dispuso que el SNAI y la Policía Nacional de manera inmediata y bajo estrictas medidas de seguridad procedan con la movilización de los procesados Aquiles David Alvarez Enríquez y César Emilio Bravo Ibáñez desde el Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1 hacia las instalaciones de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón La Libertad.
También dispuso que las defensas técnicas de los procesados, junto con sus respectivos equipos, se movilicen a la Unidad Judicial, lugar donde se ubicarán de manera conjunta con los detenidos, permitiendo el contacto directo y necesario para el desarrollo de la audiencia.
El tribunal además ordenó que se oficie de manera urgente a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena y a la coordinación de dicha unidad judicial para que se asigne y admita de forma inmediata una sala de audiencia de la unidad judicial penal con sede en el cantón La Libertad, con conexión estable para el desarrollo de la diligencia.
Los jueces del tribunal dejan constancia de que esta situación es insostenible y la audiencia no puede continuar bajo esas condiciones. Además dejó establecido que el retraso generado no es imputable al tribunal, a la administración de justicia ni a las partes procesales, sino que obedece de manera exclusiva a una parte administrativa del SNAI.
(I)