TCE tramitará queja en contra del juez Ángel Torres y pide a la Fiscalía que certifique si hay denuncias de ‘ofertas de dinero para archivar causas’

La acción de queja en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres, tras haberse reunido con el excandidato presidencial por Pachakutik (PK), Yaku Pérez, fue admitida a trámite y, con ello, se solicitó a la Fiscalía que certifique si el magistrado ha presentado denuncias sobre presuntas “ofertas de dinero para archivar causas”.

Estas y otras diligencias son parte de la providencia suscrita este 22 de marzo que emitió el juez del TCE Joaquín Viteri, sustanciador de la causa, en la que admitió a trámite esta acción de queja, la cual será tratada en última instancia por el pleno de jueces, por estar involucrado uno de los miembros de esta magistratura.

El accionante es el abogado Manuel Pérez Pérez, quien interpuso este recurso por la ‘reunión casual’ que mantuvo el 3 de marzo pasado con el expresidenciable Yaku Pérez Guartambel, en el departamento del exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Darwin Seraquive.

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Torres y Pérez reconocieron que se dio este encuentro, aunque aseguraron que no fue un diálogo pactado o previsto, y en el que tampoco hablaron sobre el recurso subjetivo contencioso en contra de los resultados numéricos de la elección presidencial del 7 de febrero que proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 21 de febrero pasado.

Pérez Pérez alegó en su escrito que el magistrado mantuvo esta reunión con el excandidato infringiendo el reglamento interno del TCE y su Código de Ética.

Esto constituye una “acción antijurídica que incumple y viola expresas disposiciones legales, lo que afecta la imagen institucional, los derechos de participación, de transparencia, seguridad y certeza del proceso electoral, poniendo en peligro a toda la institución garante de la democracia por las dudas que esto genera sobre su accionar”, denunció.

Cuestionó además que Torres haya acudido al departamento de Seraquive por una “consulta particular en materia legal y los jueces tienen prohibición expresa de desempeñar otras funciones con excepción de la docencia”.

En relación con estos hechos, Pérez Pérez solicitó al Tribunal que certifique si existe alguna autorización del vehículo institucional que Torres tenía asignado el 3 de marzo, luego del horario de trabajo. También si ha dispuesto el pago de horas extras al chofer ese día; y si se concedió autorización para pagos de transporte o viáticos para la charla en la que el juez disertó sobre ‘Desarrollo económico local’ en el 2019 en Machala (El Oro).

Estos requerimientos los habría hecho, porque de acuerdo con la publicación del medio digital La Posta, en la que se conoció sobre esta reunión, Torres se había movilizado con el vehículo que le asigna la institución.

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Y sobre la charla en Machala, porque Torres y Pérez alegaron que fue ahí donde se conocieron.

Las otras diligencias que dispuso Viteri es que se oficie a la Fiscalía General del Estado para que certifique si Torres presentó “alguna denuncia por causa de ofertas de dinero para que archive varias causas, en especial la n.º 120- 2019-TCE”.

Esta causa se refiere a un recurso que plantearon el presidente del PSP, Gilmar Gutiérrez, y el excandidato a la Prefectura de Los Ríos Galo Lara en las elecciones seccionales del 2019.

En ese entonces solicitaron que se dicte la “nulidad total de las elecciones y se convoque a nuevas elecciones de prefecto y viceprefecto de la provincia de Los Ríos y que se ponga en conocimiento de la Fiscalía para las investigaciones respectivas por el delito de fraude electoral”.

Ellos denunciaron que se encontraron actas que tenían inconsistencias como “suplantación, alteración e inexistencia de las firmas del presidente y secretario de la junta receptora del voto”.

El pleno del TCE aceptó el recurso parcialmente y ordenó a la Junta Electoral de Los Ríos que resuelva las reclamaciones presentadas por las organizaciones políticas, e incluso se hizo un recuento de los votos en Quito, por las irregularidades denunciadas en ese entonces.

Dentro de la causa contra Torres, el TCE también solicitó a la “Superintendencia de Telecomunicaciones para que emita circular a las distintas operadoras de telefonía celular, debidamente registradas en el Ecuador, para que remitan el número o números telefónicos en el que se encuentra registrado como abonado”.

El magistrado tiene cinco días para contestar la acción presentada en su contra, anunciar y presentar las pruebas de descargo.

De acuerdo con el reglamento de Trámites del Tribunal, esta acción de queja se resolverá en última instancia por el pleno de los jueces (cinco), por tratarse de una “actuación o decisión de un juez”. (I)