Por no haber cumplido la presentación periódica ordenada dentro de la causa penal por el peculado que habría ocurrido en operaciones financieras de inversión con irregularidades que afectarían los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), la jueza penal de Pichincha Yadira Proaño ordenó la prisión preventiva de los empresarios Jorge Chérrez, Luis Álvarez y Luis Domínguez.
El pasado 8 de septiembre, Proaño vinculó a los tres; a los exdirectores de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol Robert Luzuriaga y Orlando Nuques; y a Carlos Carbo, directivo de una empresa inversora, al proceso abierto el 24 de febrero pasado contra los generales (sp) Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exgerentes del Isspol; y Alfredo Valverde y Santiago Duarte, exdirectores de Inversiones y Jurídico del Isspol, respectivamente.
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Para Chérrez, representante de Ibcorp Investment; Álvarez, gerente de operaciones de Decevale; y Domínguez, representante legal de Ventura Casa de Valores, la jueza Proaño ordenó la presentación periódica todos los lunes y viernes, desde el 10 de septiembre pasado. Además dispuso la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar bienes y la congelación de cuentas en el sistema financiero nacional.
El fiscal Martín Navarrete, quien está a cargo de la causa, al tener la constancia de que estos tres procesados no cumplieron las medidas cautelares dispuestas solicitó a la jueza Proaño una audiencia para revisarlas. La diligencia se dio la tarde de este miércoles en el Complejo Judicial Norte y el resultado fue la decisión de prisión preventiva para Chérrez, Domínguez y Álvarez.
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De las investigaciones hechas por la Fiscalía se desprendería que entre el 2014 y 2019 se realizaron inversiones irregulares con fondos del Isspol sin cumplir con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Registros revelarían que el Isspol invirtió a través de empresas representadas por Jorge Chérrez aproximadamente $ 693 millones.
Desde el 8 de septiembre pasado que se dio la audiencia de vinculación, a la etapa de instrucción fiscal se le sumaron 30 días. Los 120 días que tiene la Fiscalía para investigar concluirán el 8 de octubre próximo. (I)