Tres hechos clave registrados en la Asamblea Nacional sustentan la tesis de un acuerdo político entre el Gobierno y el correísmo

Al menos tres decisiones clave tomadas en la Asamblea Nacional, en los últimos cinco meses, para algunos legisladores configurarían un pacto político entre el gobierno de Guillermo Lasso y el correísmo, cuyo punto máximo ha sido la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, aunque el oficialismo lo niega, al igual que los legisladores correístas.

El primero de estos temas tiene relación con la posición que tuvieron los 48 asambleístas del bloque Unión por la Esperanza (UNES), el 26 de noviembre de 2021 a las 19:25, cuando en la sesión plenaria 743, se abstuvieron en la moción que presentó la legisladora Mireya Pazmiño (Pachakutik), para negar y archivar el proyecto para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal llamada ley tributaria.

Esa decisión permitió que el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 29 de noviembre de 2021, disponga la publicación como decreto-ley en el Registro Oficial esta ley que sus aliados iniciales como la Izquierda Democrática y Pachakutik no le dieron. La vigencia de esa ley le significará al Gobierno una recaudación proyectada de $ 1.900 millones, en los próximos dos años.

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El segundo hecho que configuraría el pacto es la aprobación de las amnistías la madrugada del 10 de marzo, donde el Gobierno facilitó al menos que trece legisladores de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) consignen el voto a favor, con lo cual se viabilizó la amnistía a los correístas: la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el parlamentario andino Virgilio Hernández, y el dirigente Cristian González, quienes estuvieron acusados por rebelión por su participación en las manifestaciones de octubre de 2019, y del exlegislador Yofre Poma, sentenciado por paralización de un servicio público en Sucumbíos.

Aprobación de las 268 amnistías fue condicionada por el correísmo a la inclusión de Pabón y Hernández

La tercera decisión clave se produjo el 5 de abril, cuando la bancada Unión por la Esperanza se abstuvo de incluir un cambio del orden del día de la sesión 771 del pleno, para integrar la conformación de una comisión que investigaría a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, situación que el Gobierno trata de impedir desde el 24 de febrero pasado. La justificación de los correístas fue que se habían concedido medidas cautelares a favor de Llori, pero no hubo ninguna otra reacción como bancada más allá del rechazo.

Los bloques de oposición de la Asamblea preparan denuncia para desactivar medidas cautelares con las que se blindó Guadalupe Llori

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Fernando Villavicencio, advierte que pese a que no reconozcan el Gobierno y el correísmo todos los caminos conducen a algo parecido a un pacto de coincidencias, pues apenas se emitió el fallo de habeas corpus a favor de Jorge Glas, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) publicó su decisión de acatar, cuando debió haber apelado en la propia audiencia y guardó silencio.

A nivel legislativo, añade, la única ley que se aprobó de importancia que le otorgó una boya económica al Gobierno es la ley tributaria y esa ley fue aprobada por una “acción de abstención consciente de UNES, porque esa bancada jamás aclaró que cometió un error, y hubo dos asambleístas que votaron primero abstención y los demás se quedaron un buen rato, y algo pasaba, alguien conversaba y luego votan de una sola acción todos abstención; es decir, el correísmo recibió como una suerte de paga la liberación de Jorge Glas”.

“La factura que pagó el Gobierno fue totalmente alta, y si el Gobierno tenía miedo de aplicar la muerte cruzada, porque no tenía con quien gobernar en la Asamblea, hoy no tiene pueblo”, puntualiza Villavicencio.

Además, señala que las voces en Palacio hablan de que había otros pedidos de UNES, como permitir un salvoconducto a favor de María de los Ángeles Duarte, exministra del correísmo sentenciada a ocho años de cárcel en el caso Sobornos, que permanece desde agosto de 2020 en la embajada de Argentina en Quito en calidad de “huésped por razones humanitarias”; que se cambie de cárcel al exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, quien permanece en el Centro de Privación de Libertad en Tungurahua, también sentenciado a ocho años en el caso Sobornos.

La legisladora Wilma Andrade recuerda que la Izquierda Democrática en su momento señaló que había un acuerdo del Gobierno con el correísmo en la vigencia de la ley tributaria, y que hoy queda absolutamente claro que el acuerdo estaba dado para dejar pasar la ley tributaria a cambio de la libertad de Jorge Glas, otorgada de la manera más inconstitucional e ilegal que el Ecuador haya visto en los últimos tiempos, dice.

Insistió en que lo sucedido el fin de semana es la concreción de un acuerdo que no nació con la libertad de Glas, sino cuando el correísmo concretó la vigencia de los nuevos tributos en el país, y que hoy se constituye en una “paga de favores de esa naturaleza”, y anuncia que la ID se sumará a todas las acciones que deriven para esclarecer el tema.

El legislador del BAN Jorge Pinto considera que hablar de pactos entre el Gobierno y el correísmo son medidas que buscan desviar la atención de aquellos que han venido trabajando con el correísmo. Que hay una apelación a la sentencia del juez sobre la liberación de Glas.

Respecto a las críticas de la Izquierda Democrática, el legislador Pinto recordó que existe una denuncia en contra de uno de los líderes Xavier Hervas, y que de alguna manera quieren también desviar el tema.

Ronny Aleaga, de la bancada UNES, rechaza lo que él dice son elucubraciones que hacen respecto a un supuesto pacto con el Gobierno en la libertad de Jorge Glas, pues sostiene que si hubiese un pacto el bloque de la revolución ciudadana no se hubiera opuesto a la ley de inversiones, así como tampoco estaría el Gobierno interponiendo medidas en contra del habeas corpus.

Lo que pasó en todo este proceso, explica el representante del Guayas, es que alguien tuvo la iniciativa de tomar una decisión respecto a un beneficio legítimo como es el habeas corpus, por su estado de salud. Pactos no existen por ningún lado, reitera.

El socialcristiano Esteban Torres comenta que es evidente que hubo un acuerdo entre los correístas y el gobierno de Guillermo Lasso, pues no hay dudas cuando se conoce que en la audiencia de habeas corpus el representante del Gobierno se allana a todos los argumentos de Glas, y eso demuestra que algo ocurrió ahí.

También resalta los trece votos que prestó el Gobierno al correísmo para aprobar las amnistías, pues sin ellos no llegaban a las 92 voluntades que se necesitan para su aprobación, que era una demanda del sector del correísmo.

Desde Pachakutik, el coordinador de bancada, Rafael Lucero, prefiere no adelantar su criterio sobre lo que significa la liberación de Jorge Glas, sin antes someter a debate en la bancada. (I)