Educación pública está en alerta por reducción de presupuesto para el 2026, aunque el Gobierno lo niega

El Presupuesto General del Estado para el 2026 genera preocupación en los actores y usuarios del sistema de educación pública que reclaman por la “reducción” de los presupuestos para su desenvolvimiento, que bordea los $ 128,9 millones. La bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN) aprobó el sábado anterior el Presupuesto General para el 2026 por $ 46.255 millones con 78 votos de 148 miembros de la Asamblea Nacional presentes. El reporte respecto al sectorial de Educación muestra que de 37 universidades e institutos técnicos de educación de tercer nivel se reducen recursos para el funcionamiento de 18 instituciones.La medida se da en un contexto en el que además la Administración de Daniel Noboa decidió que el Ministerio de Educación absorba a los ministerios del Deporte, Cultura y lo que fue la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt). Por ahora, los rectores de las 18 universidades no se han pronunciado sobre el impacto que tendría esta brecha para el siguiente año. Pero se conoció, de manera extraoficial, que el Ministerio de Economía y Finanzas ha solicitado que no se firmen nuevos contratos de personal en varios centros académicos. En Quito, este 2 de diciembre, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central del Ecuador (FEUE) , Nery Padilla, calificó de “perversa” la medida porque afectará a los estudiantes. “La nula inversión para infraestructura, el no pago de becas, que hay tres periodos que no lo han pagado. Mayor deserción estudiantil, pero también hacinamiento, ya que no habrá capacidad para contratar más docentes, es lo que genera este recorte”, dijo Padilla en una declaración de prensa este martes.De acuerdo con sus datos, hay 260.000 bachilleres que no podrían acceder a la universidad pública, por lo que exhortó al régimen a reconsiderar lo resuelto.Por su parte, el Ministerio de Educación, en un comunicado, señaló que es falsa la afirmación de que hay una reducción en el presupuesto universitario, pues hay “un error conceptual en la comparación”. “Para analizar la política de asignación del Gobierno debe compararse la proforma 2025 contra la proforma 2026 (ingresos/asignaciones Fopedeupo, gratuidad, funcionamiento). Quienes alertan de la reducción comparan la proforma 2026 con el presupuesto de ejecución del año anterior. La ejecución de 2025 incluye saldos no devengados del año previo que se reincorporan automáticamente. Estos saldos (que las universidades no gastaron) no son nuevas asignaciones y se suman al presupuesto del siguiente año, pero no aparecen en la proforma inicial”, se indicó. Una de las instituciones afectadas es la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, a la que se reduce su presupuesto en un 68,92 %. El rector de esta institución, Armando Mayulema, dijo que esta medida pondría en riesgo los procesos operativos y aspiró a que se instalen reuniones con funcionarios del Estado para exponer sus preocupaciones. Mayulema, en declaraciones a periodistas, explicó que la reducción se hizo con base en un cálculo que no consideró que son una universidad nueva que, en el 2022, abrió su primera carrera que produjo 18 graduados y en la actualidad tienen 2.100 estudiantes. En el debate del presupuesto, que se llevó a cabo en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, en el informe para segundo debate no se observan los criterios de los representantes de sectores universitarios, pero sí del Ministerio de Educación, adonde asistió Miguel Carreño, coordinador general de Planificación. La sesión se dio el 18 de noviembre pasado y ahí expuso que para el sector educativo el presupuesto asciende a $ 6.148 millones para el 2026, frente al 2025 que fue de $ 5.530 millones. Admitió que había una reducción al presupuesto de varias universidades, pero que eso es resultado de que no ejecutaron lo que se les asignó en el 2025. “Hay que revisar qué pasa en las universidades y no solo decir que el Ministerio de Educación es el responsable de asignar al 100 %. Lo que existe es una ejecución parcial”, justificó Carreño ante las críticas de los legisladores de la bancada de oposición del movimiento Revolución Ciudadana (RC).Para defenderlo de la RC intervino la legisladora de ADN Inés Alarcón: “Están diciendo que se ha reducido el presupuesto para las universidades, y hay que decir que esto es completamente falso. No es un dato correcto afirmar que el Gobierno ha reducido el presupuesto de las universidades. En el marco del Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico, la proforma de 2026 asigna $ 1.509 millones... lo que representa un incremento aproximado de $ 59 millones frente al 2025. Lejos de existir cualquier tipo de reducción, las universidades van a recibir más ingresos, más recursos”, aseveró Alarcón. El Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), que es un rubro que alimenta el presupuesto para las universidades y se compone por un 10 % de la recaudación neta del impuesto al valor agregado y por un 11% de la recaudación neta del impuesto a la renta.Pero además de esta disminución, el Gobierno planificó una reducción para obra pública en educación. En la sesión del 18 de noviembre, Carreño advirtió que de $ 34′220.621 con los que contaron en el 2025, para el año que viene se reducen a $ 29′704.914. Es “una baja” para el sector y que afectará también a la Presidencia de la República, añadió, por lo que gestionarían ante el Ministerio de Economía y Finanzas que se revea esa medida porque se necesita intervenir en instituciones deportivas, culturales e institutos técnicos y tecnológicos. (I)

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