La Asamblea Nacional avanza en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, una propuesta que busca ordenar el uso de las zonas marinas y costeras del país, proteger las rompientes y fortalecer la coordinación institucional sobre los intereses marítimos del Ecuador.
El texto, compuesto por catorce artículos, cinco disposiciones generales, dos transitorias y una disposición final, se tramitó en segundo debate en el pleno y recibió algunas alertas, por lo que el proyecto regresó a la Comisión de Biodiversidad para que recoja las observaciones formuladas por los asambleístas y elabore el texto final para votación en un plazo de ocho días.
Publicidad
Uno de los puntos centrales de la normativa es la protección de las zonas de rompiente, consideradas ecosistemas estratégicos por su importancia ambiental, paisajística y económica. La propuesta apunta a preservar ecosistemas clave para la biodiversidad marino-costera y, al mismo tiempo, fortalecer actividades vinculadas al turismo, los deportes acuáticos y la economía local.
Proyecto
La iniciativa destaca que el mar constituye uno de los principales patrimonios naturales del país. En el caso de Ecuador, cerca del 80 % del territorio nacional corresponde a espacio marítimo, una zona estratégica que sostiene actividades como la pesca, genera empleo, impulsa el turismo y alberga una importante riqueza ambiental y cultural.
Publicidad
El proyecto plantea que estas áreas formen parte del patrimonio natural del Estado y que su manejo se realice bajo un enfoque ecosistémico. Esto significa que cualquier actividad que pueda alterar la dinámica natural del oleaje o afectar los ecosistemas costeros deberá someterse a criterios técnicos y ambientales más rigurosos.
Dentro del debate legislativo, varios sectores han resaltado que la ley podría representar un paso importante para ordenar actividades que históricamente han tenido poca coordinación institucional. Pero también hay otros sectores, como la bancada Revolución Ciudadana, que cuestionan la iniciativa y advierten que votarán en contra del proyecto, pues consideran que se desvió del objetivo primordial, que era priorizar la preservación, la prevención y la protección, para convertirse principalmente en una ley de gobernanza administrativa y de reestructuración institucional.
La propuesta establece un marco de gobernanza marino-costera y oceánica que busca integrar políticas públicas relacionadas con el ambiente, el transporte marítimo, la producción, la defensa y el desarrollo económico.
Uno de los ejes más comentados es la creación del Consejo Interinstitucional del Mar, organismo que tendría facultades de rectoría, coordinación, regulación y control en materia de gobernanza marina. Este consejo estaría conformado por veinte miembros con voz y voto, y su secretaría permanente sería ejercida por la Armada del Ecuador, a través de la Dirección General de Intereses Marítimos.
Sobre la integración de este consejo interinstitucional, la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), a través de la asambleísta Inés Alarcón, coincidió con el socialcristiano Alfredo Serrano en que se revisen ciertos aspectos técnicos para fortalecer la seguridad jurídica y la operatividad del modelo planteado, como el manejo del número de integrantes del consejo, mecanismos de votación y la definición expresa de la autoridad que ejercerá la presidencia y la secretaría jurídica.
Entre las atribuciones previstas para este organismo están la emisión de lineamientos para la planificación espacial marina, la coordinación de proyectos en zonas costeras, la prevención de impactos ambientales y la creación del Registro Nacional de Zonas de Rompientes.
Precisamente, el establecimiento de este registro nacional es otro de los puntos relevantes del proyecto. La intención es contar con un inventario público y técnico de las zonas de rompiente del país, permitiendo identificar cuáles requieren protección especial y qué tipo de actividades pueden desarrollarse en sus alrededores.
El texto también incorpora el principio precautorio. En la práctica, esto implica que, si existe riesgo de daño grave o irreversible a un ecosistema marino-costero, las autoridades podrán adoptar medidas de protección incluso cuando no exista certeza científica absoluta sobre el impacto.
El proyecto no solo apunta a la conservación ambiental. También busca impulsar actividades compatibles con el uso sostenible del mar, incluyendo deportes acuáticos, turismo y proyectos económicos que respeten las dinámicas naturales de las costas.
Concesiones portuarias
Durante el tratamiento legislativo han surgido observaciones relacionadas con el alcance de las competencias del nuevo consejo y su relación con otras instituciones del Estado. Para responder a esas inquietudes, el articulado aclara que la creación del Consejo Interinstitucional del Mar no implicará superposición ni sustitución de competencias ya existentes en otras entidades públicas.
Asimismo, el proyecto deja establecido que la normativa no afectará concesiones portuarias ni autorizaciones previamente otorgadas antes de la entrada en vigencia de la ley. Las áreas bajo dominio público portuario o sujetas a concesión quedarán excluidas de la definición de zonas adyacentes o de rompiente.
Otro aspecto que ha llamado la atención es la obligación de presentar estudios técnicos para proyectos de infraestructura en zonas cercanas a rompientes protegidas. Las personas naturales o jurídicas interesadas deberán demostrar que sus actividades no afectarán la dinámica del oleaje ni los ecosistemas marino-costeros.
En paralelo, la propuesta enfatiza la necesidad de fortalecer la investigación científica. Entre sus objetivos se encuentra promover estudios sobre las dinámicas de las rompientes y su relación con la biodiversidad marina, lo que podría abrir nuevas oportunidades de cooperación académica y ambiental.
Sectores vinculados al surf y al turismo costero han seguido de cerca la discusión, ya que muchas de las zonas de rompiente del país son reconocidas por su potencial deportivo y recreativo. Organizaciones ambientales también consideran que el proyecto puede convertirse en una herramienta para evitar afectaciones irreversibles en playas y bahías.
El trámite legislativo todavía contempla etapas de análisis y ajustes al texto antes de su votación definitiva en el pleno de la Asamblea. De ser aprobada, la ley establecerá plazos de hasta 180 días para la elaboración de su reglamento general y, posteriormente, para el reglamento interno del Consejo Interinstitucional del Mar.
(I)