Alrededor de las 20:30 del martes 15 de febrero, un contingente de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General del Estado ingresaron al edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con una orden de allanamiento suscrita por el juez Walter Macías Fernández.
La incursión policial fue transmitida en vivo desde el interior del inmueble por la cuenta de Facebook de la consejera Sofía Almeida, quien asegura ser la presidenta del organismo, en disputa con el consejero Hernán Ulloa, proclamado titular del Consejo por la mayoría de vocales. Entre los agentes se encontraban miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
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Mientras se desarrollaba el allanamiento, Almeida se paró al lado de los policías y manifestó que ingresaron al área de informática y que entraron funcionarios que apoyan a Ulloa “en este trámite de apoderarse del CPCCS”. “No (me) han dejado ingresar a mí, como presidenta del CPCCS, ni siquiera respetando el cargo de consejera, para poder observar qué está pasando dentro del área informática del CPCCS y poder verificar que todo esté en orden y que no haya algo que esté en contra de esta administración”, expresó. Esto lo dijo en un video que se publicó en su cuenta de Facebook, pero que fue eliminado al cabo de pocos minutos.
En otro video, que no fue borrado, la consejera reclama que se le muestre la orden judicial. Un funcionario de la Fiscalía se acercó a ella y le indicó que tenía el documento firmado por el juez Macías.
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Almeida ha permanecido en el edificio desde el pasado 9 de febrero junto con los consejeros David Rosero y Javier Dávalos, más familiares y simpatizantes que la respaldan.
La intervención en el CPCCS se dio horas después de que Hernán Ulloa envió, el 15 de febrero, un oficio al comandante de la Policía Nacional en el cual solicitó el apoyo de un contingente de uniformados para ingresar a la entidad, ubicada en el centro de Quito.
En el texto, Ulloa señaló que las instalaciones “se encuentran inhabilitadas por personas ajenas a la institución, las cuales se encuentran bloqueando el acceso para su normal funcionamiento e ingresando a lugares sensibles de la institución donde se resguardan datos físicos y electrónicos, como Data Center, Secretaría General, Talento Humano, TICS y Financiero”.
A las 22:00, la Fiscalía informó que entró a las oficinas del Consejo para recabar evidencia, tras recibir una denuncia por el presunto delito de acceso no consentido a los sistemas informáticos de la institución.
La denuncia fue presentada por los consejeros Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Según el documento, al que tuvo acceso este Diario, en la sesión extraordinaria N°1 del 5 de enero de este año, que se transmitía en directo por el canal de YouTube del Consejo, cuando los siete vocales votaban por el cambio de un reglamento, Sofía Almeida suspendió la jornada aduciendo que la reunión no se estaba pasando por internet; sin embargo, el consejero Bravo desmintió aquello.
Los denunciantes sostienen que han sido frecuentes las ocasiones en que las sesiones se suspendieron por supuestos inconvenientes tecnológicos o de comunicaciones con el fin de “no escuchar a los Consejeros de minoría”. Una de esos momentos habría ocurrido el 2 de julio de 2021, la reunión extraordinaria del Pleno del CPCCS fue interrumpida cuando se iba a tratar la aprobación del proyecto de reglamento para la selección de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado.
Almeida se refirió sobre estos señalamientos, una vez que terminó el operativo policial en el edificio, alrededor de las 23:30. “Es una tontería, se están inventando supuestos delitos solamente para desprestigiarme, para de alguna manera atacarme, estos cuatro golpistas que quieren apoderarse del CPCCS. Es una cosa, para mi, infundada, simplemente porque no les permito designar a dedo”, replicó la consejera desde las instalaciones del Consejo. (I)