Los asambleístas Geraldine Weber y Luis Almeida, de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), presentaron este 4 de octubre un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar los delitos de extorsión con amenaza de muerte y de asesinato con extorsión.

La propuesta de reformas cuenta con 19 firmas de respaldo. Lo que plantea son penas de 10 a 12 años de privación de libertad para la extorsión con amenaza de muerte y de 22 a 26 años para el asesinato por extorsión.

El texto introduce dos cambios al artículo 185 del COIP. El primero define la extorsión con amenaza de muerte como aquella realizada por quien, bajo amenaza de muerte para una persona o de un familiar, obligue al extorsionado a que le preste un beneficio económico o de cualquier otra índole; esta persona será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 12 años, sumadas las penas que correspondan por los delitos de intimidación y hostigamiento previstas en ese código.

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La segunda reforma define el asesinato por extorsión y prescribe su sanción: si, como consecuencia de una extorsión con amenaza de muerte, una persona fuere asesinada, el hechor recibirá una pena privativa de libertad de 22 a 26 años, sumadas las penas que correspondan por los delitos previstos en el artículo anterior.

El proyecto presentado pasará a conocimiento de la presidencia de la Asamblea y, posteriormente, al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación. (I)