La Comisión de Justicia y Estructura del Estado definirá un nuevo calendario de comparecencias dentro del proceso de fiscalización que inició sobre el caso denominado “El Gran Padrino”, que devela supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas del Estado.

Esa mesa legislativa puso a conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, del inicio de la fiscalización sobre este supuesto caso de corrupción denuncia por el medio digital La Posta. Este procedimiento fue aplicado ante los anuncios desde el lado de la bancada del correísmo de que solicitarán al pleno la integración de una comisión ocasional multipartidista.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, señaló que la ley orgánica de la Función Legislativa en su artículo 26 numeral 3 determina que cuando una comisión legislativa prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asunto; y, por tanto, corresponde a las autoridades de la Asamblea Nacional, así como, a los asambleístas y funcionarios legislativos respetar y dar estricto cumplimiento a lo que manda la ley que rige a esa Función del Estado, y, en caso que se requiera, coordinar acciones con los asambleístas miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para coadyuvar en el proceso correspondiente.

Hace una semana, la comisión convocó a once personas desde el periodista, funcionarios y ex funcionarios e incluso a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, para que rindan su versión respecto a una supuesta participación en actos de corrupción en empresas públicas.

Del listado únicamente acudieron el periodista de La Posta, Andersson Boscán, Ivan Correa, secretario nacional de la Administración Pública, pero en esa misma sesión se resolvió insistir en la invitación a quienes no acudieron a la comparecencia.

En la lista constan Danilo Carrera, Rubén Cherrez, Oswaldo Rosero Quiroz, gerente de Flopec; Nicolás Andrade, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador; Hugo Aguiar Lozado gerente de Petroecuador; Hernán Luque Lecaro, ex gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas Emco; Antonio Icaza, gerente de la Corporación General de Electricidad.

También fue llamado Ítalo Cedeño, ex gerente de la empresa Petroecuador y Joaquín Ponce Díaz, presidente del directorio de EMCO.

El legislador Alejandro Jaramillo, manifestó que en estos días se volverá a enviar nuevas convocatorias para que acudan los ex funcionarios y quienes están al momento en funciones; así como a representantes del partido político señalado en los audios.

Jaramillo señaló que la comisión de Justicia hará un control político concurrente frente a nuevos audios expuestos donde se habla de montos de dinero y ganancias en las empresas públicas; y indicó que a la comisión también llega información que servirá de base para presentar el informe a conocimiento del pleno.

Hasta el momento no hay fecha para las nuevas comparecencias porque se sigue procesando la información recibida, dijo Jaramillo

Pedidos de información

El legislador Ricardo Vanegas delegado de Pachakutik ante la comisión de Justicia pidió una serie de información a las empresas públicas sobre los contratos suscritos e inclusive respecto casos de lavado de activos.

Al director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones Rugel, solicitó el estado tributario, transacciones, declaraciones de IVA e impuesto a la renta de los años 2021 y 2022, y se informe si hubo alertas de un presunto lavado de activos de al menos 21 empresas y tres personas naturales: Rubén Chérrez, Jorge Orbe Calderón y Julio César León Baquerizo.

Respecto a las mismas empresas solicitó información al superintendente de Compañías, Marco López, respecto a la constitución de las empresas y sus representantes, reportes de informes e informe de auditoría.

A la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, María Sara Jijón, solicitó información sobre todos los contratos adjudicados a 21 compañías.

Al contralor general del Estado subrogante, Carlos Riofrío, pidió información si existe un plan de auditorías a las empresas públicas de bajo riesgos y conflictos de interés.

También solicitó información al Contralor respecto a que si se ha evaluado el proceso de ingreso de personal, desvinculación de personal de Ministerio de Salud Pública, IESS y sus entidades adscritas, EMCO, y las empresas públicas y Ministerio de Energía y Minas del año 2022, en las que se incluya el análisis de la estructura por procesos, y que el nivel jerárquico superior de libre nombramiento y remoción cumpla el perfil conforme lo requiera el nivel de complejidad en cada dependencia detallada, además de la contratación pública en el sector estratégico.

Si las auditorías internas de las Superintendencias de Compañías, Valores y Seguros; Control de Mercado, Territorio, Economía Popular y Solidaria y el Servicio de Rentas Internas, se ha incorporado la evaluación de riesgo a lavado de activos y su funcionamiento; toda vez que las actividades de operadores que no son servidores públicos, se hubiere alertado por control tributario, movimientos financieros inusuales, creaciones de compañías nacionales o extranjeras para su operación, y son estas entidades las llamadas al control de personas naturales y jurídicas en la lucha contra el lavado de activos y lucha contra el terrorismo y narcotráfico.

Si las auditorías internas del EMCO y empresas públicas evalúa el funcionamiento del directorio y la toma de decisiones; en las que se incluye la convocatoria, la forma de reunión, la forma de toma de decisiones, el plan anual de compras, plan anual de inversiones, plan estratégico, planes de mantenimiento, plan de continuidad de negocio, planes de desastre y cumplimiento de los indicadores de la planificación estratégica. (I)