Un Premio Nobel de la Paz, expresidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juristas, académicos y activistas de derechos humanos son parte de los 20 integrantes de la Veeduría Internacional que se conformó el pasado 17 de septiembre para precautelar los derechos del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y conseguir su libertad.

Glas está apresado en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, en donde cumple prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí, en el cual se investiga un supuesto peculado en el manejo de recursos y contratos; además, tiene dos sentencias por asociación ilícita y cohecho en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.

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En un comunicado, la veeduría señaló que Glas fue secuestrado de la Embajada de México en Quito, el 5 de abril de 2024 y que se violó el derecho internacional, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático (1954); y que además su integridad está en un alto riesgo en La Roca.

El coordinador de la veeduría es el brasileño Roberto Caldas, expresidente de la Corte IDH y con una larga trayectoria como defensor de los derechos humanos.

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Con él están otras 19 personas:

Raúl Zaffaroni, argentino y abogado, exjuez de la Corte Suprema de Argentina y de la Corte IDH.

Gina Donoso, ecuatoriana, experta psicosocial y académica en procesos de justicia transicional, reparaciones y apoyo para víctimas de violencia política. Ha trabajado para organismos como la Corte Penal Internacional (CPI), diversas agencias de Naciones Unidas y ha contribuido con diversas comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia internacional en Gambia, Bolivia, Ecuador, Uganda, Colombia, Irak, yotros.

Baltasar Garzón, español, exjuez, conocido por haber emitido la orden de detención contra Augusto Pinochet y ha trabajado en múltiples instancias de derechos humanos a nivel global.

Silvina Romano, argentina, investigadora y doctora en Ciencias Políticas, es coordinadora del Observatorio Lawfare.

Lina Mejía Torres, colombiana, abogada especializada en derechos humanos y derecho internacional humanitario y coordinadora de la ONG Vivamos Humanos, con amplia experiencia en conflictos armados y procesos de paz.

Adolfo Pérez Esquivel, argentino, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980, activista y defensor de derechos humanos, fundador del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

Fernando Antonio de Carvalho Dantas, brasileño, académico, miembro de la Red por el Constitucionalismo Democrático de Brasil, con especialización en historia del derecho y derechos humanos.

Vitor Sousa Freitas, brasileño, profesor de Derecho en la Universidad Federal de Goiás, Brasil, especialista en constitucionalismo latinoamericano y derechos sociales.

Vanessa Ramos, argentina, presidenta de la Asociación Americana de Juristas, con trayectoria en la defensa de los derechos humanos en instancias internacionales.

Antonio Carlos Wolkmer, brasileño, profesor y académico en temas de derecho constitucional y derechos humanos.

Walter Antillón, costarricense, abogado y académico, defensor de la justicia social y de los derechos humanos en América Central.

José Henrique de Faria, brasileño, exrector de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, investigador en la politización del derecho y defensor de los derechos de los trabajadores.

Willis Santiago Guerra Filho, brasileño, docente en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro.

Gisele Cittadino, brasileña, profesora de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, especialista en justicia constitucional.

Larissa Ramina, brasileña, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Federal de Paraná, Brasil, experta en derechos humanos y justicia internacional.

Ana María Careaga, argentina, psicoanalista, doctora en Psicología y docente universitaria, directora del Instituto Espacio para la Memoria en Argentina.

Mirian Gonçalves, brasileña, abogada y coordinadora del Museo de la Democracia en Curitiba, defensora de los derechos laborales y sociales.

Carol Proner, brasileña, abogada y profesora de Derecho Internacional.

Pauline Ogier, francesa, jurista, especializada en la defensa de los derechos humanos en América Latina.

La veeduría internacional informó que el Estado ecuatoriano habría suspendido una visita programada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para finales de septiembre alegando que sus funcionarios se encontrarán en Nueva York.

“Esta suspensión es inaceptable, ya que una medida cautelar se sustenta en la existencia de una situación de gravedad, urgencia y la posibilidad de un daño irreparable. El Estado no puede evadir una audiencia de esta magnitud cuando está en juego la vida de Jorge Glas. La gravedad de la situación exige una respuesta inmediata, y no puede postergarse bajo pretextos administrativos. No se trata de una simple visita institucional, sino de la necesidad urgente de proteger su derecho a la vida y la integridad física de Jorge Glas”, indicó.

Además, se explicó que la defensa técnica de Glas presentó una solicitud formal ante la CIDH para que se acuerden medidas sustitutivas de prisión, dada la extrema gravedad de su situación de salud. “La solicitud debe resolverse antes de la visita programada, ya que la situación es demasiado crítica como para esperar la programación de una nueva audiencia. El Estado ecuatoriano debe asumir su responsabilidad en la protección de los derechos humanos sin más dilaciones”. (I)