Puja entre el CPCCS y el Ministerio de Finanzas por recursos para la elección de autoridades

Mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) exige dinero al Gobierno nacional para realizar el concurso público de elección del titular de la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas le recordó que ya se hizo una asignación para esas actividades y le pidió que se realicen “esfuerzos para la optimización de los recursos” debido a la situación económica del país.

Según información de la cartera de Estado, en marzo pasado se había hecho un “esfuerzo fiscal”, mediante reformas presupuestarias, con las que se incrementó para el CPCCS $ 694.007 para la ejecución de los concursos públicos de designación de autoridades, que estarán a cargo de comisiones ciudadanas de selección.

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Pero entre mayo y junio pasado, la presidenta del Consejo, Sofía Almeida, volvió a solicitar un aumento por $ 87.470 para el pago de servicios relacionados con la energía eléctrica y telecomunicaciones.

La respuesta de la entidad gubernamental, en un oficio suscrito el 29 de junio, fue negativa.

Se argumentó que el objetivo es mantener la sostenibilidad para el 2021 y ejecutándose un presupuesto prorrogado “con una caída de ingresos en las finanzas públicas producto del impacto social y económico” por la pandemia, el Ministerio no está “en condiciones para asignar recursos adicionales”.

En esa línea, se pidió al organismo que haga “un esfuerzo en las optimizaciones de sus recursos y de ser necesario realizar una reasignación de sus recursos presupuestarios con la finalidad de atender sus necesidades”.

Sofía Almeida insistió. Envió hace pocos días una nueva solicitud para que se atienda su requerimiento.

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En ese documento, la presidenta había reconocido que dispuso el gasto de recursos para la designación de autoridades en otros fines. Es decir, con su autorización se tomaron $ 58.582 para pagar “dietas”, “mantenimiento de equipos informáticos e información y publicidad”.

Aunque no detalló a quiénes se pagaron dietas por algo más de $ 34.000 o qué contrataciones de información o publicidad se realizaron.

Pero que habían podido pagar servicios básicos, pasajes al interior, combustible y mantenimiento del sistema contraincendios.

Según el Ministerio, al CPCCS se le asignó un presupuesto codificado para la ejecución del 2021 por $ 7′455.540, de los que $ 6′125.315 se destinan al pago de los salarios de los servidores de la institución. Lo restante es para cancelar servicios y otros gastos corrientes.

Así, se le aclaró al Consejo que en lo que va del año se ha ejecutado el 36 % del presupuesto, por lo que “existen saldos disponibles”.

El CPCCS demanda la asignación de recursos para realizar concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar a autoridades de cuatro instituciones del Estado.

Entre estas, los titulares de la Defensoría Pública, de la Contraloría General del Estado, los nueve miembros de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria (Copisa) y dos delegados para el Consejo Intersectorial de Desarrollo de Fronteras.

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A esto se suma que en noviembre deben estar designados dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de su renovación parcial, que no avanza.

Lo único que se ha hecho al respecto fue aprobar la conformación de una comisión técnica con delegados de los siete consejeros, para que elaboren en 18 días un proyecto borrador del reglamento, del que hasta el momento se desconoce.

Almeida en una entrevista con el medio virtual La Posta reconoció el viernes anterior que no han avanzado en este concurso, pero que en cuatro o cinco meses esperan tener elegidos a los dos consejeros electorales.

Respecto del concurso para la designación de un nuevo contralor del Estado, el 18 de julio se aprobó el reglamento, y el pleno prevé aprobar una resolución para solicitar al Ministerio de Finanzas los recursos para organizarlo.

Ayer resolvieron con cuatro votos de los consejeros de mayoría, que asesores de los siete vocales elaboren el instructivo al reglamento para proceder con el proceso. Los tres consejeros de minoría Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira se abstuvieron alegando que el reglamento no estaba motivado.

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Según las estimaciones de Almeida, se requerirían unos $ 400.000, frente a los cálculos del consejero Francisco Bravo, que en una comparecencia en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional señaló que se presupuestaba alrededor de $ 190.000 por concurso.

Se conoce que el presupuesto que se está elaborando desde la presidencia del CPCCS, contempla arrendar oficinas para instalar a los miembros de las comisiones ciudadanas de selección, quienes tienen a su cargo realizar el concurso.

Y se argumenta la necesidad de recursos para el pago de las dietas para los cinco comisionados elegidos en representación de la ciudadanía, porque los otros cinco provendrán de delegaciones de las funciones del Estado.

La Ley del Consejo de Participación Ciudadana establece un pago de dietas diarias correspondiente al 3,3 % del salario de un consejero. Es decir, $ 4.230 mensuales. (I)