Una vez la jueza anticorrupción Consuelo Tapia, parte del Tribunal de Juicio del caso Encuentro, resolvió negar la excusa presentada por los también jueces Víctor Barahona y Kevin Cabezas, la Sala quedó conformada para avanzar a la audiencia de juzgamiento respectiva contra el abogado guayaquileño Leonardo Cortázar y la empresaria Karen C.
Ambos fueron llamados a juicio en 2024 junto a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso; Antonio Clemente Icaza Morla, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); y los también empresarios Gabriel Massuh y Ericka F.
Publicidad
En el caso Encuentro se procesa una red de corrupción que tenía como objetivo obtener réditos económicos de empresas públicas. Para la fiscal del caso, Liuzmila Lluglla, esta estructura estaba liderada por Danilo Carrera y Rubén Cherres, empresario asesinado en 2023 en Santa Elena, y que habría contado con la colaboración de funcionarios públicos y privados.
Solo Carrera e Icaza llegaron a la etapa de juzgamiento. En noviembre de 2025, los jueces anticorrupción Barahona (ponente), Cabezas y Tapia sentenciaron en Encuentro como autores directos del delito de delincuencia organizada, a ambos. Carrera recibió una pena de diez años de cárcel, al ser ubicado como líder, e Icaza fue condenado como cómplice a una pena agravada de nueve años y cuatro meses de prisión, pues se le tomó en cuenta el haber sido funcionario público al momento de cometer los actos de corrupción.
Publicidad
Para el resto de procesados se les suspendió el juicio, ya que la delincuencia organizada es un delito que no puede ser juzgado en ausencia y los restantes cinco acusados mantenían situaciones distintas respecto a su ubicación.
Luque se encontraba —y se encuentra— en Argentina con un proceso de extradición a cuestas; Cortázar estaba en Panamá con una situación similar; Massuh en 2025 fue detenido en Colombia con el fin de ser extraditado, pero fue liberado el 9 de diciembre de ese mismo año por autoridades colombianas y mantiene condición de refugiado; Ericka F. está ubicada como prófuga de la justicia y Karen C. mantiene presentación periódica dos veces por semana hasta que complete su periodo de gestación, luego de lo cual se procederá con la etapa de juzgamiento.
La etapa de juzgamiento para Leonardo Cortázar y Ericka F. se activa una vez el primero fue extraditado desde Panamá y llegó a Ecuador el 10 de febrero pasado y la empresaria completó su periodo de gestación bajo la medida de presentación periódica.
Cortázar, quien se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, y Massuh dentro de la trama de corrupción de Encuentro son ubicados por la Fiscalía como operadores del empresario asesinado Rubén Cherres; mientras que la empresaria Ericka F., al igual que Karen C., es ubicada en la causa como supuesta beneficiaria de contratos en el sector eléctrico.
El grupo investigado, según la fiscal Luzmila Lluglla, habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas a empresas del Estado, todo con la finalidad de obtener réditos económicos.
La jueza Tapia en el tema de las excusas concluyó que no se configura el presupuesto legal exigido para la procedencia de la excusa y anotó: “Se ha verificado que los jueces Kevin Cabezas y Víctor Barahona (...) conservan competencia conforme a la normativa aplicable. Tras efectuarse una revisión tanto de la imparcialidad subjetiva como objetiva, no se ha evidenciado vulneración al principio de imparcialidad por el hecho de haber conocido previamente la situación jurídica de otros procesados en la misma causa”.
Negados los pedidos de excusa, al no haberse acreditado que los jueces solicitantes se encuentren incursos en las causales previstas en la norma, se señaló que para la etapa del juicio se cuente como sujetos procesales a la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, Cortázar y Ericka F. con sus defensas y un representante de la Defensoría Pública.
La pena contra Danilo Carrera y Antonio Icaza
Un año y cinco meses después de la sentencia emitida en el caso Encuentro contra Danilo Carrera y Antonio Icaza el Tribunal Anticorrupción de Apelación sorteado convocó para el 9 de abril próximo a las defensas de los acusados a una audiencia en la que fundamenten su apelación contra la condena de primera instancia.
El 20 de noviembre de 2024, por unanimidad, los jueces anticorrupción de primer nivel los sentenciaron a Carrera e Icaza. La Sala de Juicio notificó la sentencia por escrito en 355 fojas el 8 de octubre de 2025, es decir, 322 días después de conocida la resolución oral.
Además de las condenas de cárcel, en la sentencia por escrito se ratifica la multa para cada uno de los dos condenados: 40 salarios básicos unificados (SBU) ($ 18.800), para Carrera; mientras que para Icaza, 20 SBU ($ 9.400). Se definió una reparación integral de $ 682.188,08 que deben ser pagados por cada uno de los condenados.
Respecto a la reparación integral económica, se aclara, se habría identificado que el perjuicio ocasionado probado en la audiencia suman $ 4′775,316,59, los cuales fueron otorgados a una persona natural y a tres consorcios que estaban vinculados a la misma red de corrupción. (I)