Debían ser el serbio Jezdimir Srdan y otras quince personas los que tenían que llegar en este mes de marzo a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro de un caso por delincuencia organizada relacionada con el tráfico de drogas, pero el dictamen abstentivo emitido a favor de siete procesados por la fiscal Janneth Cueva, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional 10, y el sobreseimiento aprobado por el juez anticorrupción José Cornejo solo dejan a nueve en la lista de sospechosos.
El dictamen abstentivo fue presentado por la fiscal Cueva el 20 de febrero pasado, debido, dijo, a que la información recabada dentro del presente caso no es suficiente para sostener una acusación en contra de Luis Elisaul L. P., Gabriel Francisco P. V., Ramón Alonso Z. R., Darwin Javier T. A., Miguel Fernando F. V., William Andrés T. L. y Miguel Ángel A. O.
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Mientras tanto, el juez Cornejo, el 4 de marzo último, luego de analizar el pedido y sus fundamentos y hacer una “ponderación objetiva” sobre la participación de los procesados en los hechos, decidió emitir el respectivo auto de sobreseimiento a favor de los siete ciudadanos. En su conclusión el magistrado explica que se pudo evidenciar que la Fiscalía no ha podido hallar elementos objetivos que le permitan caracterizar el hecho como delito, toda vez que no ha encontrado presupuestos mínimos para continuar con la acusación.
En este caso la Fiscalía investiga a una organización conformada por ecuatorianos y extranjeros que habían participado de manera directa e indirectamente en el transporte de considerables cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización cuyo destino sería el continente europeo, básicamente a países como Bélgica y Países Bajos.
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De las indagaciones hechas, la “organización criminal” descubierta estaba integrada por ciudadanos conocidos con los alias de Hermano, Negro y Flaco, quienes a su vez coordinarían las actividades al margen de la ley con varios ciudadanos con los seudónimos Kola y Tío, los cuales aparentemente eran de nacionalidad serbia y fungían como integrantes fundamentales de la presunta red delictiva.
Según los detalles policiales, estos extranjeros de origen serbio tenían a su cargo la coordinación operativa y logística de la organización. Estos a su vez se apoyaban de personas de nacionalidad ecuatoriana para realizar las actividades de contaminación, transporte, acondicionamiento de contenedores y demás situaciones que faciliten el envío de grandes alijos de droga al continente europeo.
En este caso también se investigaba la participación directa e indirecta de esta organización en la movilización de 474.144 gramos de cocaína, los cuales habían sido incautados en el año 2020 en la provincia de Imbabura y tenían como destino final los puertos de Guayaquil.
“Los participantes para realizar las actividades previas para el transporte del alijo ilegal habían empleado una plataforma encriptada de comunicaciones de nombre Skyecc”, refirió la acusación.
Para la fiscal Cueva, en relación con siete no había méritos para promover el juicio; mientras que sí existiría nexo causal entre la responsabilidad y materialidad de los hechos objeto de la presente investigación en cuanto a los serbios-ecuatorianos Jezdimir Srdan y Uros Kolacovic o Carlos Ávila Zúñiga, el albanés-ecuatoriano Billa Perparim y los ecuatorianos José Eduardo A. R., Juan Carlos C. C., Wellington Giovany C. M., Gilson Javier M. L., Danny William N. G. y Carlos Alberto Z. S.
El juzgador señala en su fundamentación que del análisis integral de los elementos de convicción recabados en la etapa de instrucción fiscal se concluye que Luis Elisaul L. P., Gabriel Francisco P. V., Ramón Alonso Z. R., Darwin Javier T. A., Miguel Fernando F. V., William Andrés T. L. y Miguel Ángel A. O. no intervinieron en los restantes diez eventos (materialidades y/o flagrancias) que motivaron el presente proceso penal.
“Al no existir indicios de su participación como colaboradores de la presunta organización delictiva en esos hechos, no es posible enmarcar su conducta en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de delincuencia organizada, conforme lo exige el artículo 369 del COIP. En mérito de lo expuesto, se colige que no obran elementos de convicción que demuestren su responsabilidad en el ilícito investigado”, subrayó el juez Cornejo, antes de dar paso a los siete sobreseimientos.
El nombre de Srdan se conoció en los últimos meses de 2025, una vez que el entonces juez anticorrupción Carlos Serrano denunció haber recibido injerencias de quien fungía como director de Pichincha del Consejo de la Judicatura (CJ) para que tome en cuenta los argumentos de la defensa del serbio en un caso por lavado de activos relacionado con actividades de narcotráfico, en el que finalmente fue condenado a diez años de cárcel. Serrano también denunció haber recibido amenazas de parte de Srdan durante una audiencia.
Finalmente, este caso generó el inicio de un juicio político contra el presidente del CJ, Mario Godoy, no solo por no haber tomado las acciones para garantizar la seguridad del juez Serrano, sino también por aparentemente ser parte de las injerencias y por mantener un conflicto de intereses con el procesado Srdan, debido a que la esposa de Godoy defendió en una etapa preprocesal al extranjero.
Mario Godoy, pese a presentar su renuncia al cargo, el 18 de febrero pasado fue censurado y destituido como presidente del CJ con 148 votos a favor del pleno de la Asamblea Nacional, al comprobarse una “manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones”. En cambio, el pleno de la Judicatura, el 7 de marzo pasado, una vez que confirmó que el magistrado no tenía procesos pendientes por emitir sentencias ni tampoco registraba procesos disciplinarios, aceptó la renuncia del juez Serrano.
Jezdimir Srdan es ubicado por investigaciones como un enlace de la mafia balcánica y albanesa en Ecuador.
El serbio, además de la condena de primer nivel por lavado de activos y este caso por delincuencia organizada, también fue procesado por tráfico de drogas, causa penal en la que recibió de jueces de la Corte de Justicia del Guayas, en 2017, una condena de privación de la libertad de 17 años y cuatro meses.
Del caso originado en 2014, luego de la incautación de 140 paquetes con cocaína que eran transportados por Srdan en un automóvil en Guayaquil, un juez del Guayas redujo la pena de más de 17 años a diez años de cárcel y se le otorgó el beneficio penitenciario de prelibertad, el cual en la práctica fue, principalmente, quedar en libertad bajo la garantía de una presentación periódica.
Actualmente Srdan se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Él mantiene una orden de extradición vigente, la que deberá cumplirse luego de que el serbio complete las penas de prisión que le han definido en Ecuador. (I)