Por crisis eléctrica, PSC no descarta llevar a juicio a ministro de Energía, Fernando Santos. Revolución Ciudadana plantea ‘medidas urgentes’

La investigación a los responsables del racionamiento de energía eléctrica que se inició este 27 de octubre a nivel nacional podría ser incluida en los primeros puntos de la nueva Asamblea Nacional.

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Por los efectos que ya se están sintiendo en el sector productivo y en la población, la asambleísta electa por el Partido Social Cristiano (PSC) Dallyana Passailaigue y su bancada se encuentran analizando la información emitida por las autoridades para tomar decisiones sobre sus acciones, entre las que no se descarta llevar a juicio político al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos.

“Es una emergencia nacional; una preocupación e indignación ciudadana generalizada por su grave afectación. A la crisis de seguridad se le suma la oscuridad, se está jugando con la productividad de los negocios, con la economía del Ecuador”, dijo Passailaigue a EL UNIVERSO.

Desde diferentes movimientos políticos se apunta como principal culpable al gobierno del presidente saliente, Guillermo Lasso, por no prever esta situación a pesar del estiaje anunciado desde enero. Por lo que hay voces que plantean sancionar a los responsables de los apagones, civil y administrativamente, exigiendo la intervención de la Contraloría General del Estado y la atención de la Fiscalía.

Pero también señalan a los legisladores de la Asamblea que fue disuelta en mayo pasado por no fiscalizar la gestión de Santos.

“Es obvio que ha habido una actitud completamente ineficiente desde el punto de vista administrativo de este recurso en este Gobierno, que pasa también por la falta de previsión del pasado, de Lenín Moreno. Pero se agudiza en el de Lasso”, criticó Roberto Cuero, de la Revolución Ciudadana (RC).

“La ley y la Constitución permiten llamar a un proceso de fiscalización hasta un año después a un funcionario que haya dejado de ser funcionario público en el rango de ministro (...). Nosotros hemos considerado plenamente generar un ambiente de gobernabilidad apoyando todos los procesos que impliquen mejorar todas las condiciones de vida del ciudadano o las demandas más grandes que tiene el país; eso no significa que vamos a dejar de lado una arista específica que nos asiste como asambleístas que es el proceso de fiscalización”, subrayó Cuero.

Ecuador racionará energía eléctrica hasta por cuatro horas diarias para enfrentar el déficit ocasionado por los bajos caudales en los afluentes que alimentan a las hidroeléctricas, según informó el jueves 26 de octubre el ministro Santos.

Estaba programado que la suspensión del servicio eléctrico sea entre las 07:00 y las 18:00. En las regiones Sierra y Amazonía los cortes serán de cuatro horas, mientras que en la Costa, de tres. Sin embargo, en varios puntos de Guayaquil no cumplieron los horarios anunciados previamente y se desconoce si estos serán modificados a diario.

La medida podría extenderse hasta diciembre, mientras el país compra energía.

Para el exmandatario y asambleísta nacional electo por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), Lucio Gutiérrez, la crisis energética es un reflejo de la falta de fiscalización por parte de la anterior Asamblea Nacional a la gestión del ministro Santos, quien nueve meses atrás recalcaba que no existía riesgo de apagones en el país si bien había ya una sequía.

“Si los asambleístas en lugar de estar pidiendo la famosa ‘troncha’, es decir, cargos públicos en el país y el exterior, para hacerse de la vista gorda de los errores del Gobierno cumplirían su función de fiscalizar, la situación sería completamente diferente. Si hubieran fiscalizado, le hubieran obligado al ministro de Energía y Minas a tomar correctivos, porque ya hubo las anticipaciones desde el año pasado, en enero de este año, de la posibilidad de un fuerte estiaje y el Gobierno hizo caso omiso”, apuntó indignado Gutiérrez, toda vez que se comprometió a fiscalizar desde la Asamblea.

Passailaigue coincidió con Cuero y Gutiérrez al señalar que el de Lasso es un gobierno que no ha prevenido crisis; por lo tanto, su postura en la nueva Asamblea Nacional será la de atender de manera inmediata el tema de la crisis eléctrica en la primera sesión, de la mano de las demandas más grandes que tiene el país.

“Suspender la energía eléctrica aniquila el progreso y el bienestar, porque las actividades productivas se ven obligadas a parar por tres o cuatro horas al día. Además de la interrupción de la educación a quienes lo hacen de manera telemática o de la atención en salud en hogares en los que algún familiar necesita de un aparato de asistencia respiratoria o de otra clase”, lamentó Passailaigue.

La legisladora socialcristiana resaltó que desde la bancada se encuentran recabando información sobre las comunicaciones emitidas por el Ministerio de Energía y el presidente de la República, para desde esa base tomar decisiones sobre las posibles sanciones civiles, penales, administrativas y políticas a los responsables.

Preguntada por la posibilidad de llevar a juicio a Santos, mencionó: “Nosotros tomaremos las medidas contra los responsables a todo nivel -y especialmente al ministro de Energía- que el pleno de la Asamblea Nacional decida por mayoría”.

Precisamente, fue el PSC el primer movimiento político en pronunciarse respecto de una sanción a los involucrados con la crisis energética. “Exigimos a la Contraloría General del Estado actúe de forma inmediata, para que, a través de una auditoría de gestión, sancione a los responsables de los apagones, civil y administrativamente, y traslade a la Fiscalía las responsabilidades penales que se deriven de esta auditoría”, dice parte del mensaje de su presidente nacional, Alfredo Serrano.

En tanto, el bloque de la RC planteó al Gobierno emitir un decreto declarando en emergencia eléctrica que permita el desembolso de recursos financieros para enfrentar el problema, y otras propuestas como dotar de $ 35 millones para concluir la construcción de la Central Toachi Pilatón, localizada en la cuenca del Pacífico.

Santos, quien no ha hablado de renuncia al cargo al término del primer día de los racionamientos, reconoció el pasado jueves 26 en el espacio Notimundo, que el Gobierno nacional no tuvo la capacidad para detectar la intensidad de la crisis eléctrica y la comparó con la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19 que golpeó a la nación en el 2020.

Según Santos, la administración de Lasso afrontó “el cambio de una época de un Estado que era un monopolio en el sector eléctrico e hizo crisis”.

En ese sentido, Cuero reprochó que el propio ministro Santos antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales planteó la posibilidad de los racionamientos, con cual señala que en el Ministerio de Energía tenían conocimiento de que se habían consumido las reservas de energía de algunas represas.

“Estas cosas son previsibles, dicho por ellos mismos. ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer?, ¿por qué no declararon por último en emergencia al sector con el ánimo de importar lo más rápido posible estos equipos que eran necesarios para dar el mantenimiento adecuado al parque termoeléctrico (...)? En sus manos estaba la capacidad de prever y actuar para este tipo de cosas”, dijo el militante correísta.

El expresidente Gutiérrez planteó que para empezar su mandato Daniel Noboa existe la necesidad de que los asambleístas cumplan con su función de legislar y de fiscalizar. Propone, en primer lugar, aprobar leyes urgentes para enfrentar la delincuencia, la corrupción y también para generar empleo; y, en paralelo, fiscalizar al gobierno de Lasso y a sus ministros “por la irresponsabilidad con la que han actuado prácticamente en todos los ministerios”. (I)