El pleno de la Asamblea Nacional debatirá y votará la tarde de este martes, 24 de junio del 2025, el segundo informe del proyecto de Ley de Integridad Pública, en medio del rechazo de los sectores de la Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik (PK) e independientes, que marcaron sus “líneas rojas con el contenido”, mientras que el oficialismo busca los votos para su aprobación.
Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código de la Niñez y Adolescencia son los puntos críticos de la ley, que fue enviada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.
No se descarta que la votación se realice por bloques: uno sobre las reformas a la contratación pública, que era la propuesta original de Daniel Noboa, y otro con los temas penales que generan resistencia.
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Desde el correísmo no se acepta modificar artículos del Código de la Niñez que vayan a endurecer las penas para los niños, niñas y adolescentes que cometan delitos vinculados con el crimen organizado.
De hecho, se anticipó un voto en abstención para la sesión de la tarde. Así lo dijo la asambleísta Mireya Pazmiño, integrante de la bancada de la RC. En su caso, dijo, el voto será en contra.
“Esta ley es totalitaria, autoritaria y antidemocrática y por eso me han puesto una queja”, informó Pazmiño sobre una queja que ingresó el legislador del oficialismo Andrés Castillo (ADN) por cuestionar el contenido del proyecto.
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Mariana Yumbay, de Pachakutik, también criticó la intención de juzgar a menores de edad como adultos. “¿Qué tiene que ver el mecanismo de sanción y juzgamiento a adolescentes en una ley que busca fortalecer la contratación pública?, cuestionó.
La asambleísta consideró que este tipo de reformas constituyen una regresión de derechos para los niños, niñas y adolescentes, pues no se respetan convenios internacionales.
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Yumbay dijo que presentó observaciones en el primer debate de la norma para fortalecer el rol de los sectores de la economía popular y solidaria, y eliminar las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, pero no fueron acogidas por la Comisión de Desarrollo Económico.
Calificó de “barbaridades jurídicas” a las reformas que plantea el oficialismo y anticipó que, en caso de que se mocione votar por el texto íntegro, su voto será en contra.
En el escenario de una votación por bloques, la parlamentaria de Pachakutik dijo que podría apoyar los artículos relacionados con la contratación pública.
Todo esto, agregó, lo ha dialogado con su compañero Álex Toapanta; pues seis legisladores de este bloque “votan con el Gobierno”.
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En cuanto a los independientes, Cristian Benavides también examinó la incorporación de reformas que no tienen que ver con la contratación pública.
El asambleísta cuestionó las reformas al Código de la Niñez y las calificó de excesivas.
Por esta razón anticipó que propondrá votar por bloques, para separar los artículos relacionados con la contratación pública y los artículos que reforman otros cuerpos legales. “No sé en qué punto terminamos mezclando cocos con papas. Y esto prohíbe la Constitución de la República”, remarcó.
En tanto, el oficialismo es optimista. Los asambleístas Andrés Castillo y Valentina Centeno (ADN) afirmaron que la Ley de Integridad Pública es constitucional y que se busca proteger a los menores.
Castillo, quien propuso juzgar a adolescentes como adultos, resaltó que el informe para segundo debate incrementa penas para los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, que van entre 12 y 15 años de prisión.
Asimismo, recuerda que “si bien el espíritu de la norma es sancionar a quienes delinquen, en la misma se busca desincentivar la intervención de las mafias para incorporar a los menores de edad, en los grupos de delincuencia organizada”.
Castillo explicó que, en el caso de la cooperación de un adolescente investigado por un delito grave, la pena se reduce a la mitad, con medidas socioeducativas que se deben cumplir en el interior de los centros carcelarios.
Para el legislador se debe aprobar el informe completo para segundo debate y no por bloques, pues la integridad pública implica no solo la contratación pública, sino el manejo de la justicia.
Por su parte, Centeno sostuvo que la ley urgente “no es una norma contra los menores de edad, sino contra las mafias que los están utilizando para cometer crímenes”.
“Esto es para proteger a nuestros adolescentes (…) es un mensaje claro, que fortalece la rehabilitación que debe operar en los centros de adolescentes infractores”, dijo.
Los legisladores de ADN esperan contar con la mayoría absoluta (77 votos), que le ha funcionado en anteriores votaciones, para aprobar la Ley de Integridad Pública.
Unidad de materia
Además de las reformas penales, el proyecto de ley del Gobierno también ha recibido críticas sobre la unidad de materia, requisito para que un proyecto de ley enviado con urgencia en materia económica sea calificado en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Pazmiño dijo que al incorporar propuestas ajenas al objetivo de la ley, esta ya no tiene unidad de materia, por lo que no sería viable su aprobación.
Yumbay también observó los cambios ingresados para este segundo debate y alertó que las nuevas reformas violan la unidad de materia, establecida en la Constitución.
Mientras Castillo aclaró que esta es una característica que debe cumplir un proyecto de ley, al momento de su presentación y calificación, pero que el contenido puede modificarse en el debate. Reconoció que la iniciativa original ha variado y ya no abarca solo temas de compras públicas, sino que incluye reformas al sistema de justicia y al sistema de rehabilitación social. (I)
