La Asamblea saliente será recordada por los escándalos que involucraron a legisladores en el caso Diezmos, el supuesto reparto de hospitales, el presunto mal uso de carnés de discapacidad, entre otros hechos que marcaron la coyuntura en ese órgano del Estado.

Sectores sociales que cuestionaban al periodo que termina hoy ven con escepticismo la llegada de los 137 legisladores que se posesionan este viernes 14 de mayo. Ellos tienen el reto de recobrar la confianza de la ciudadanía, cumplir lo ofrecido en la campaña electoral y realizar las tareas que dejaron pendientes sus antecesores.

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Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), refiere que entre las cuentas por saldar está la conformación de un robusto marco legal anticorrupción: “Leyes emergentes como la de Contratación Pública, que debe ser modificada estructuralmente, leyes para dotar a la Contraloría de capacidad de acción antes de la firma de un contrato, que tengan que ver con el funcionamiento de jueces y fiscales anticorrupción”.

El vocero de la organización que cumplió seis años de vida institucional señala que si no se combaten las prácticas que causan el desangre de los recursos públicos continuará la afectación en la oferta y calidad de los servicios públicos, como la salud, que se ha evidenciado en la pandemia.

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Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas y vocero de otros grupos salubristas, cree que la experiencia sanitaria que vivimos debe tomarse en cuenta para reformar la actual normativa de la salud. “Que se establezcan protocolos destinados a la atención emergente y a dar directrices respecto del manejo de una pandemia. Se nos están muriendo quince médicos al mes en Guayas, no solo del sector público”, comenta Tenorio, quien lamenta la falta de insumos que agravan la capacidad de atención.

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El dirigente también cree que se deben definir otros temas en la administración de la salud pública y en lo laboral.

“Que los gerentes de las diferentes unidades hospitalarias sean médicos, porque existe una sociedad médica altamente capacitada, que tienen títulos de cuarto nivel, sin desmerecer a las otras profesiones. Eso no está legislado”, añade Tenorio. También pide a los nuevos legisladores que tramiten el proyecto de Código de Carrera Sanitaria que conoció la Asamblea saliente.

“Ese proyecto de Código de Carrera Sanitaria hace justicia a las inequidades. A mí de qué me sirve haber estudiado una especialidad, una maestría para venir a ganar lo mismo”, comenta el vocero, quien espera que la situación económica del país mejore para repotenciar el sistema de salud.

En la búsqueda de ese macroobjetivo, gremios de economistas coinciden en que la Asamblea entrante debe participar técnicamente, con la academia, en el proyecto de recuperación económica que proponga el futuro Ejecutivo.

En octubre pasado, el empleo pleno en 32,1%, el subempleo en 23,4%; y desempleo 6,6%.

“Para que evalúen los resultados e impactos de las políticas. Hay que bajar el número de impuestos, pero sobre todo hay que cobrar y no solapar a los delincuentes de cuello blanco que evaden tributos”, propone Víctor Pizarro, presidente del Colegio de Economistas del Guayas (CEG).

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Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha (CEP), agrega que “el país necesita un baño de la verdad con respecto al tema tributario”, ya que “hay demasiadas exoneraciones que no generan empleo”.

Este gremio y otras organizaciones conforman el foro Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, el cual propone un plan económico.

“Se debe llamar a la banca a una gran mesa de concertación para racionalizar los costos, no a la fuerza, no imponiendo. Por ejemplo, creo que hay que racionalizar los costos de los servicios bancarios, hay costos muy altos. También creo que es necesario plantearse la posibilidad de una revisión de las tasas de interés sin afectar a la banca”, detalla García Álvarez, quien añade que otro tema por tratar es la flexibilización de la contratación laboral.

Desde la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador (Conbade) también se enlistan otros pedidos, relacionados con la fiscalización de la dotación de servicios básicos.

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“De los 221 cantones, el 70% no tiene ni el 50% de los servicios básicos completos y funcionando, principalmente el agua potable por tubería y el alcantarillado sanitario y pluvial, en la mayor parte de barrios. Los asambleístas tienen la obligación de demandar ante las autoridades el cumplimiento. Si no hay cumplimiento, aplicar lo que manda la ley, que viene hasta por la destitución”, indica Luis Gómez González, presidente del colectivo.

El dirigente asegura que la falta de ordenamiento y desarrollo territorial, y decisiones equivocadas de alcaldes y autoridades centrales generan desigualdades que propician otras problemáticas, como delincuencia, muchas veces relacionada con drogas.

“Permitir que haya una dosis de consumo que no era sancionada degeneró a nuestros niños y jóvenes, a llevarlos al uso y consumo. Es necesario que se cambien muchas de las partes de las leyes”, pide.

En las aceras, zona pública, como esta del sur de Guayaquil, jóvenes y adultos inhalan drogas a la vista de todos.

Estos son unos cuantos pedidos y propuestas de una parte de la sociedad ecuatoriana que espera mejores asambleístas, que legislen para el pueblo y no para intereses de partidos o movimientos políticos. (I)